Este miércoles se celebró un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre la crisis energética y los altos precios de la electricidad y el gas natural. No ha habido una resolución conjunta de la cámara, como en otras ocasiones, así que no se puede hablar de una postura unitaria: pero los grupos más grandes no acompañan a España en su intento de cambiar las reglas del mercado eléctrico. Tampoco la Comisión Europea, que pese a que ve con buenos ojos el último decreto del Ejecutivo y pese a declaraciones algo ambiguas de su líder, Ursula Von der Leyen, descarta un cambio radical de los mecanismos del sistema marginalista.
El Gobierno de Sánchez no está solo: ha hecho frente conjunto con Francia, República Checa, Grecia y Rumanía. Pero no son mayoría ni en el Consejo de la Unión Europea ni en el Parlamento; y el Ejecutivo comunitario ha enfriado las expectativas de quienes esperaban un giro de 180 grados en el diseño europeo del mercado de la electricidad.
Más allá de una compra centralizada del gas para bajar los precios, una propuesta defendida por el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera y que estudia la Comisión con el apoyo de la mayoría de la Eurocámara para bajar los precios, no se espera un cambio en el diseño marginalista. Mediante el mecanismo actual, el alto coste del gas natural contagia a todo el sistema eléctrico, haciendo que la entrada cada vez mayor de energías renovables no sea suficiente para contener la escalada y generando beneficios caídos del cielo a las tecnologías que no pagan por el combustible fósil, pero sí cobran como si lo utilizaran.
Este es el quid del problema, ha repetido en innumerables ocasiones la ministra. Así opinan los expertos. Tanto especialistas como Gobierno han repetido varias veces también que España, por sí sola, no puede cambiar las reglas de juego. Por lo que había que acudir a Europa. Y Europa, por el momento, da la espalda: el Ejecutivo comunitario está más interesado en bajar los precios del gas –necesario– que en evitar que los combustibles fósiles sigan llevando la batuta del precio en plenos años de transición ecológica.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, fue muy clara en el debate de este miércoles, abierto con su intervención. "Algunos apuntan al diseño del mercado europeo de la electricidad como parte del problema. Sin embargo, cuando la demanda y el precio son altos en todo el mundo, es imposible que la UE sea inmune. La mejor respuesta al reto de los precios es avanzar más rápido hacia nuestro objetivo de un 65% de electricidad renovable para 2030". Puerta cerrada, para el enfado de Ribera, que ya había percibido frialdad por parte del Ejecutivo comunitario con respecto a sus tesis sobre la crisis energética.
El Parlamento Europeo no ha sido mucho más entusiasta con la posibilidad de cambiar las reglas del sistema marginalista. Los únicos apoyos claros han venido de La Izquierda, con la española Sira Rego al frente, y de los liberales de Renew Europe, que –sorprendentemente– han sido más críticos con el modelo actual que conservadores, socialdemócratas y verdes. "Señora Simson: creo que usted y yo sabemos por dónde puede empezar a trabajar la Comisión: cambiando la legislación europea para acabar con el mercado marginalista. Un modelo que, permítame el símil, nos cobra el kilo de azúcar a precio de kilo de caviar. Le aseguro que en mi país a las familias les cuesta mucho asumir estos precios", ha defendido en el pleno la eurodiputada de IU.
"Hace falta reformar el mercado europeo de la electricidad. No entiendo por qué (...) el precio de la electricidad tiene que depender del gas", ha asegurado el eurodiputado de Renew Christophe Grudler. Francés, casualidad o no: el Gobierno galo apoya a España en sus demandas –a pesar de que no ha sufrido, ni de lejos, las mismas consecuencias de la escalada– y apoya un sistema para que el precio no lo marque el gas sino el coste medio de producción en todos los países de la Unión Europea.
Los Verdes apuestan por un despliegue masivo de renovables. Cuantas más mejor para bajar los precios, está claro; pero no mencionaron la reforma integral del sistema. Los socialdemócratas, comandados por la eurodiputada del PSOE Iratxe García, tampoco hicieron mención expresa: la española pidió "medidas estructurales", sin concretar. Y por parte del Partido Popular Europeo, las tintas se cargaron contra Rusia y pidieron una investigación sobre si Gazprom está manipulando el mercado del gas para obtener ventaja competitiva. Los analistas consideran esta teoría una "especulación".
Los socialdemócratas y los verdes pidieron poner fin a la especulación en el mercado del CO2 para bajar el coste de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, actualmente en precios récord de 50 euros la tonelada. Es algo que también pide España. Pero hay muchas dudas con respecto a que la Comisión Europea baraje siquiera una medida así. Principalmente porque fue la propia Unión Europea la que, tras la modificación de una directiva en 2018, abrió la puerta a los fondos de inversión para poner el sistema de derechos de emisión al alza y, así, seguir la máxima de "quien contamina, paga".
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El mecanismo, traducido al funcionamiento de la electricidad, implica que los más vulnerables pagan a través de su factura. El Ejecutivo comunitario apuesta por que los ingresos extraordinarios que obtienen los Estados miembro fruto de este mercado se apliquen para rebajar el recibo, sobre todo de las familias más necesitadas: algo que ya ha hecho España, pero sin distinguir por niveles de renta, aplicando una rebaja de los cargos del 96% a todos los consumidores por igual. La Comisión descarta acabar con la especulación porque, asegura su vicepresidente, Frans Timmermans, tendría un reflejo "muy pequeño" en los precios.
"Los Estados miembros y los miembros del Parlamento han propuesto más ideas, como formas de compra conjunta de reservas de gas de emergencia, y las estamos analizando todas", aseguró Simson sobre la decisión que, por ahora, está tomando más fuerza. Por lo demás, llamó a que los reguladores de cada país vigilen el mercado (algo que ya hace la CNMC en España) y avanzó un paquete legislativo para la semana que viene que incluirá, en sus palabras: "Apoyo específico a los consumidores, pagos directos a los que están más expuestos a la pobreza energética, recortes de los impuestos sobre la energía trasladando las cargas a la fiscalidad general... son, todas ellas, medidas que pueden adoptarse muy rápidamente de acuerdo con las normas de la UE". Y la mayoría ya han sido ejecutadas por Transición Ecológica.
Ribera no se rinde. En declaraciones posteriores al debate, y en línea con lo que manifestó el presidente Sánchez por la mañana, ha pedido "medidas extraordinarias" para atajar el episodio y evitar que vuelva a ocurrir y que la transición ecológica se olvide de la justicia social. "Ante situaciones excepcionales es necesario adoptar medidas excepcionales, que nos permitan conciliar la protección de los consumidores domésticos, de los consumidores industriales y el interés legítimo de las empresas energéticas y de los inversores". Ha presentado un documento donde, además de la plataforma centralizada de compra de gas y el fin de la especulación con el carbono, se pide una reforma del mercado mayorista. Por ahora, sin éxito.
Este miércoles se celebró un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre la crisis energética y los altos precios de la electricidad y el gas natural. No ha habido una resolución conjunta de la cámara, como en otras ocasiones, así que no se puede hablar de una postura unitaria: pero los grupos más grandes no acompañan a España en su intento de cambiar las reglas del mercado eléctrico. Tampoco la Comisión Europea, que pese a que ve con buenos ojos el último decreto del Ejecutivo y pese a declaraciones algo ambiguas de su líder, Ursula Von der Leyen, descarta un cambio radical de los mecanismos del sistema marginalista.