Europa busca mayor control fiscal de las multinacionales pese a las trabas de conservadores y liberales

En abril del año pasado, en medio del desconcierto generado por la publicación de los papeles de Panamá, la Comisión Europea puso encima de la mesa una propuesta de directiva [consultar, aquí] para obligar a los grupos empresariales con ingresos de más de 750 millones de euros que desarrollan sus actividades en la UE –sean o no de capital europeo– a publicar anualmente en sus páginas web los impuestos que pagan en los diferentes países de manera desglosada, entre otros datos relevantes. Entre ellos, facturación neta, capital declarado, activos fijos, beneficios antes de impuestos, ganancias acumuladas, así como información sobre si se benefician de algún trato fiscal preferente.

En la exposición de motivos de la propuesta se aludía a la necesidad de fomentar el "control público" con el objetivo de identificar hasta qué punto las multinacionales, que generan grandes beneficios en el mercado único, pagan o no impuestos en la UE; y poner así la responsabilidad fiscal en el centro del debate público. Según datos de la Comisión Europea, la evasión fiscal de las empresas cuesta a los países de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales en ingresos perdidos.

Tras meses de negociaciones, el proyecto fue aprobado el pasado 4 de julio en la Eurocámara, donde populares (PPE, grupo en el que está incluido el partido de Mariano Rajoy), conservadores reformistas (ECR) y liberales (ALDE) hicieron bloque común para incluir en el texto una cláusula de salvaguarda que permite a los Estados miembros, año a año, a autorizar excepciones a la obligación de facilitar esa información bajo el pretexto de que así se protege "la información comercialmente sensible".

Los socialdemócratas, la izquierda unitaria y los verdes no están a favor de esa excepción. Pese a ello acabaron votando a favor en el pleno –después de haberse abstenido en las comisiones de Asuntos Jurídicos y Asuntos Económicos de la Eurocámara– para mantener otra cuestión clave del acuerdo: la obligación para las empresas de dar desagregados los datos de todos los países. El proyecto inicial les obligaba a desglosar país por país sus actividades en Europa y en los paraísos fiscales, pero les permitía dar de forma agregada sus cifras relativas al resto del mundo, una cuestión que fue muy criticada por ONG como Transparencia Internacional.

Las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que la citada cláusula de salvaguarda y la información sobre terceros países centrarán las próximas negociaciones en el Consejo Europeo, donde fijarán posición los Estados miembros y de donde el texto tendrá que salir aprobado por una mayoría cualificada. "La cláusula es demasiado ambigua y contempla una excepcionalidad que puede conllevar una aplicación restrictiva de la directiva. Sería muy negativo que en el Consejo se extendiera su alcance", señala el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui. 

Ernest Urtasun, eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), resalta la importancia de que se mantenga la desagregación de datos en todas las jurisdicciones. "Es muy necesario salvar esta parte, que consideramos que es la más importante. En el pleno del Parlamento Europeo votamos a favor a pesar de que no nos gusta nada la cláusula de salvaguarda porque la derecha y los liberales nos amenazaron con tumbarnos la desagregación en terceros estados", señala. 

Por otro lado, tanto la izquierda parlamentaria como las ONG a favor de la transparencia también son críticas con el umbral de ingresos anuales fijado en la directiva, 750 millones de euros, pues consideran que deja fuera a muchas compañías. La directiva propone que ese umbral se pueda acotar pasados cuatro años desde su entrada en vigor, si bien la Comisión Europea mantiene que con ese umbral se abarca a las empresas que controlan aproximadamente el 90% de los ingresos empresariales, según cifras de la OCDE.

La última fase del proceso legislativo comunitario, no obstante, es el llamado trílogo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, de donde saldrá un texto que requerirá de nuevo del visto bueno de las dos comisiones citadas y del pleno del Europarlamento. Sólo a partir de ahí se empezarán los trámites para transponer el texto a la legislación de cada Estado miembro, que se pueden alargar durante un año desde su entrada en vigor. El camino, por tanto, es todavía largo.

