Esquerra quiere conservar la unidad de acción con JuntsxCat y, si puede ser, con la CUP —para defender la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno central y reconocido internacionalmente y para reivindicar la salida de prisión de los dirigentes del procés que llevan casi un año en la cárcel— pero ya tiene la vista puesta en llegar a acuerdos con otras formaciones no soberanistas.
El objetivo de esta estrategia no es otro que ampliar la base social del independentismo atrayendo hacia posiciones soberanistas a todos los catalanes que, sin ser partidarios de la secesión, sí están a favor de solucionar el conflicto con una consulta. Y Esquerra hizo este martes dos movimientos muy significativos: unió fuerzas con el PSC en la Mesa para obligar a Puigdemont y a los suyos a aceptar de hecho la suspensión dictada por el Supremo —un cambio de actitud que los socialistas agradecieron expresamente en el Pleno— y se sumó a Catalunya en Comú-Podem para reclamar una solución al conflicto catalán que siga el modelo ensayado con éxito por Canadá para afrontar las demandas secesionistas de una parte de los ciudadanos de Quebec.
Los republicanos de Oriol Junqueras no rehuyeron este martes el pulso que les echó el expresident Carles Puigdemont rehuyerony antepusieron su propia estrategia —no desafiar el ordenamiento jurídico— a la unidad de acción del independentismo. Y JuntsxCat, a su vez, prefirió exhibir su disposición a incumplir las resoluciones del Tribunal Supremo, cuya autoridad discute, a conservar la mayoría en la Cámara.
El resultado fue que el pulso lo ganó la oposición. El empeño del expresident, huido en Bélgica, y de otros tres diputados de JuntsxCat, encarcelados en la prisión catalana de Lledoners (Barcelona), de no ceder ni siquiera provisionalmente sus derechos parlamentarios dejó en minoría en el Parlament a las fuerzas independentistas por primera vez desde hace tres años.
Sin los cuatro diputados de JuntsxCat —y sin el voto del republicano Toni Comín, que sigue huido de la Justicia española y tampoco puede delegar su voto— la suma de fuerzas independentistas se quedó en 65 votos, tres menos que la mayoría absoluta de la Cámara. Una situación que se agravó aún más en las numerosas ocasiones en las que la CUP, claramente disconforme con la política del Govern, se desmarcó de JuntsxCat y Esquerra y los dejó en 61 votos.
El bloque constitucionalista, —Ciudadanos (36), PSC (17 y PP (4)— sólo suma 57 escaños. Así que el cambio en la relación de fuerzas del Parlament convirtió de repente a los ocho diputados de Catalunya en Comú-Podem en los árbitros de la situación. Fueron ellos, en última instancia, los que inclinaron la balanza para que el Parlament aprobase o rechazase las propuestas de resolución más comprometidas.
De un lado, hicieron posible que saliese adelante una propuesta de JunsxCat y Esquerra pidiendo a la Generalitat la apertura de un diálogo “sin condiciones” con el Gobierno central que incluya “negociar un referéndum acordado, vinculante y reconocido internacionalmente que respete el derecho a decidir de la ciudadanía catalana”. Y eso que la CUP votó en contra y dos diputados del grupo de ERC —que militan en Demócrates— se abstuvieron.
Rechazo al derecho a la autodeterminación
Del otro, en cambio, fueron decisivos para que el bloque constitucionalista tumbase una propuesta de resolución pactada por JxCat, ERC y la CUP que pedía al Parlament “afirmar el derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación tal y como se manifestó en las disposiciones aprobadas en la Cámara para poder ejercer este derecho”. El empate a 65 del independentismo frente a las demás formaciones se saldó, tal y como establece el Reglamento, con el rechazo de la iniciativa, que también pretendía mostrar la solidaridad del Parlament con los diputados “objeto de persecución policial y judicial”, con especial mención de la expresidenta de la asamblea catalana Carme Forcadell.
Por la misma razón tampoco resultó aprobado el punto que proponía condenar las acciones del Estado para tratar de impedir “el referéndum del 1 de octubre de 2017, incluyendo la violencia policial” contra personas en los centros de votación, ni una declaración de reconocimiento a la “realidad del conjunto de territorios que forman los Països Catalans, que forman Cataluña, País Valencià, Illes Balears, Cataluña Norte y las comarcas de la Franja de Ponent”.
Los comuns de CeCP, la formación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también resultaron decisivos a la hora de impedir que el Parlament reprobase “la actuación del rey Felipe VI y en particular su posicionamiento contra las instituciones catalanas y sus representantes legítimos en su discurso del día 3 de octubre de 2017”. La propuesta, que reclamaba la “abolición de la monarquía”, también acabó siendo rechazada después de que en tres ocasiones la votación arrojase un empate a 65.
Fuentes de los comuns citadas por Europa Press precisaron que su voto no supone un respaldo a Felipe de Borbón: votaron en contra, aseguran, porque la resolución incluía otros puntos a favor de la autodeterminación que, a su juicio, suponían defender la vía unilateral a la independencia, algo con lo que no están de acuerdo.
El saldo de las votaciones dejó clara la debilidad parlamentaria del independentismo, al menos mientras Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez persistan en su decisión no ser sustituidos provisionalmente, tal y como les pidió el president Roger Torrent. Una precariedad que puede verse acentuada aún más si prospera el recurso judicial que ha anunciado Ciudadanos para intentar invalidar la sustitución de dos diputados de Esquerra —Oriol Junqueras y Raül Romeva—, decidida por el Pleno de la Cámara la semana pasada haciendo una interpretación del auto de procesamiento dictado por el Supremo que, sin embargo, no tiene apoyatura ni en el reglamento ni en ninguna ley.
