La ronda de entrevistas, presenciales y telemáticas, con los portavoces de todos los partidos representados en el Congreso —con la única excepción de Vox, que se autoexcluye de estos contactos— ha confirmado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el escenario con el que ya contaba para intentar sacar adelante los llamados Presupuestos de la recuperación, porque de ellos depende que la economía española se haga con el terreno perdido como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
Las entrevistas han confirmado al presidente lo que ya sospechaba: que el PP no se va a sentar a la mesa de negociaciones, que Ciudadanos está dispuesto a hablar, lo mismo que los grupos políticos que hicieron posible la investidura, y que sus dudas sobre Esquerra tienen fundamento. Gabriel Rufián no sólo anticipó que ERC será la única fuerza política que no negociará, y en su caso apoyará, los Presupuestos si cuentan con el respaldo de Ciudadanos sino que los republicanos, sometidos a una gran presión en el ambiente preelectoral catalán, no están en condiciones de revelar si condicionarán su voto sobre las cuentas de 2021 a otras materias.
Y eso es algo que el Gobierno, como anticipó esta semana su portavoz y máxima responsable de la negociación presupuestaria, María Jesús Montero, no está dispuesto a aceptar. El Ejecutivo quiere, al menos por ahora, que la negociación gire en torno a las políticas públicas presentes en los Presupuestos y no incluya otros asuntos que nada tienen que ver con las cuentas. Aunque es consciente de que los partidos que firmaron acuerdos de investidura quieren que estos compromisos tengan reflejo en los Presupuestos o que empiecen a avanzar si el Gobierno quiere contar con sus votos.
Para una parte del Gobierno la posición de ERC confirma que los republicanos “no son de fiar” y que la búsqueda de un acuerdo con Ciudadanos será inevitable. Pero Sánchez pactó con su vicepresidente, Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, que una vez cerrado un borrador presupuestario la negociación con otros partidos comenzaría por los partidos que votaron a favor de la investidura —PNV (6 diputados), Más País (2), Compromís (1), BNG (1), Nueva Canarias (1) y Teruel Existe (1)—, seguiría por los que la favorecieron con su abstención —Esquerra Republicana (13) y EH Bildu (5)— y dejaría para el final a los partidos que votaron en contra pero que ahora están dispuestos a negociar, entre los que se encuentran Ciudadanos (10), el PRC (1) y Coalición Canaria (1).
Esto es lo que Iglesias pidió y que Sánchez aceptó, aunque en el PSOE sean pocos los que tienen fe en el resultado: dar prioridad a la negociación con Esquerra, dando así oportunidad a que el Congreso apruebe unos Presupuestos de izquierdas, antes de tener que negociar a la baja —sobre todo la política fiscal— con Ciudadanos.
El objetivo, para Sánchez, sigue siendo el mismo: intentar ampliar la base parlamentaria de la investidura para conseguir un acuerdo presupuestario “de conjunto, sin exclusiones, en beneficio de toda la ciudadanía, que permita afrontar las grandes transformaciones que necesita el país y gestionar los fondos europeos para la reconstrucción”. Eso es lo que, según fuentes de Moncloa, ha transmitido a todos los portavoces, “la necesidad de sacar adelante unos Presupuestos que garanticen, desde el diálogo constructivo, la recuperación de todos y cada uno de los territorios”. Una idea en la que se propone insistir este viernes antes los presidentes autonómicos en la conferencia telemática que ha convocado con el fin de abordar el complicado inicio de curso.
Esquerra se ha convertido en el único grupo del Congreso, al menos de los que han hecho pública su posición, dispuesto a no apoyar los Presupuestos si el Gobierno los pacta con Ciudadanos. Los demás partidos, incluidas formaciones soberanistas como EH Bildu o el BNG, formaciones de izquierdas como Más País y Compromís, y nacionalistas como el PNV se han limitado a manifestar su escepticismo por lo que pueda salir de una negociación con los de Inés Arrimadas, con quien todos se sienten profundamente distanciados.
Los compromisos de la investidura
Lo que sí es seguro es que las formaciones de izquierdas —Bildu, MP, Compromís, BNG y, si se acaba sumando, ERC, que en conjunto representan a 22 diputados, más del doble que Ciudadanos (10)— apostarán por unos presupuestos progresistas. Y que los partidos que en su día firmaron acuerdos para la investidura, exigirán su cumplimiento, especialmente de aquellos asuntos que deben tener expresión presupuestaria. En su día el PSOE adquirió compromisos con ERC —en este caso exclusivamente la creación de la mesa de diálogo— y con PNV, Compromís, Nueva Canaria, Teruel Existe y el BNG.
Claro que, antes de hablar con otros grupos, PSOE y Unidas Podemos tienen que cerrar su propia negociación sobre las prioridades para el año que viene, algo en lo que trabajan desde el martes la ministra Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Sólo después, en virtud del acuerdo cerrado el lunes por Sánchez e Iglesias, el Gobierno empezará a citar a los partidos dispuestos a negociar y en el orden acordado, para dar a Esquerra la oportunidad de llegar a acuerdos antes de hablar con Ciudadanos. El calendario apremia, porque hay que aprobar antes el techo de gasto y la senda de estabilidad y pronto habrá que enviar a Bruselas (en principio antes del 15 de octubre) planes concretos y previsiones presupuestarias que serán claves para obtener los 140.000 millones en ayudas.
El soberanismo catalán más dividido prepara la 'Diada de la pandemia' en un limbo preelectoral que dura ya siete meses
Montero se mostró convencida este miércoles de que el Gobierno acabará teniendo la mayoría que necesita para que el Congreso apruebe los que serían los primeros Presupuestos de Sánchez en dos años de mandato, pero fuentes de la Moncloa reconocen que la negociación será difícil y que los vetos cruzados multiplican su complejidad.
La situación política en Cataluña vuelve a ser explosiva y eso limita el margen de maniobra de los republicanos. Cualquier gesto de Sánchez hacia Esquerra, incluida la reunión de la mesa de diálogo que el Gobierno está dispuesto a celebrar a mediados de mes si el president Quim Torra acepta convocarla de acuerdo a un orden del día asumible para las dos partes, puede a su vez poner en peligro la voluntad de acuerdo de Arrimadas, cuyo partido también se juega mucho en las elecciones catalanas. Eso sin contar con la dificultad que supone tratar de conciliar —o “modular”, como dice la ministra de Hacienda— el acuerdo de legislatura PSOE-Unidas Podemos con el ideario liberal de Ciudadanos. Ese pacto, en el que están previstas medidas como la reforma fiscal o la contrarreforma laboral, constituye una auténtica línea roja para la formación morada, pero los de Iglesias también saben que, si Esquerra no colabora, al final no tendrán más remedio que, como mínimo, aplazar algunas de sus prioridades.
Sobre este punto la ministra de Hacienda recordó que “la legislatura durará cuatro años” y que, de cara a negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado, habrá que decidir “cuándo hay que poner en marcha” la reforma fiscal: “Si justo en el año 2021 es cuando hay que ponerla en marcha, o en 2022, o en 2023”.
La ronda de entrevistas, presenciales y telemáticas, con los portavoces de todos los partidos representados en el Congreso —con la única excepción de Vox, que se autoexcluye de estos contactos— ha confirmado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el escenario con el que ya contaba para intentar sacar adelante los llamados Presupuestos de la recuperación, porque de ellos depende que la economía española se haga con el terreno perdido como consecuencia de la pandemia del coronavirus.