Lo que de verdad esconde el 'pin censor' de Vox: "una artimaña" contra "los derechos del menor" y "la libertad de cátedra"

Los grupos ultra –desde Vox hasta Hazte Oír– lo han bautizado como "pin parental". Se trata de un formulario que permite a padres y madres censurar parte del contenido que reciben sus hijos en las aulas. "Una herramienta que atenta contra los derechos del menor", una "artimaña", una "solicitud de exclusión", un instrumento para "dar la opción a las familias de censurar el contenido educativo que reciben sus hijos" o una suerte de "objeción de conciencia", resignifican expertos, sindicatos y organizaciones educativas lo que de verdad esconde el pin censorpin censor. No todos los contenidos están en el punto de mira: los que suscitan polémica entre las filas de la extrema derecha tienen que ver con la educación sexual, la igualdad de género, la diversidad o la lucha contra la violencia machista. Aquellos valores constitucionales, en definitiva, que contravienen los de la ultraderecha.

Comunidades afectadas

La herramienta confeccionada por las asociaciones y partidos ultraconservadores ha saltado a primera línea porque Vox, Ciudadanos y el PP han acordado introducirla en la negociación de los Presupuestos para el próximo año en Murcia. El texto garantiza "a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias". En realidad, el pin censor estaba ya presente en la Región a través del acuerdo de investidura rubricado en junio. En agosto, la Consejería de Educación ya había emitido una orden a todos los centros escolares, requiriendo este consentimiento para los contenidos complementarios, que con el inicio de curso en septiembre echó a andar.

Además, el veto parental también fue una de las condiciones trazadas en el documento firmado en octubre con el partido de extrema derecha en Andalucía para blindar los Presupuestos. Y es también mediante un acuerdo presupuestario cómo los de Santiago Abascal lo quieren amarrar en la Comunidad de Madrid. Aunque Vox lo ha intentado en Murcia, de momento esta herramienta no ha adquirido rango de ley en ninguna comunidad.

Respuesta del Gobierno

Pero la pretensión ha sido suficiente para activar las alertas del Gobierno. Este jueves, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció su intención de acudir a la vía judicial: "Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares", dijo la ministra, Isabel Celaá. "El pin parental, o pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad, no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta no aplicable al terreno de la educación, como la sentencia del Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de decir en 1987".

El pin censor vulnera por tanto "el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados y además vulnera también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar las decisiones curriculares", agregó la ministra, quien remató recordando que "vulnera también otros tratados europeos firmados por España", como la Convención de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de Derechos Humanos.

"En consecuencia, no lo vamos a tolerar", zanjó, en un mensaje que reiteró este viernes tras el Consejo de Ministros. En rueda de prensa comunicó que, alertados por la intención de elevarlo a decreto ley, ya se ha realizado un "requerimiento al Gobierno de Murcia para reclamar que la legalidad se restablezca y por lo tanto excluyan el pin parental de las instrucciones para el comienzo de curso". De no hacerlo, Isabel Celaá reiteró que el Gobierno acudiría a los tribunales.

Contenidos complementarios

Los contenidos que quiere censurar Vox están incorporados en programaciones aprobadas por la Administración educativa, que se encarga de su supervisión, revisión y corrección dado el caso. Tal y como explican los portavoces de Educación de CCOO y UGT a infoLibre, estas actividades complementarias son curriculares y por tanto, con la ley en la mano, obligatorias y evaluables. Tampoco son un secreto, aunque a los padres no se les pide consentimiento para cursarlas y los colegios no tienen que informarles de manera obligatoria.

Los centros cuentan con un proyecto educativo y con programación anual. Esta última, además de actualizarse cada año, especifica los contenidos curriculares a impartir en las asignaturas y en las actividades complementarias, explican desde los sindicatos. "Los padres pueden tener fácilmente acceso a ese contenido", que se materializa además "en documentos públicos y con copia a la inspección educativa". Estas actividades, asimismo, se llevan al consejo escolar de cada centro, donde están las confederaciones de las familias representadas. Por lo general, coinciden los sindicatos, ningún centro pone trabas a la hora de informar sobre cualquier detalle bajo petición.

El precedente de Hazte Oír

La polémica no es nueva. En noviembre del pasado año, la Plataforma por la Escuela Pública –que congrega a sindicatos y organizaciones de la comunidad educativa– ya advertía de la deriva que estaban imponiendo las entidades ultras en los colegios. En las comunidades donde Vox tiene influencia, como Andalucía y Murcia, la propuesta tiende a avanzar, siempre con la connivencia de partidos como PP y Ciudadanos, señaló la plataforma hace meses. En La Rioja, la asociación Abogados Cristianos ya se querelló contra un colegio por negarse presuntamente a recoger el veto parental e incluso amenazó con emprender medidas legales contra el consejero de Educación.

