España aumenta sus plazas en residencias pero se queda corta: faltan 76.350 más para cumplir con la OMS
76.350, y subiendo. Ese es el número de plazas residenciales que España necesita crear para cumplir con el criterio recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que cada país debe tener cinco espacios libres en centros de mayores por cada persona mayor de 65 años. A esta cifra, estimada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un informe publicado este miércoles a partir de los últimos datos del Imserso —correspondientes a 2021—, se suma además la de la necesidad de, como mínimo, 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas con dependencia severa o considerados grandes dependientes.
Que España es un país que envejece es una afirmación ya de sobra conocida. Lo hace incluso más rápido que otros países de su entorno. En 1950, la edad media de los españoles era de 27,5 años y en 1980 de 30,4 años. Apenas envejecieron 2,9 años en 30 años. En la década de los 80 fue tanto como en las tres anteriores, 2,9 años para alcanzar los 33,4. En los años 90 se produjo un salto aún mayor, de 4,2 años para llegar a los 37,6. En la primera década de este siglo XXI el envejecimiento fue de 2,4 años y en la segunda década se dio otro salto, esta vez de 4,5 años. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España la población mayor de 65 años ya supone el 20% de la población, un porcentaje que se espera que aumente hasta el 30% en 2030.
Por eso, tal y como detallan los directores y gerentes de Servicios Sociales, de poco o nada sirve que el sector residencial experimentara un crecimiento en 2021. El número de plazas ese año, según revela su informe, se situaba en 397.443, 7.766 más que un año antes, cuando se situaban en 689.677. "A pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando. Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350", lamenta la organización, que añade que es urgente crear, al menos, 35.000.
"Según los últimos datos oficiales hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial", explican los directores y gerentes de servicios sociales, que advierte sin embargo que la ratio debería aumentar porque "resulta a todas luces inadecuada en la sociedad actual".
"La media de edad de las personas mayores en residencias se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas desean, cada vez más, permanecer en su casa el mayor tiempo posible", consideran.
Solo cinco comunidades alcanzan la ratio
Según el informe, solo hay cinco comunidades que sí cumplen con el criterio establecido por la OMS: Aragón (que tiene 4.499 plazas de más), Asturias (1.580 plazas), Castilla y León (17.503 plazas), Castilla-La Mancha (7.102 plazas) y Extremadura (3.872 plazas).
En el polo opuesto se encuentran Andalucía (que necesita crear 31.465 plazas residenciales para alcanzar la ratio), Comunitat Valenciana (que necesita 23.485 ) y Galicia (que necesita 14.072).
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Por otro lado, el informe señala que el 62,7% de las plazas residenciales en España son de financiación pública. Así, más de la mitad de ellas se encuentran o bien en centros totalmente públicos, o son financiadas por fondos públicos pero se encuentran en centros privados, o se financian mediante prestaciones. Este porcentaje, además, ha ido aumentando a lo largo de los años, aunque en los tres últimos, precisamente los marcados por la pandemia, se ha estancado. De este modo, actualmente hay 2,63 plazas públicas por cada 100 mayores de 65 años.
El esquema se repite en todas las comunidades excepto una: Madrid. En la región gobernada por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, las plazas privadas suponen el el 2,53% del total, mientras que las públicas son el 1,83%. Solo en la Comunitat Valenciana se da una relación parecida: en la autonomía, el 1,34% son plazas privadas y el 1,35%, públicas.
En el lado opuesto se encuentra Castilla y León (donde la relación es de 1,86% y 5,96%) y Castilla-La Mancha (1,93% frente a 4,86%).
