El trabajo de Juani García, de 36 años, es extraño. Porque tiene trabajo, al menos formalmente, pero en la práctica no puede trabajar. Y además no cobra: la Junta de Andalucía le adeuda 33 nóminas. "Aquí nos hemos encontrado de todo. Los cinco [trabajadores] que quedamos hemos llegado a venir sin saber qué nos íbamos a encontrar, porque esto está totalmente abandonado. Una vez había un okupa dentro. Cosas increíbles, surrealistas. Imagina, de ocho a tres mirándonos las caras. Y dejando a mis hijos en el aula matinal del colegio", explica.
García, que sobrelleva la situación "con pastillas y tratamiento", es auxiliar administrativa en la escuela de formación CioMijas, un complejo hotelero y de restauración de 30.000 metros cuadrados en Mijas (Málaga). La situación de abandono es tal que los liquidadores de este consorcio han eximido a los cinco empleados incluso de acudir a su puesto de trabajo. Por seguridad. La pasada semana se produjo la enésima intrusión. Los asaltantes abrieron los extintores y rompieron las ventanas por la noche. Además no tiene sentido ir a trabajar si no hay trabajo. La que fuera prestigiosa escuela de hostelería de CioMijas lleva tres años sin impartir un solo curso. Y no es un caso aislado. La situación de este centro constituye el ejemplo extremo de la calamitosa peripecia atravesada por la red de consorcios de formación para el empleo de la Junta de Andalucía.
El caso de CioMijas es producto de una historia larga y compleja que arranca a principios de los años 90. Antes de la crisis: tiempo de ambiciosos proyectos y promesas de sacar a Andalucía –al fin– del furgón de cola del empleo. La Junta constituyó, en colaboración con los ayuntamientos, una red de 14 "consorcios escuela", con el objetivo de proporcionar formación "de excelencia" e inserción laboral. La idea fue ligar la formación de cada consorcio a áreas específicas, a ser posible vinculadas a sectores tradicionales de las zonas donde se instalaban: Consorcio Escuela del Mármol de Fines (Almería), de la Joyería en Córdoba, de la Madera en Encinas Reales (Córdoba), de la Artesanía en Granada y de la Hostelería en Málaga y Cádiz, entre otras localidades.
Durante más de dos décadas los consorcios escuela funcionaron con aparente normalidad. Pero sólo aparente. En 2013, el informe Fiscalización de las subvenciones concedidas a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía 2008-2009 puso de relieve falta de control interno y facturas no justificadas debidamente. La investigación policial y judicial abierta para investigar la formación puso el foco –entre otros muchos aspectos– en los consorcios de formación, si bien hasta la fecha no se han observado responsabilidades penales. En cuanto a la comisión de investigación parlamentaria, terminó sin resultados, pero también hizo aflorar serias deficiencias en el control de los procedimientos internos.
En plena crisis económica, con un paro galopante, estas escuelas de formación debían haber tenido más vigencia que nunca. Pero precisamente en el último lustro se han venido abajo, si bien la Junta destaca su progresiva normalización. Una causa relevante de la crisis de este modelo es la legislación estatal aprobada sobre "racionalización" de la administración local (2013) y del sector público (2014), que deja a los consorcios sin margen para su financiación. Ante esta situación, la Junta de Andalucía paralizó los cursos en 2014, señala un portavoz de la Consejería de Empleo, actualmente competente en la materia –antes lo era Educación–. "En otras comunidades lo que ocurrió fue que los consorcios cerraron y la gente fue a la calle, porque si no se los podía seguir dotando de fondos no se podían mantener abiertos. Aquí se entendió que se había hecho un esfuerzo, que eran escuelas potentes, de calidad, y se decidió mantenerlas abiertas", añade. A falta de saber qué papel acaban desempeñando estas escuelas en la formación en Andalucía, el coste de la decisión hasta la fecha ha sido alto.
La idea era proceder a una rápida integración de los consorcios en la Junta de Andalucía, que supusiera sólo un cambio del estatus jurídico de las escuelas, pero les permitiera recuperar rápidamente la normalidad de su funcionamiento. Pero no ha sido así. Se han cruzado diversos motivos. Para empezar, la propia paralización de los cursos de formación por parte del Gobierno andaluz, ante la sucesión de escándalos que afectaron al reparto de fondos. La obligación de la Junta de asumir los activos y los pasivos de los consorcios complicó además el proceso administrativo, que se realizaba en paralelo a una investigación policial y judicial de amplia repercusión política. El propio centro CioMijas fue registrado en marzo de 2015 por la policía durante toda una mañana por orden de la juez Mercedes Alaya. Para entonces la situación era precaria: trabajadores de numerosos centros de la red sufrían impagos y la Junta se esforzaba en repetir una y otra vez que la solución estaba próxima.