Ya previsto para la banca  

Urtasun recuerda que desde 2013 la ley exige que los grandes bancos que operan en la Unión Europea publiquen la información referente a sus actividades financieras, incluidas sus obligaciones fiscales país por país. Es decir, que ya cuentan con controles similares como los que ahora se quieren imponer a las multinacionales con ingresos de más de 750 millones de euros anuales. Esta información ha dado lugar a estudios como Banco en el exilio [ver en PDF, aquí], realizado por Oxfam y la Fair Finance Guide International, que se sacó a la luz que los principales bancos europeos obtuvieron en 2015 un beneficio de 25.000 millones de euros en paraísos fiscales o que ganaron 628 millones de euros en países en los que no tienen empleados. 

Estos informes son clave para que los ciudadanos sepan si las empresas de la que consumen o a las que pagan por sus servicios están contribuyendo con la parte justa que le corresponde de impuestos y, en consecuencia, colaborando en la financiación de los servicios públicos. Es decir, tienen un alto impacto para las grandes multinacionales en términos de imagen. No extraña, por tanto, las reticencias que han mostrado desde que el proyecto comenzó a moverse por los despachos de Bruselas.

La Comisión Europea prevé que aproximadamente de 60.000 compañías se verían afectadas, incluidas filiales y sucursales de grandes grupos. En España sería alrededor de 200, según cálculos de este periódico. Antes de presentar cualquier propuesta de directiva el Ejecutivo comunitario lleva a cabo una fase de consulta con los actores implicados en la legislación que se vaya a modificar o presentar. Pues bien, un tercio de las empresas consultadas aseguraron estar contentas con el statu quo actual y calificaron de "suficientes" los requerimientos de información actuales. [Informe completo en inglés, aquí]

En este sentido, Jáuregui no descarta que en el trílogo pueda haber objeciones de fondo de algún Estado miembro "por presión de alguna de compañía significativa". "La confederación empresarial europea va a estar muy vigilante en este asunto, pues la propuesta entraña obligaciones que van a molestar a las grandes compañías. No obstante, considero que esta corriente de fondo de transparencia es ya imparable", añade.

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Urtasun, por su parte, cree que es "evidente" que los populares y los liberales recibieron "presiones" que les llevaron a incluir a última hora la citada cláusula de salvaguarda. La diputada del PP Rosa Estaràs, que a preguntas de este periódico remitió a su intervención sobre el tema en la Eurocámara, dijo ante el pleno que esa cláusula era "buena" porque practicaba "un equilibrio imprescindible entre la competitividad y la necesaria transparencia". Asimismo, aseguró que su inclusión en la directiva había sido fruto de "múltiples compromisos" hasta llegar a un "punto equilibrado" y añadió que la transparencia tiene que ser "sensata". [Consultar su intervención, aquí]

La directiva de transparencia para los bancos, sin embargo, no contiene cláusula de salvaguarda alguna. En este sentido, los autores del informe de Oxfam y la Fair Finance Guide International muestran con datos que los bancos no se han visto afectados negativamente por la publicación de estos informes país por país, ya que la mayoría de las entidades analizadas han mantenido o mejorado sus beneficios durante el período analizado. El documento cita concretamente el ejemplo de los cinco principales bancos franceses –BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole y Crédit Mutuel–, cuya facturación conjunta aumentó un 7%, más 95.000 millones de euros; y sus beneficios antes de impuestos aumentaron, un 38%, más de 10.600 millones de euros entre 2014 y 2015.

Los investigadores de las citadas ONG sostienen que si se sigue avanzando hacia la mejora del sistema de informes país por país y, en general, hacia una mayor transparencia mediante la ampliación del requisito de publicar este tipo de documentos a todos los sectores, será más fácil para los Gobiernos poner fin a la evasión y la elusión fiscal y repatriar miles de millones de euros que escapan a la recaudación y que podrían invertirse en salud, educación, protección social y creación de empleo.