El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ejerce como acusación popular en la causa incoada contra el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación –por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros– ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que amplíe las actuaciones por un presunto delito continuado de apropiación indebida, como ha avanzado Diario de Sevilla este lunes, según informa Europa Press.
Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. "con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes", presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.
Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como "préstamos a terceros", retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.
"Prestamos a terceros"
En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como "socio encubierto de Bio Wood", pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría "sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada".
Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del "procedimiento administrativo de apremio" incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del "reembolso" del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.
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En este marco, la acusación popular que ejerce Rubén Sánchez señala un préstamo de 200.000 euros concedido en 2017 por Biowood Niebla a Manuel G.G., quien se reconoció "deudor" de tal empresa y habría acometido la devolución del dinero prestado por Biowwod, mediante pagos al despacho de abogados de Francisco Serrano, a López Ballesteros, a Enrique Pelegrín y a Biowood Niebla.
"Las cantidades que se dicen devueltas"
Al respecto, reclama averiguar "si las cantidades que se dicen devueltas, bien por transferencias a la entidad Serrano Abogados de Familia SLP, a Enrique Pelegrín y López Ballesteros han sido percibidas, como parece ser, por la nombrada entidad y los mencionados investigados, que no se debe olvidar en esa fecha quien ostentaba la titularidad de las participaciones sociales fue Francisco Serrano, siendo, además, su representante legal".
Esta acusación popular, así, pide indagar "la presunta apropiación de dichas cantidades, que fueron, al parecer, por devoluciones del préstamo", por lo que solicita que los investigados sean nuevamente llamados a declarar en tal condición y que Manuel G.G. comparezca como testigo.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ejerce como acusación popular en la causa incoada contra el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación –por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros– ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que amplíe las actuaciones por un presunto delito continuado de apropiación indebida, como ha avanzado Diario de Sevilla este lunes, según informa Europa Press.