En septiembre de 2015 la Junta aprobó el ansiado decreto que integraba en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la red de consorcios, que pasaba de 14 a 10. Tres se quedaban por el camino y CioMijas a la espera, pendiente de una integración posterior por una situación económica y legal más complicada que el resto. Ahí empezaba un proceso que debía ser rápido, pero que no lo ha sido. Los pagos atrasados tardaron meses en llegar, provocando movilizaciones de los trabajadores afectados. Mientras llega la solución a CioMijas, Empleo afirma que actualmente la situación ya es de normalidad en el funcionamiento de nueve de los once centros. De los diez integrados en el SAE, sólo en en la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva) no hay todavía programación por encontrarse en obras, explica dicha consejería. Según la Junta, se han integrado 167 trabajadores y faltan sólo los cinco de CioMijas, que es caso aparte.
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Si en CioMijas aún no han vuelto los cursos porque su proceso de integración en el SAE está empantanado, y en Islantilla tampoco porque está en obras, el caso de Gelves (Sevilla) es distinto. Aunque a nivel jurídico la situación está resuelta, allí la Escuela de Artesanía lleva sin impartir formación desde julio de 2014, pese a su integración en el SAE y las adecuadas condiciones de sus instalaciones. Hay formadores en cerámica y madera que no pueden formar a nadie, a lo que se añade una estructura directiva, gerencial y administrativa. El centro de Gelves, al igual que otros muchos centros, gozó en su día de prestigio y reconocimiento. Los medios locales entrevistaban a los alumnos, que daban pública muestra de satisfacción. Hoy la noticia en Gelves, integrado en el SAE desde 2015 pero cuya formación está tardando en arrancar, es que ha habido por fin una nueva convocatoria. El curso es de reproducción de moldes y piezas cerámicas artesanales. Está previsto que empiece el 21 de junio y concluya el 18 de octubre. Hay 15 plazas, menos que trabajadores tiene la escuela, 18, según una tabla del propio centro. El SAE acaba de licitar además el servicio de vigilancia y seguridad por un importe de casi 140.000 euros. El centro de Gelves está sometido a "riesgos" de "intrusión", según el pliego publicado. El coste es continuo mientras la formación lleva tres años parada.
La situación de Gelves no es comparable a la de CioMijas. Los trabajadores en Gelves han cobrado sus nóminas atrasadas. Y hay una perspectiva de regreso a la formación. Los de CioMijas tienen pendiente el cobro de 33 mensualidades. El hecho de que el centro fuera anteriormente gestionado por una UTE complica su integración en el SAE, que es vista por los cinco trabajadores como una tabla de salvación que no llegan a alcanzar. El centro sigue en un limbo administrativo, aunque la Junta prevé una solución inminente. Manuel Gallego, administrativo, desconfía. "Nos han dicho muchas veces que lo iban a solucionar, pero nada", lamenta. "Con 57 años, y después de esta espera, sólo confío en que finalmente haya una solución, porque, si no, ¿qué hago ahora?", explica. Trabaja en CioMijas desde 2003. Ha estado a las duras y a las maduras. En esta última fase ha acudido a su puesto de trabajo –"un edificio vacío, sin seguridad, con los extintores caducados"– hasta que los liquidadores le han dado permiso para no ir. "No está valorado todo lo que se han podido ir llevando estos años [en los asaltos]", afirma. Los trabajadores han denunciado incluso pérdida de ordenadores.
El proceso de liquidación de CioMijas no ha terminado. El SAE pretende asumir los activos y pasivos del antiguo consorcio cuando todos los papeles estén claros, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Comercio. El procedimiento tiene en vilo a tres auxiliares administrativos, un administrativo y un responsable de mantenimiento. Ningún profesor. La formación aún está por regresar al centro de formación.
El trabajo de Juani García, de 36 años, es extraño. Porque tiene trabajo, al menos formalmente, pero en la práctica no puede trabajar. Y además no cobra: la Junta de Andalucía le adeuda 33 nóminas. "Aquí nos hemos encontrado de todo. Los cinco [trabajadores] que quedamos hemos llegado a venir sin saber qué nos íbamos a encontrar, porque esto está totalmente abandonado. Una vez había un okupa dentro. Cosas increíbles, surrealistas. Imagina, de ocho a tres mirándonos las caras. Y dejando a mis hijos en el aula matinal del colegio", explica.