Inmigración
129 organizaciones piden al CGPJ que pare el intento del PP de legalizar las expulsiones en caliente
Un total de 129 entidades han denunciado este lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el plan del Partido Popular de legalizar las expulsiones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Los colectivos instan al CGPJ a la paralización del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ya que una de las enmiendas que el Partido Popular incluyó en el proyecto de ley permite la devolución inmediata de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, unas prácticas irregulares hasta ahora.
El colectivo, que ya presentó un informe ante el Congreso de los Diputados para denunciar la enmienda del PP, considera que esta “se enmascara” en la Ley de Seguridad Ciudadana y pretende modificar la Ley de Extranjería. Por esta razón y por haber presentado las enmiendas el último día del plazo establecido –el 21 de octubre–, las entidades denuncian, además, que ha habido fraude en el procedimiento.
Las organizaciones exigen además que el CGPJ “ejercite las acciones que considere oportunas en función de sus competencias” para presentar el informe previo sobre dicha enmienda. Cristina Manzanedo, portavoz del grupo de entidades representadas en el informe, declaró a InfoLibre que “no puede iniciarse la reforma de una ley orgánica, como es la de Extranjería, a través de una enmienda de un grupo parlamentario”, aunque tenga mayoría absoluta.
La enmienda
La disposición adicional décima presentada al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana dice:
“Se adiciona una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con la siguiente redacción:
Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada en España”.
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Desde un punto de vista jurídico, la aplicación de dicha enmienda supondría dejar sin efecto las previsiones establecidas en los artículos 26, 60, 57, 58 y 65 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.
Es decir, la enmienda permitiría no formalizar ni individualizar la actuación administrativa en materia de extranjería, impidiéndose su control judicial sobre las expulsiones, devoluciones y retornos de los inmigrantes irregulares.
Además, el colectivo de entidades considera que esta iniciativa del PP viola el artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se establece que los anteproyectos de ley y disposiciones generales “que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales” se someterán al informe del CGPJ.