De la profundidad del desencuentro entre JuntsxCat y Esquerra da idea que Puigdemont hiciese oídos sordos a un llamamiento público de Junqueras a través de Twitter, difundido antes del Pleno, en el que afirmaba la necesidad, “por encima de todo”, de “preservar la mayoría independentista. No nos podemos permitir poner en riesgo la hazaña del 21D”.
En vez de seguir el camino de Junqueras y Romeva, el expresident y sus cuatro compañeros de escaño difundieron un escrito en el que, además de insistir en que su delegación de voto es “perfectamente ajustada a derecho”, asumían que sus votos “dejarán de ser contabilizados”. A pesar de lo cual se mostraron “convencidos de que la mayoría de 61 diputados permitirá mantener el actual Govern y seguir impulsando el proyecto republicano”.
Escenario desfavorable
Sin mayoría en el Parlament, el Govern tiene todavía más difícil prolongar la legislatura, como pretende, hasta que el Supremo dicte sentencia en la causa contra el procés. Pero aunque Torra tendrá en sus manos, desde finales de octubre, la posibilidad de anticipar las elecciones, nadie espera que decida disolver la Cámara en un escenario tan poco favorable: en vez de una movilización ciudadana permanente canalizada por la unidad de las fuerzas políticas soberanistas aprovechando los sucesivos aniversarios que van del 1 al 27 de octubre, los independentistas se han encontrado con una fractura en toda regla.
Es en ese contexto en el que cobra más relevancia la estrategia de Esquerra de tejer alianzas con las fuerzas políticas y las organizaciones sociales que, sin ser independentistas, se movilizaron contra la represión del 1 de octubre y están a favor de solucionar el conflicto a través de un referéndum con todas las garantías. La tesis de Junqueras pasa por asumir que el soberanismo todavía no suma lo suficiente y que sólo ampliando la base social del independentismo, evitando entre otras cosas el unilateralismo, acabará siendo inevitable que los catalanes ejerzan su derecho a decidir.
En ese camino, Esquerra nunca ha disimulado su interés en atraer a los comuns. comunsDe ahí su respaldo a la propuesta de esta formación de impulsar un Pacto de Claridad como el que permitió a Canadá resolver las demandas secesionistas de una parte de los ciudadanos de Quebec y que JuntsxCat, significativamente, evitó apoyar este martes en el Parlament.
La distancia tomada por los republicanos con Puigdemont encaja a la perfección con el deseo de Junqueras de restablecer su propia estrategia y dejar de verse arrastrado por los llamamientos perennes a la unidad que emite desde Bruselas el expresident. La idea es que Esquerra siga defendiendo en primera línea una referéndum de autodeterminación y la libertad de los presos, pero sin que eso impida explorar otras alianzas, por ejemplo aprovechando los nuevos escenarios que se avecinan en los ayuntamientos.
La elección de Maragall como candidato a la Alcaldía de Barcelona es, en sí misma, una declaración de principios de esta estrategia. Si las cuentas dan después de las elecciones municipales de mayo, el actual conseller de Acció Exterior de la Generalitat, de 75 años, está llamado a construir puentes con la Barcelona en Comú de Ada Colau.
Los caminos de Junqueras y de Puigdemont comenzaron a separarse el mismo día de la declaración de independencia, el pasado 27 de octubre. Esquerra rehuyó en las semanas siguientes reeditar la candidatura unitaria con la que el expresident pretendía capitalizar la respuesta social a la aplicación del artículo 155 y ya en las elecciones del 21 de diciembre reescribió su estrategia política sobre nuevas bases, bien distintas de las del Puigdemont: nada de traspasar otra vez los límites de la legalidad y adaptar los tiempos y las reivindicaciones al objetivo de ampliar la base social del independentismo.
Page no descarta la ilegalización de los partidos independentistas
La ruptura de la unidad, consecuencia de la decisión de Puigdemont de llevar su posición hasta el final, también amenaza con tener consecuencias en el PDeCAT. Los herederos de la antigua Convergència ha convocado una reunión extraordinaria para este viernes en la que está previsto revistar su contribución a la Crida Nacional per la República, la plataforma transversal del independentismo ideada por Puigdemont con el objetivo de conservar el liderazgo de la estrategia secesionista.
Lo ocurrido estos días, incluido el ultimátum lanzado por Quim Torra, ha enfadado a una parte de los diputados del PDeCAT, disconformes con el expresident, y amenaza con herir de muerte a la CNR antes de su nacimiento, previsto para el 27 de octubre, el primer aniversario de la declaración unilateral de independencia y de la intervención de la autonomía catalana.
Uno de los puntos de fricción a debate en el PDeCAT es el papel de los parlamentarios del partido en el Congreso, divididos casi al 50% entre quienes quieren dejar caer al Pedro Sánchez y los que prefieren agotar al máximo el dialogo abierto con el Gobierno socialista.
Esquerra quiere conservar la unidad de acción con JuntsxCat y, si puede ser, con la CUP —para defender la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno central y reconocido internacionalmente y para reivindicar la salida de prisión de los dirigentes del procés que llevan casi un año en la cárcel— pero ya tiene la vista puesta en llegar a acuerdos con otras formaciones no soberanistas.