“Y lo peor de todo es que los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, María Fernanda”. Se lo dice un señor mayor español a la cuidadora migrante que empuja su silla de ruedas en una ya emblemática viñeta del ilustrador Javirroyo. La escena podría estarse dando ahora mismo en cualquier lugar del país, también en la España que más necesita la llegada de nuevas personas: las necesita para seguir existiendo. En uno de sus municipios, Villaquilambre (alfoz de León), la apertura de un centro de acogida para refugiados ha puesto el discurso de la urgencia demográfica frente a un espejo: en esa zona oeste tan castigada por la despoblación, se ha formado un frontal movimiento ciudadano de rechazo a la llegada de 180 refugiados de Mali y Senegal.
La tensión ha alcanzado tal punto que la Policía tuvo que desalojar esta semana un pleno municipal. La plataforma contra el centro intenta frenar su apertura por todas las vías: manifestaciones continuas, desinformación a través de canales de mensajería y también una denuncia al alegar que se le va a dar un uso indebido al antiguo El Chalet de Pozo, un edificio vacío desde hace una década y situado en Villarrodrigo de las Regueras, que pertenece a Villaquilambre. La acogida, que en principio es hasta el 31 de agosto, la gestiona la Fundación San Juan de Dios bajo un acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En la esfera digital ha sido donde se han difundido los discursos de odio más brutales. En grupos de mensajería en WhatsApp y Telegram, con más de 1.000 personas, se han enviado bulos y amenazas contra las personas refugiadas y también contra el alcalde de Villaquilambre, el socialista Jorge Pérez Robles, quien intenta que su municipio no cargue con el sambenito de “pueblo racista”: “En esos grupos también están los infiltrados, que ni siquiera son de la provincia de León, gente de extrema derecha, muy radical, a la que le encanta asaltar las redes y son los responsables de incendiar el ambiente durante estos días”, ha esgrimido. Frente a esta corriente, también han salido a la calle los leoneses que rechazan el racismo y la xenofobia. “No cabe duda de que asistimos a una época muy complicada, en la que las ultraderechas que no desean la integración social de los colectivos LGTBI o de los migrantes están atreviéndose a decirlo con todas las letras y sin miedo a una repulsa social: pues bien, es importante que sientan esta repulsa”, indica a infoLibre la profesora de piano Elisa Rapado Jambrina, muy involucrada en el activismo leonés por los derechos humanos. “Una cosa que vi el jueves fue a personas que no están habitualmente en el activismo y que se sumaron a la concentración porque les pareció una barbaridad lo que habían visto. En este tipo de eventos estamos generalmente los mismos, pero se sumaron algunas personas diferentes que veían muy mal lo que estaba sucediendo”, explica.
En esa concentración a favor del derecho a migrar pudieron leerse mensajes que llamaban a los leoneses a hacer memoria: “Muchas leonesas emigraron para sobrevivir”. “No hay lugar del mundo donde no haya nadie de León, y por eso mismo sabemos lo importante que es ser recibidos con los brazos abiertos y no con las mentes cerradas”, pide el manifiesto.
“Lo primero que debe hacerse es memoria”
Cuando se le pregunta a la abogada experta en Derechos Humanos Adilia de las Mercedes qué podría hacerse para educar a la ciudadanía y evitar este tipo de reacciones, pide memoria: “Lo primero que debe hacerse es memoria. Siempre memoria. España es un país que exportó durante décadas enormes cantidades de personas refugiadas hacia países como Argentina, México y muchos más, en Latinoamérica, donde fueron recibidas a pesar de no contar con permisos de empleo ni posibilidades de subsistencia. Mientras, quienes huyeron a Francia, por ejemplo, fueron encerrados en campos de concentración. Negar el pasado es la condena a repetirlo, pero invirtiendo los roles, quienes antes fueron víctimas, hoy eligen ser victimarios”.
Montse Hernández, responsable de Atención a Inmigrantes y Refugiados en Cruz Roja en Salamanca, llama a recordar que, sobre todo, es un derecho. “El derecho a migrar es un derecho universal, las personas tienen derecho a buscar mejores condiciones de vida, como lo ha hecho el pueblo español. Falta esa perspectiva y memoria histórica que ayude a entender por qué se generan esos movimientos migratorios y falta reflexión sobre las capacidades de acogida y cómo gestionarla. La acogida de las personas que llegan a nuestro país es una responsabilidad social”. De las Mercedes, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), considera que los políticos cometen “un profundo error al apelar a argumentos emocionales”, cuando el cumplimiento de obligaciones internacionales “no es una opción, sino eso, una obligación para los Estados”.
