España se instala en el beneficio empresarial disparado, la anemia salarial y el gasto social a la baja

Las ganancias de las grandes empresas continúan disparadas, mientras la anemia salarial se consolida y el gasto social, determinante para la redistribución de rentas, sigue a la baja. Si hay algo claro es que el reparto de los esfuerzos que han propiciado la recuperación del entorno macroeconómico tras los años de recesión ha sido dispar, lo que hace que la desigualdad sea una de las grandes secuelas de la crisis económica. 

Estas tendencias las apuntó recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que certificó que las rentas de las sociedades no financieras alcanzaron los 267.680 millones de euros, un 58,3% más que en 2008. Por otro lado, las ganancias de las 35 principales sociedades cotizadas alcanzaron el año pasado los 43.872 millones de euros, un 15,6% más que en el ejercicio anterior, según los datos facilitados por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Por el contrario, la remuneración de los asalariados, otro de los componentes de la contabilidad nacional, sigue sin recobrar los niveles de antes de la crisis. Ha caído un 2,8% desde 2008, lo que supone 10.214 millones de euros menos.

La euforia de resultados sí se ha trasladado inmediatamente a los dividendos. En 2017 las empresas cotizadas repartieron 27.844 millones de euros entre sus accionistas, un 2,6% más que un año antes. La rentabilidad por dividendo del parqué español lleva ya 11 años por encima del 4%, una de las mayores del mundo, según el último informe de mercado de Bolsas y Mercados Españoles (BME). En Alemania es del 2,5% y en Estados Unidos, del 1,9%.

"Las cifras sobre rentas y salarios evidencian que la gran empresa española participa de un modelo global de economía financiera más basado en remunerar a los accionistas y a los tenedores de activos que en apostar por mejorar los salarios o por reinvertir las ganancias, lo que tiene consecuencias para las pymes, que suelen ser subcontratas de las grandes empresas, y, en consecuencia, para la economía real", explica el economista Alejandro Inurrieta. 

En los últimos años se ha repetido como un mantra que la moderación salarial, que permitiría mejorar la productividad y, en consecuencia, la competitividad de las empresas, sería clave para la recuperación de la economía. Ahora que empiezan a recogerse los frutos de ese esfuerzo, lo lógico sería acceder por fin a las prometidas mejoras salariales.

Inurrieta no cree que esto vaya a producirse. Y da tres motivos: la pérdida de poder de los trabajadores propiciada por el debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos, la existencia de una gran masa laboral de baja cualificación y productividad ligada al turismo y la construcción y el hecho de que exista todavía una reserva de desempleo considerable. 

"Se habla mucho de temporalidad en el empleo, pero esa es una realidad que ya existía antes de la crisis. Los salarios han bajado porque los que se quedaron en el paro durante la crisis, cuando han regresado al mercado laboral, lo han hecho cobrando hasta un 30% menos por el mismo trabajo. Las empresas se sienten muy cómodas en la situación, campan a sus anchas y no tienen objeción legal alguna para no hacerlo", ilustra Inurrieta. 

Políticas públicas

Con los salarios mermados y perdiendo poder adquisitivo, toman más protagonismo, si cabe, las políticas públicas que contribuyen a disipar las desigualdades que genera el mercado. Pero tampoco ahí el panorama es alentador. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó en la rueda de prensa en la que se presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que el Gobierno pretende que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB a medio plazo. Teniendo en cuenta que el compromiso con Bruselas es alcanzar el déficit cero, eso supone que el gasto público acabaría en ese 38%, 4,2 puntos por debajo del porcentaje actual. 

"Va a ser muy difícil hacer políticas públicas si no se limita la creciente reducción de la política impositiva que se plantea desde el Gobierno central y desde algunas comunidades autónomas", señala Olga Cantó, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Y eso es precisamente a lo que apunta la cifra aportada por el titular de Hacienda. Cantó señala que el peso de las políticas impositivas en España ya está entre un cinco y un 8% por debajo respecto a la media de los países de la UE. 

El técnico de Hacienda José María Mollinedo, portavoz del sindicato Gestha, recuerda que el único impuesto que no ha recuperado la recaudación de antes de la crisis es precisamente el que se aplica sobre los beneficios empresariales, que ha pasado de recaudar 44.823 millones de euros en 2007 (el 22,3% del total) a 23.143 (el 11,9%). De hecho, las cifras oficiales evidencian que el erario público ha dejado de recaudar 242.369 millones de euros de forma acumulada por el impuesto sobre sociedades entre 2007 y 2017. 

"Los beneficios fiscales de las sucesivas reformas del impuesto de sociedades son aprovechados casi en su totalidad por los grupos empresariales que facturan más de 45 millones de euros. La carga real del impuesto que soportan las empresas respecto del tipo nominal del 25% está prácticamente por debajo de la mitad en las pymes, donde es del 12,2%; y supone menos de un tercio en los grupos empresariales (7,3%). Además está el problema de las grandes multinacionales como Telefónica, el BBVA o el Banco Santander, que hacen  una planificación fiscal abusiva, según la terminología de la OCDE", señala Mollinedo.  

