La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), alertó este sábado, como la ONG Pueblos Unidos, de la proliferación de las llamadas 'expulsiones exprés' de inmigrantes, las que ejecuta la policía durante las 72 horas que una persona puede estar detenida y que "en muchos casos puede suponer una minoración de las garantías legales" y conculcar derechos fundamentales del afectado, entre ellos el derecho de defensa, a la intimidad o a la familia, según informó Europa Press.
Esta modalidad se ejecuta directamente desde los calabozos de la comisaría, es decir, sin que el inmigrante llegue a ingresar en un centro de internamiento. No es un fenómeno nuevo, pero los expertos consultados alertan de que ya es mayoritario. En 2013, primer y único año del que se conocen cifras oficiales, la policía ejecutó así la expulsión de 6.462 personas, mientras fueron 4.726 las que se hicieron desde los CIE, conforme reveló el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito a Amaiur.
Según explicó el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, esta modalidad amparada por la normativa vigente tiene muchas aristas, como "la fórmula de engañar a la gente", a la que se cita en comisaría "para asuntos de su interés o porque tiene que ver unos papeles" cuando el fin es otro. "Acude confiado y con lo puesto y le dicen que se queda allí, que al día siguiente está el vuelo preparado. Parar eso requiere una tarea ímproba de su abogado", señaló el abogado.
Otro de los problemas es que por esta vía es fácil que se expulse a una persona por una orden dictada hace varios años aunque sus circunstancias hayan cambiado. Esta cuestión afecta sólo a los extranjeros de países de fuera de la Unión Europea ya que la normativa para los comunitarios es más garantista: si una orden de expulsión no se ha ejecutado en dos años, tendrán que ser reevaluadas las condiciones de la persona antes de intentar deportarle.
Con los europeos sí se evalúan las circunstancias
En el caso de los nacidos fuera de la UE, no se evalúan las nuevas circunstancias aunque haya pasado más tiempo. Una circular del Ministerio del Interior impuso el año pasado que se atendiese a las circunstancias de los migrantes, como su salud o la existencia de procesos de regularización, antes de ordenar su ingreso en un Centro de Internamiento, pero no se abordaban las expulsiones exprés.
La orden de expulsión –que debiendo ser excepcional, se dicta en la mayoría de los casos de personas en situación irregular–, prescribe al cabo de tres años, pero lleva aparejada otra orden de prohibición de entrada en España durante un plazo que puede ser hasta de diez. Mientras no se han cumplido ambos periodos la orden no prescribe y se puede ejecutar en cualquier momento. Pueblos Unidos denuncia que no se intenta asistir a la persona para que se marche voluntariamente: el sistema opta por la deportación forzosa.
"Lo que ocurre es que las expulsiones tienen unos periodos de prescripción similares a delitos graves siendo infracciones administrativas, como diez o quince años, lo que resulta un poco exagerado", comentó Solans, para incidir en que "se están ejecutando expulsiones dictadas hace siete y ocho años" sin tener en cuenta que "en tanto tiempo una persona en el país se integra, adquiere relaciones laborales, familiares, económicas, etcétera".
"No es humanamente presentable"
En su opinión, "esto es presentable jurídicamente, pero humanamente no". "Si no has podido ejecutar una expulsión durante tanto tiempo, deberías, cuando menos, tener un mecanismo de revisión", añadió el abogado. No obstante, apuntó que es algo que no interesa, porque las expulsiones por esta vía son "más baratas" al no conllevar internamiento y arrojan mejores cifras, ya que siendo el plazo más ajustado, resulta más difícil que el afectado consiga pararla.
En Pueblos Unidos llevan un año documentando casos de este tipo para su informe anual (se presenta el 22 de abril), tradicionalmente dedicado a los CIE. "Lo que hemos detectado es que en muchas partes del territorio español no existe ni siquiera asistencia letrada para estas expulsiones, no está generalizada en todo el país", explicó la responsable del Área Jurídica, Cristina Manzanedo. En estos casos, apuntó, "no hay posibilidad de acudir a un juzgado", se expulsa "sin siquiera control judicial".
"El modelo está cambiando"
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Según explicó Manzanedo, la organización se ha topado con "gente a la que se le dictó en su día una orden de expulsión de la que a veces ni siquiera es consciente porque no se le comunicó, y que años después es detenida y trasladada a comisaría inmediatamente para su expulsión en horas, en ocasiones sin letrado, sin dejar que se despida de los suyos o que pase por su casa a recoger sus enseres".
"Se truncan vidas de la noche a la mañana sin ninguna consideración humanitaria. Esto afecta al derecho a la intimidad, a la familia, a la defensa. Se hace en algunos casos sin asistencia letrada y cuando la hay, tiene pocas posibilidades porque hasta que llega el abogado igual han pasado ya doce horas y quedan muy pocas para que se ejecute la expulsión. Son vidas que se cortan sin previo aviso", denunció.
En este sentido, la responsable del Área Jurídica de Pueblos Unidos avanzó que "en muchos casos es gente a la que se ha ido a buscar o bien porque hay un vuelo especial o un vuelo comercial" en el que podrán deportarle. Son lo que en la ONG llaman mirlos blancos, personas que se expulsan por estar en situación irregular, que no tienen cuentas pendientes con la justicia y que fueron detectadas un día y sancionadas con la expulsión en lugar de la multa. "Es así como está funcionando. Nos preocupa esta práctica porque creemos que es muy mala alternativa a los CIE. El modelo está cambiando", sentenció.
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), alertó este sábado, como la ONG Pueblos Unidos, de la proliferación de las llamadas 'expulsiones exprés' de inmigrantes, las que ejecuta la policía durante las 72 horas que una persona puede estar detenida y que "en muchos casos puede suponer una minoración de las garantías legales" y conculcar derechos fundamentales del afectado, entre ellos el derecho de defensa, a la intimidad o a la familia, según informó Europa Press.