El contacto directo como vía para deshacer el rechazo
Centros de refugiados como el de Villaquilambre han despertado la oposición ciudadana en otras localidades, como la cercana Valladolid, donde todavía no se ha resuelto el futuro de uno que iba a ubicarse en el barrio de Delicias. “Las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo con sus necesidades, pero ello no debería traducirse en guetificación de las vidas migrantes o refugiadas. Los grandes centros producen rechazo, no contribuyen a generar comunidad y solo engrosan la industria de las grandes ONGs, que son las beneficiarias de las políticas institucionales de concentración”, considera De las Mercedes. Y añade: “Mejor distribución de todos los recursos significaría también mejor distribución de las personas: cuando una persona refugiada llega a una comunidad tiene mayores posibilidades de generarse, en menos tiempo, una red y se familiariza antes con el entorno real de la sociedad plural que, a veces, puede ser España. La guetificación no hace comunidad”.
España, a la cola de Europa en aprobar solicitudes de asilo: 191.095 personas tienen su futuro en el aire
Hernández cuenta que en Cruz Roja Salamanca no han enfrentado movimientos sociales en contra de sus programas de acogida, pero recuerda que su modelo es “muy normalizador”. “Están en viviendas, no en centros grandes, que son los que activan más las alarmas de la población, de una población que no ha tenido contacto directo con la población migrante, sino que las experiencias que tiene están basadas en mensajes de redes que generan un caldo de cultivo de rechazo”, indica. Y agrega: “Las experiencias son muchísimo más satisfactorias con el contacto directo, cuando deja de aparecer el miedo y el rechazo”.
El muro del alquiler de vivienda
Julián Rangel Oviedo es un refugiado colombiano que ha encontrado paz y oportunidades para él y su familia a partir de un empleo como trabajador de mantenimiento en una finca agropecuaria ubicada entre Ledesma y Villaseco de los Reyes, en Salamanca. Hasta llegar a su situación actual, tuvo que recorrer otros lugares de España, ocupaciones y situaciones muy precarias. Le han ayudado Cruz Roja Salamanca y también Cepaim, una organización que tiene un programa para ubicar a personas migrantes con permiso de trabajo en empleos rurales. La esposa de Julián trabaja como gerocultora en la residencia de ancianos y él en la finca: su ejemplo representa lo que ya se ve en numerosos pueblos de la España vacía. El campo y los cuidados de las personas mayores tienen una demanda laboral que están cubriendo en buena medida las personas migrantes. Las personas que empujan la silla de ruedas como en la viñeta de Javirroyo.
La experiencia de Rangel evidencia también que el rechazo tiene todo que ver con el desconocimiento y la distancia. ¿Cómo fue buscar vivienda? “Fácil no ha sido, con las historias de los inmigrantes que andan por ahí la gente anda reacia a alquilar a inmigrantes, pero después de que la gente se da cuenta de que uno viene a trabajar, ya es muy asequible todo. Ya tenemos muchos amigos y la gente del pueblo es amable. Tenemos unos vecinos venezolanos y también están contentos, mandamos a nuestros hijos al colegio con seguridad, queremos esta tranquilidad”, relata. Cuando se le pregunta por noticias como el racismo en Villaquilambre, le cambia el tono: “Siento una tristeza muy profunda de que todavía haya esas murallas de racismo. Es por falta de información, de boca en boca van diciendo que los inmigrantes venimos a quitar. Salimos de nuestros países y nos encontramos con un muro de racismo y desprecio, pero queremos salir adelante y luchamos. Si ellos se colocaran en nuestros zapatos, también tendrían esa necesidad”.
“Y lo peor de todo es que los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, María Fernanda”. Se lo dice un señor mayor español a la cuidadora migrante que empuja su silla de ruedas en una ya emblemática viñeta del ilustrador Javirroyo. La escena podría estarse dando ahora mismo en cualquier lugar del país, también en la España que más necesita la llegada de nuevas personas: las necesita para seguir existiendo. En uno de sus municipios, Villaquilambre (alfoz de León), la apertura de un centro de acogida para refugiados ha puesto el discurso de la urgencia demográfica frente a un espejo: en esa zona oeste tan castigada por la despoblación, se ha formado un frontal movimiento ciudadano de rechazo a la llegada de 180 refugiados de Mali y Senegal.