El escudo social ya no funciona: los desahucios crecen por la subida de los precios y la especulación

"¡Alerta desahucio!". El aviso lo lanza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander. A través de un mensaje en redes sociales, la entidad detalla dónde y cuándo se va a producir el lanzamiento. La misma alerta encabeza otro mensaje publicado también en redes sociales por el Sindicato de Vivienda de Valladolid y vuelve a replicarse en la cuenta del Sindicat d'Habitatge de Nou Barris. Las organizaciones de base tratan de formar una red que sirva de parapeto ante una realidad imparable: el número de desahucios ha vuelto a aumentar tras años de caídas consecutivas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado este viernes las cifras correspondientes a los lanzamientos ejecutados a lo largo del año pasado. Fueron un total de 27.564. Los números muestran un aumento del 3,4% respecto al año anterior, rompiendo con la tendencia descendente que habían dejado los últimos ejercicios. 

La inmensa mayoría de los desahucios, el 74,6%, afectaron a inmuebles en régimen de alquiler, mientras que el 18,4% se derivaron de ejecuciones hipotecarias. En ese punto se presenta la principal brecha: los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento interanual del 4,5%, mientras que los que tienen que ver con ejecuciones hipotecarias sí consolidaron una dirección descendente, con una caída del 3,6%.

La crisis de la vivienda se vuelve a cebar con los arrendatarios, quienes transitan una situación atravesada por la inestabilidad, la especulación y el aumento constante de los precios. Prácticamente al mismo tiempo que se publicaban los datos oficiales, la policía llevaba a término este viernes el lanzamiento de una vecina que habitaba el Casco Histórico de Sevilla. La inquilina fue expulsada a pesar del parapeto que unas ochenta personas trataron de levantar para contener el desahucio. Aunque la afectada no había dejado de pagar su alquiler, la propiedad del piso –la empresa Dúo tapas– ha admitido que su intención es la de "invertir y alquilar" y que no podría reformar la vivienda mientras "esta persona siga ahí metida".

Precios al alza

Es ahí, precisamente, donde las voces expertas ponen la lupa: en la especulación y el aumento de precios como principal binomio que explica el incremento de los desahucios. Así lo señala Laura Barrio, socióloga y portavoz de la PAH. "La precariedad laboral convive con una oleada de subida de los precios que son inasumibles para las familias", responde a preguntas de este diario. "La especulación –agrega– va mucho más deprisa que el incremento de los salarios, con lo cual el impago alcanza a más familias: cada vez tenemos que vivir con menos porque la vivienda se lleva nuestro sueldo", una situación que a la larga se hace insostenible para muchos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado el pasado 7 de marzo, el precio de la vivienda se encareció de media un 8,4% en 2024, la tasa más alta desde que existen registros. La serie estadística echó a andar en el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria. El precio de la vivienda de segunda mano subió un 8% de media el año pasado, batiendo un récord histórico. También alcanzó máximos la vivienda nueva, con una subida del 10,9%. La vivienda es, cada vez más, un bien de lujo.

Apunta igualmente al aumento de precios Irene Escorihuela, directora del Observatori de Drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA), quien añade otro factor: el alquiler de temporada . Precisamente este viernes la Generalitat de Cataluña ha hecho públicos algunos datos coincidiendo con el primer aniversario de la Ley de vivienda en la comunidad, tras la regulación del precio del alquiler en 140 municipios. Si bien se ha constatado una reducción en el precio del alquiler en los municipios declarados tensos entre abril y diciembre del año pasado, los datos también muestran el aumento de la figura del alquiler de temporada, a la que los caseros tienden a recurrir para esquivar la regulación. Este tipo de vivienda se ha disparado un 45%.

Especulación y bloques desahuciados

Para Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya, el dato clave está en que la tendencia, a lo largo de la última década, coloca en primera posición a los desahucios vinculados al mercado del alquiler. "Hace diez años, un porcentaje importante de los desahucios eran resultado de familias ahogadas por hipotecas impagables", describe el activista e investigador. Esta dinámica se ha ido invirtiendo con el paso de los años "a medida que el problema de la especulación inmobiliaria fue trasladándose al mercado del alquiler, como resultado de un proceso histórico con una intervención política que pone las bases para que la inversión que busca rentabilidades altas se oriente cada vez más al negocio del alquiler".

