La comisión de investigación sobre los cursos de formación en Andalucía se cierra sin responsables

La comisión de investigación sobre los cursos de formación en Andalucía, al igual que ocurrió con la comisión que se celebró por el caso de los ERE, ha terminado en fiasco. El pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles el dictamen sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación sin señalar a ningún responsable político, pese a que éste era uno de propósitos con los que se aprobó su creación.

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, incluidos inicialmente como responsables, quedan eximidos. La sesión acabó con un enrevesado rifirrafe político. Todos los partidos se culpan entre sí de haber provocado el fracaso de la comisión de investigación, una fórmula que sigue sin ofrecer resultados a la hora de esclarecer hechos supuestamente fraudulentos o irregularidades. La cantidad de tiempo y de atención consumida durante más de un año y medio es difícil de calcular.

Los puntos que señalaban las responsabilidades políticas tanto de los expresidentes de la Junta como de sus subordinados han sido votados aparte a petición del PSOE. Los socialistas han votado en contra de toda responsabilidad política, mientras que PP y Ciudadanos las han exigido. Podemos ha declinado participar en la votación, e IU no ha entendido "el sentido del voto" y no ha votado, pidiendo posteriormente repetir la votación, a lo que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán (PSOE), se ha negado. Podemos no votó por considerar la votación "un paripé", según explicaron desde la formación morada. "No queremos seguir el juego a la chapuza" y la "tomadura de pelo" de PSOE y Ciudadanos, dijo el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe.

IU, aclaran desde el grupo parlamentario, quería votar a favor de señalar a Chaves y Griñán como responsables, pero hubo un malentendido. "El presidente del Parlamento ha planteado la votación diferente a como se hizo en la comisión. Tres de los cinco diputados de IU no han podido votar al no tener claro lo que se estaba votando. Hemos intentado que el presidente repitiese la votación, pero se ha negado", señalan.

El resto del dictamen ha salido adelante con los votos de PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP e IU. Podemos ha decidido no ejercer su derecho al voto. De este modo, al aprobarse el dictamen, no se han sometido a votación los votos particulares que han mantenido los grupos y en los que se pedía la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La comisión de investigación, tras más de un año y medio de trabajo, se salda sin ningún responsable político, a pesar de que en el dictamen aprobado previamente por la comisión, se recogía que Chaves y Griñán "han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, y como tales son responsables".

Ningún responsable

Junto a Chaves y Griñán también figuraban como responsables políticos todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la viceconsejería competente en materia de formación profesional para el empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012.

También ha sido rechazado considerar responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); a las personas titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en formación para el empleo; y a las personas titulares de las delegaciones provinciales del SAE. Se incluían además como responsables en iguales términos a las personas titulares de las secretarías generales con competencias en formación para el empleo y a las personas titulares de las direcciones generales con competencias en formación para el empleo.

Una crítica apoyada por el PSOE

La única crítica a la gestión de la formación que el PSOE ha apoyado, junto a C's, y por tanto ha salido adelante, es la referida a las dificultades organizativas y al retraso en la comprobación y justificación de los expedientes de subvenciones. Se ha rechazado lo relativo al no seguimiento y evaluación de las acciones formativas; la falta de control exhaustivo de las ayudas en todas sus fases; la ausencia de criterios uniformes en todas las provincias para la concesión, la justificación y revisión de las subvenciones; la falta de comprobación exhaustiva, en la fiscalización, de la elegibilidad de los gastos; y la no comprobación, en algunos casos, de forma sistemática, en la fiscalización de la elegibilidad de los gastos.

Junto a ello, se ha rechazado también que la Junta no haya llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político institucional sobre sus subordinados, como recogía el dictamen aprobado por la comisión; y que existiera una actitud "proactiva" de la Consejería de Empleo para averiguar si los beneficiaros dedicaron el dinero recibido a la acción subvencionada.

Eliminado el "hecho" de Ángel Ojeda

Se ha eliminado también del dictamen la referencia a que es "un hecho" todo lo acontecido en el plano administrativo y judicial sobre el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, así como en torno a sus diferentes empresas ligadas a la formación profesional; y las alusiones a la "descertificación" de fondos europeos.

Sí ha salido adelante en su integridad el preámbulo y la introducción, así como la mayoría de las recomendaciones. Entre ellas, se ha aprobado exigir al Gobierno (PP) el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo, aprobada en septiembre de 2015 y que está a falta de desarrollo reglamentario, por lo que no ha podido ser aplicada; así como también la aprobación de una ley andaluza de formación profesional para el empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de Andaluíca.

También se propone la realización de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de tal manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad; y la puesta en marcha de evaluaciones finales individualizadas, que permitan evaluar el resultado del impacto de la política pública en términos de empleo.

Para defender el dictamen, el presidente del órgano parlamentario, el diputado de Ciudadanos, Julio Díaz, ha aseverado ante el pleno que su trabajo como presidente "está hecho" cuando ha relatado que su propuesta de dictamen ha llegado al pleno "tras soportar en envite de más de 700 propuestas de modificación", de las que sólo salieron adelante 17, "todas de supresión, que no aportaban nada al texto".

Tras relatar que el dictamen contenía 54 conclusiones, 49 recomendaciones más las responsabilidades políticas, Díaz ha asegurado que la comisión ha adoptado todos los acuerdos alcanzados en su seno, al tiempo que ha criticado la falta de colaboración de la Junta para facilitar la información. Ha lamentado el "periplo" para acceder a la documentación y los comparecientes que no han asistido, así como ha pedido a los grupos "coherencia" a la hora de votarlo.

La creación de la citada comisión de investigación se aprobó por unanimidad de la Cámara y a propuesta de Ciudadanos en octubre de 2015. No fue hasta enero de 2016 cuando los grupos acordaron un listado con 69 comparecientes, entre los que se encontraban Díaz, Chaves y Griñán, quienes comparecieron en mayo.

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Las comparecencias comenzaron dos meses antes, en marzo, con los interventores provinciales de la Junta y el interventor general. Los siguieron jefes de servicio, delegados provinciales de Empleo, representantes de los consorcios, de la Faffe, de las empresas y de los alumnos. Muchos se acogieron a su derecho a no declarar al estar imputados.

También han comparecido, entre otros, directores generales, secretarios generales, los ex consejeros Ángel Ojeda, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, y el testigo protegido de la juez Mercedes Alaya en la causa de la formación, Teodoro Montes.

Fue polémica la ausencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, quien decidió no acudir, basándose en un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas. Tampoco acudieron la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genero, aludiendo a que no tenía competencias sobre la materia, y el representante de la fundación Forja XXI, por enfermedad.