Expertas en género asocian el aumento de denuncias con una mayor sensibilización pero exigen protección para las víctimas

Las denuncias por violencia de género en el año 2017 no sólo han experimentado un aumento del 16,4% respecto al anterior balance anual, sino que han tocado techo. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han sido registradas durante todo el periodo un total de 166.620 denuncias. El máximo histórico. Para las expertas, el motivo responde en gran medida a la sensibilización que se ha venido realizando en los últimos meses y que ha culminado en el éxito del pasado 8M. El sabor de boca, no obstante, es agridulce. El arraigo de la violencia machista resulta evidente y si bien el paso de denunciar es fundamental, el sistema judicial todavía alberga un amplio margen de mejora respecto a la protección de las víctimas.

Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, "es positivo que afloren todas las conductas violentas hacia la mujer y hacia los menores", aunque cree que son "cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada". Acorde con la evolución de las denuncias ha aumentado también el número de mujeres que constan como víctimas: la cifra ha pasado de 134.620 en 2016 a 158.217 al año siguiente.

Altamira Gonzalo es vicepresidenta de la asociación Themis Mujeres Juristas. Su análisis de la situación obliga a detenerse no sólo en el "fuerte incremento" de las denuncias, sino también en la dispensa a prestar declaración. El porcentaje de mujeres que rechazaron declarar, del total de víctimas de violencia de género, fue en 2017 del 10,41%, mientras que el año anterior la cifra ascendió al 11,99%. Cada vez menos mujeres, por tanto, temen prestar declaración ante el juez competente. La lectura que emerge, sostiene Gonzalo, es que "las mujeres han cogido más confianza en la administración de justicia, ven que hay posibilidades de salir del pozo de la violencia". Aunque resulta "muy terrorífico no haber podido reducir la violencia, el hecho de que las mujeres comprendan que nos hemos dotado de instrumentos es importante", estima la jueza. 

Por otro lado, la jurista incide en el papel de los familiares de las víctimas. Las denuncias presentadas directamente por familiares en los juzgados de violencia contra la mujer supusieron el año pasado un 0,27% del total, mientras que los atestados policiales con denuncia de un familiar fueron del 1,78%. A lo largo de 2016, el primer caso supuso el 0,26% y el segundo el 1,18%. "Siguen siendo muy bajas las denuncias interpuestas por familiares", insiste Altamira Gonzalo, quien lamenta la "falta de solidaridad hacia las mujeres maltratadas" que sigue siendo uno de los principales problemas y preocupaciones de las organizaciones que luchan contra la violencia machista.

El paso de denunciar

Gema Fernández, abogada en Women's Link Worldwide, enhebra dos conclusiones tras el análisis de los datos. En primer lugar, sostiene, "la pervivencia del machismo permite que ese nivel de violencia y desigualdad" se exprese en casi "456 mujeres que denuncian cada día" y que por tanto "tienen miedo de lo que sus parejas o exparejas les pueden hacer". Si bien el número de las que "se atreven a denunciar" es positivo por su evolución, es necesario no olvidar "la magnitud de las que no se atreven".

Sin dejar a un lado los matices del fenómeno, Fernández reconoce que "la respuesta es cada vez más satisfactoria" y de hecho los "datos sobre las denuncias van en aumento". El motivo, a su juicio, responde a una mayor sensibilización que a lo largo del año ha calado entre las mujeres. La presencia mediática ha resultado clave y el resultado se vio en las calles el pasado 8 de marzo en forma de marea violeta. Fernández se pregunta cuántas mujeres que nunca habían participado en una manifestación acudieron a la movilización feminista del pasado jueves. "Ha sido un año en el que el mensaje ha estado ahí", señala, y aunque "tenemos que seguir siendo críticas con el sistema judicial, porque hay margen de mejora", la ecuación entre sociedad civil e instituciones ha sido un motor claro de sensibilización.