Y los fenómenos se retroalimentan: "El negocio del alquiler consiste en ir aumentando las rentabilidades y dar a los accionistas unas rentas cada vez más altas", continúa el activista catalán, y eso pasa "necesariamente por aumentar los precios hasta el punto de hacer que el alquiler sea impagable y termine en un número importante de desahucios".

Barrio introduce, en este punto, la que considera una pregunta clave: quién desahucia, cómo y con qué herramientas. Y ahí entra en juego, a su juicio, la "concentración de más viviendas en cada vez menos manos", la adquisición de bloques enteros por parte de "fondos especulativos", lo que conduce a "acciones de desahucios masivas". Ya no se trata sólo de desahucios contra un particular, sino que cada vez es más habitual ver a bloques enteros movilizados ante la amenaza de desalojo.

Alejandra Jacinto, abogada especializada en vivienda en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), habla de una "aceleración del proceso especulativo" que atraviesa actualmente a la vivienda. Se produce un "incremento de la compra de vivienda por parte de especuladores no residentes, muchas veces a 'tocateja', con un aumento de las rescisiones de contrato". Según Fotocasa, el 35% de los españoles adquiere una vivienda sin necesidad de hipotecarse, una tasa que no ha dejado de crecer en los últimos años. Entre quienes no tienen liquidez suficiente para comprar una vivienda al contado y quienes sí pueden hacerlo, hay una diferencia clave: el 89% de los primeros adquieren la casa para vivir en ella, un porcentaje que en el caso de los segundos cae hasta el 64%.

El escudo social ya no funciona

En este punto entra en juego una pregunta clave: ¿qué papel juega el escudo social? El decreto antidesahucios que se ha ido prorrogando desde la pandemia está, a juicio de los expertos, dejando de funcionar. "Está disminuyendo la aplicación del real decreto de suspensión de los desahucios, los jueces cada vez son más restrictivos a la hora de aplicarlo", observa Alejandra Jacinto. Los sindicatos y plataformas llevan tiempo denunciándolo.

Además, expone la abogada, el real decreto "ha seguido durante gran parte del tiempo vinculado a la pérdida de ingresos relacionada con el covid", como condición para acogerse al estatus de vulnerabilidad y eso ha hecho que "su aplicación sea restrictiva". Los jueces, en ese sentido, "han ido teniendo margen de maniobra a la hora de entender si hay o no una situación de vulnerabilidad".

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Y ese margen de maniobra se ha visto condicionado por un hecho: "La opinión pública se ha ido instalando en un marco favorable a criminalizar a los inquilinos que no pueden pagar la renta", opina la abogada, con la proliferación del término inqui-okupa en tertulias y en discursos políticos, pero también a partir de la falsa premisa de que "los desahucios se paran a la mínima y que todo el mundo es vulnerable". Esto permea también en los juzgados, "donde algunos jueces son cada vez más conservadores y menos garantistas a la hora de suspender desahucios".

Los desahucios silenciosos

Pero si algo destacan las voces consultadas, es que las cifras oficiales son sólo la punta del iceberg. La estadística muestra "los desahucios que finalmente se han ejecutado", subraya Laura Barrio, quien apunta a todos aquellos que "están en trámite o los que están suspendidos: todo eso son personas que están sufriendo la amenaza en sus propias carnes". Y no se trata solamente de aquellos que están en punto muerto, sino también de los que no figuran en ningún registro oficial. 

"Los que obedecen a coacciones, a negociaciones extrajudiciales o las víctimas de los desokupas", narra la activista y socióloga, para referirse también a "todas las familias forzadas a abandonar sus hogares cada cinco años cuando les suben las rentas" o aquellas que están sujetas a "contratos verbales y otras relaciones irregulares, no jurídicas, que producen una inseguridad en la tenencia". Son, a su entender, "desahucios forzosos que ejecuta directamente el mercado sin tener que pasar por el sistema judicial" porque son "consentidos y legales", pero no dejan de ser "una tortura para las familias".