"La política fiscal española no es nada redistributiva y favorece a las rentas altas. Supone un gran problema político, pero ni este Gobierno ni el anterior han sido proclives a instaurar unos impuestos más justos", señala, por su parte, Inurrieta, que fue presidente de la Sociedad Pública del Alquiler con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Aunque tanto Cantó como Mollinedo coinciden en que incrementar los ingresos del impuesto de sociedades sigue siendo una asignatura pendiente, ambos explican que el principal impuesto redistributivo no es el que grava los beneficios empresariales, sino el IRPF, que está soportado principalmente por las personas que declaran rentas inferiores a 30.000 euros, que son el 85% del total. "Quienes más aportan a la redistribución son las personas que ganan entre 12.000 y 30.000 euros", sostiene Mollinedo.  

"El IRPF reduce entre un once y un 12% el Índice de Gini [el indicador más utilizado para medir las desigualdades, que va de cero, que es la igualdad perfecta; a uno, la desigualdad absoluta]. De hecho, es la segunda política que más lo reduce después de las pensiones contributivas, que acaparan más de la mitad de todo ese efecto. Así que cualquier rebaja de su progresividad o del tipo efectivo, que es lo que realmente se paga respecto a lo que se gana, puede suponer un aumento de la desigualdad", señala Cantó. 

¿A qué se deben, entonces, las resistencias a incrementar la redistribución de rentas? Pau Marí-Klose, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, cree que hay varios factores. Por un lado, las consideraciones ideológicas, pues los partidos liberales y liberal conservadores "creen que el crecimiento es mayor cuando los recursos los gestionan agentes privados y ese mayor crecimiento redunda en mayor bienestar general".

Por otro, los costes electorales, en el sentido de que una mayor presión fiscal puede incomodar tanto intereses empresariales poderosos como a ciertos segmentos sociales. Y en tercer lugar, los fundamentos tecnocráticos, que pueden llevar a creer que los impuestos ralentizan la actividad económica o que medidas como las rentas mínimas universales tienen riesgos de desincentivo del trabajo. "Muchas de estas consideraciones tecnocráticas son discutibles y tienen un barniz ideológico de perfil liberal", añade este experto. 

Consecuencias 

Una política fiscal laxa no propicia la redistribución de rentas que posibilita el gasto público, lo que también tiene efectos. Marí-Kloseadvierte varios: dificultad para corregir la situación de falta de protección que sufren muchas personas que están excluidas de las prestaciones (parados sin cobertura, por ejemplo) o condenadas a prestaciones no contributivas muy bajas (subsidios de desempleo de 400 euros, rentas mínimas, pensiones no contributivas...) y mayor deterioro de los servicios públicos que sí tienen un carácter universal como la sanidad y la educación pública, lo que podría llevar a las clases medias a abandonarlos fomentando su estigmatización y legitimando futuros recortes. 

No obstante, este experto insiste en que hay distinguir entre volumen de gasto público y redistribución. "El volumen de gasto público es un determinante de la redistribución pero no el único. El otro es que las políticas sean progresivas, es decir, que trasladen recursos desde los que más tienen a los que menos. En España se aúnan las dos condiciones negativas: gastamos poco y gastamos de manera bastante regresiva. Buena parte de las políticas sociales en España no llegan a los que menos tienen", asegura.

Mientras en el entorno macroeconómico se suceden las noticias positivas, sigue evidenciándose la costosa factura que los años de recortes e incertidumbre han dejado forma de conquistas sociales perdidas o frustradas. De ahí que los expertos consultados insistan en que es indispensable tanto dotar de más recursos a los servicios sociales universales como la sanidad, la educación o la dependencia y mejorar las rentas focalizadas en grupos desfavorecidos (pensiones más bajas, rentas mínimas, transferencias por hijo a cargo...); como expandir el Estado del bienestar hacia nuevas áreas de protección social.

Cantó recuerda que España dedica mucho menos dinero a las familias con hijos a su cargo que la media de la UE, algo sustancial teniendo en cuenta que son el colectivo actualmente más vulnerable y que más ha sufrido la crisis. Marí-Klose recuerda, además, que "existe bastante evidencia que demuestra que los recursos que se invierten en infancia, particularmente la más  vulnerable, además de equitativas al beneficiar más a los colectivos más desfavorecidos, resultan rentables porque permiten capitalizar el talento natural de niños pobres, que de otra manera se hubiera echado a perder". 

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"Los niños que han podido desarrollar todo su potencial gracias a la protección pública terminan convirtiéndose en adultos productivos que realizan contribuciones a su sociedad en forma de mayores cotizaciones, que permiten sostener el gasto público, y mayor potencial para innovar y aportar creatividad en la economía", asegura. 

Respecto a las nuevas áreas de protección social, Marí-Klose alude también a propuestas como como "igualar los permisos de maternidad y paternidad y que estos sean intransferibles; ampliar la cobertura de las prestaciones de desempleo tal y como sugiere una iniciativa de los sindicatos; desarrollar un ingreso estatal para asegurar un mínimo vital en línea de la propuesta del PSOE o un complemento salarial para los trabajadores más pobres como propuso Ciudadanos". 

A su juicio, en este segundo capítulo también podrían entrar nuevas políticas de vivienda muy poco desarrolladas en España, como el desarrollo de iniciativas de alquiler social o recuperar los cheques de emancipación.