Y si retrocedemos más, veremos que la batalla comenzó a librarse hace tiempo. En septiembre, CCOO presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia con el fin de evitar una situación de enfrentamiento en las aulas propiciada por Hazte Oír, a través de una campaña contra el "adoctrinamiento de género" que incluía la remisión de una misiva, un folleto y el pin censor. Comisiones argumentaba, en su escrito, que la campaña "incita a cometer una ilegalidad" en cuanto se trata de actos contra la educación en valores. "La ley educativa que está en vigor establece en su preámbulo con claridad el fomento de una educación en valores que respete la diversidad y plantee la igualdad como objetivo educativo". Actualmente existen trece comunidades con leyes LGTBI que cuentan con "un reconocimiento claro y expreso de esta cuestión".

Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO, explica a infoLibre que, a día de hoy, la Comisión Europea no ha perfilado ninguna respuesta, mientras que la Fiscalía ha emitido un escrito que está siendo estudiado por el sindicato. Lo que García tiene claro es que Vox pretende imponer "una especie de objeción de conciencia" que, sin embargo, queda sin efectos porque "uno no puede argumentar el derecho a objetar cuestiones que tienen que ver con los valores de un sistema democrático y un Estado de Derecho".

Derechos del alumnado y libertad de cátedra

Leticia Cardenal preside la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y se muestra tajante. "Desde luego estamos en contra de una medida que atenta contra los derechos del alumnado porque se le prohíbe recibir formación muy necesaria", comenta al otro lado del teléfono. Para Cardenal, la medida es igualmente lesiva desde la óptica de los padres, los alumnos y el personal docente. Se pretende "milimetrar todo lo que quieren dar en el aula", cuando la tarea principal del profesorado es "ofrecer formación que en los hogares puede ser más escasa".

Cardenal tampoco comulga con el mantra de la libertad de elección por parte de los padres. "Una cosa es que tú puedas elegir llevarle a un colegio religioso y otra cosa es elegir que no se hable de cuestiones que forman parte de la realidad", asiente. Quienes se oponen a este tipo de formación, añade, "creen que si no se nombra la diversidad sexual o la igualdad de género estas realidades se van a esconder. Nos parece lamentable y atenta contra la libertad de los alumnos", zanja.

"Esto no deja de ser un ataque contra la libertad de cátedra, contra la autonomía pedagógica y organizativa de los centros y desde luego demuestra una desconfianza absoluta en los docentes". Habla Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, y sus palabras las suscribe la abogada y activista por los derechos humanos Violeta Assiego. Alude al artículo 20 de la Constitución, donde se contempla expresamente el reconocimiento y la protección a la libertad de cátedra. La abogada sostiene que Vox "hace una interpretación inadecuada de lo que son los derechos y las libertades, a conveniencia y conforme a sus creencias religiosas".

Al final, recuerda Assiego, los niños tienen "derecho a aprender contenidos que sus padres no comparten" y recuerda lo lejos que queda esto del supuesto adoctrinamiento al que apelan. "Adoctrinar es lo que hacía el sistema educativo en el franquismo: si una persona no pasaba por determinados contenidos, sufría represalias que iban contra su integridad".

El pin censor, continúa Assiego, puede consolidarse como un precedente para el señalamiento sistemático de determinadas materias "que ellos consideran perjudiciales porque van contra sus valores". Aprendizajes que, además de ser señalados y puestos en duda, "no perjudican el interés superior del menor, sino que lo garantizan". Son "los derechos de la infancia los que están en juego" y con ellos "volver a un sistema que concibe a los hijos y su educación como sujetos pasivos", advierte Assiego.

Casado defiende el 'pin censor' y critica al Gobierno: "Dicen lo mismo que en Cuba, que los niños son de la Revolución"

Ver más

También Loranca recuerda que recibir este tipo de enseñanzas no es sino "un derecho de los niños a la educación integral, un derecho sustantivo del alumno". Además, subraya la sindicalista, las actividades que denuncian los ultras proceden de una serie de "consensos sobre las líneas transversales que deben estructurar el sistema educativo, consensos que han venido funcionando en este país desde hace mucho tiempo". Esencialmente, reflexiona, tratan de "imponer una ideología, la suya, escudándose en cuestiones como la libertad".

Sobre esos consensos habla también Ana López Navajas, profesora, investigadora y experta en coeducación. "Las leyes que tenemos nos las hemos dado a nosotros y las debemos cumplir", explica en conversación con este diario. "En ellas está reflejada la necesidad de dar esa formación" y, si alguien escoge lo contrario, lo que está haciendo es "evitar la educación en el respeto a la diversidad y la convivencia". Excluir a niños de clases "que tengan que ver con el desarrollo personal implica no sólo el incumplimiento de la ley", argumenta López Navajas, "sino un quiebra de la educación en la tolerancia".

Coincide Francisco García, quien entiende que "más allá de lo que uno crea", hay cuestiones "comúnmente aceptadas por la sociedad". Y si alguien "no acepta la lógica de un sistema democrático que promueve la igualdad, está fuera de juego".