También alude a los medios de comunicación Altamira Gonzalo, y añade el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como factor de gran relevancia. El paso de denunciar viene en gran parte dado por "el debate en los medios sobre el Pacto de Estado, porque aumenta la sensibilidad y la confianza de las mujeres", opina. La magistrada no obvia que la violencia "es una realidad social", pero entiende, en base a su experiencia, que "el hecho de que haya más denuncias no significa que haya un incremento de la violencia, sino que ha habido más mujeres que se han atrevido a denunciar", algo que a su entender está "directamente relacionado con los momentos en los que se han hecho más campañas en los medios, debatido más esta lacra y concienciado a la sociedad".

Que la violencia machista se haya colado en la agenda mediática "de alguna forma hace que las mujeres en esa situación vean que hay otras mujeres que tienen fuerzas para salir" y precisamente "una de las maneras de salir es la interposición de una denuncia". La realidad evidencia que existe una "sociedad más dispuesta a poner todos los medios para terminar con el problema" y eso implica que las mujeres "lo conozcan, confíen en las instituciones y pongan denuncias".

Mejorar la protección

Los datos del CGPJ arrojan luz también sobre las medidas solicitadas e interpuestas tras la presentación de una denuncia. Si bien el número de órdenes de protección incoadas fue superior en 2017 –38.501 frente a 37.956– también el número de víctimas ha ido en aumento. La mirada proporcional de la evolución, por tanto, descubre una tendencia negativa. El porcentaje de órdenes incoadas sobre el total de víctimas pasó del 28,2% en 2016 al 24,3% un año después.

Las expertas exigen, por ello, mejoras en la protección y el número de víctimas mortales indica que el problema sigue muy presente. Según el portal estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las mujeres asesinadas pasaron de 44 en 2016 a 49 en 2017. De ellas, un total de once habían presentado denuncia, mientras las 38 restantes no lo habían hecho. Altamira Gonzalo sostiene que, una vez se va ganando la batalla de la conciencia social, queda un segundo paso por dar: "Que las víctimas sean acogidas por el sistema judicial". 

"Somos poco combativos con esos casos en los que las mujeres en situación de peligro y víctimas de malos tratos han ido a denunciar, han pedido ayuda y ha habido un fracaso estrepitoso porque no se les ha sabido proteger, por falta de recursos", dice la jueza. Que de 49 un total de once "hayan pedido ayuda sin recibir protección" responde a una "inadecuada valoración del riesgo" como consecuencia de la falta de unidades y de formación. Algo que la magistrada tacha de "fracaso estrepitoso" y que en noviembre del pasado año estuvo en el foco tras el crimen machista de Elda, cuya víctima había presentado hasta cuatro denuncias.

En cuanto a las mujeres que optan por no denunciar, es número es "elevadísimo" y demuestra que "la mayor parte de la violencia de género, incluso la más grave, no llega a los juzgados". Ante dicha cuestión, agrega, todavía es necesario "dedicar muchas energías y recursos, para que ellas confíen, el aparato judicial se ponga a su disposición y puedan salir de esa situación para recuperar su proyecto de vida".

Especialización y formación

Laura Restrepo: "El desprecio por la mujer es una escala que va subiendo hasta que llega al crimen"

Ver más

La tarea de mejorar la protección está íntimamente relacionada con una buena especialización de los profesionales. Así lo entiende Gema Fernández, quien recuerda además que el número de condenas en los juzgados especializados supera con creces a las registradas en los juzgados de lo penal. En 2016, el número de condenas sobre el total de personas enjuiciadas en los juzgados de violencia sobre la mujer fue del 81,9%, mientras que la cifra descendió al 54,18% en los juzgados de lo penal. Lo mismo ocurrió en 2017: la cifra cayó de un 83,7% en los especializados a un 55,12% en los de lo penal.

"En los juzgados de violencia de género al menos cuentan con una formación extra que no tienen los de lo penal", dice Fernández, lo que "se traduce en un mayor número de condenas". La misma reflexión, agrega, es válida para las medidas cautelares. "La justicia tiene que superar el miedo que parece tener a dictar medidas", sentencia.

También Glòria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, cree que "el machismo sigue conviviendo" con las personas a través de la perpetuación de "estereotipos y roles sexistas" que "son inmunes a las leyes y además se transmiten socialmente". La vacuna contra esta "enfermedad", sostiene, se encuentra fundamentalmente "en la educación y en la formación", no sólo a través de la sensibilización social sino también de los propios agentes del órgano judicial.