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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

La estrategia del PP

Feijóo confía en que los jueces le ayuden a torpedear la amnistía para hacer intransitable la legislatura

Alberto Núñez Feijóo en un acto en Madrid.

Alberto Núñez Feijóo tiene pocas dudas: “Ya os avanzo que no habrá elecciones” y que Pedro Sánchez conseguirá sacar adelante su investidura como presidente del Gobierno, aseguró el lunes a sus barones en una reunión en la sede del PP en la madrileña calle Génova. La estrategia de movilización, crispación y polarización social del Partido Popular, compartida por sus socios de la extrema derecha, ya mira más allá de la votación que dará paso a una nueva legislatura. Pone el foco en los próximos años, que el equipo de Feijóo cree que van a ser particularmente complicados para Sánchez y que él se propone hacer intransitables. No solo con una oposición durísima, de la que formará parte esencial la denuncia constante de los pactos con otras fuerzas políticas, sino con ayuda de los jueces.

“No nos vamos a callar. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos”, advirtió, pero las manifestaciones seguirán incluso después de la investidura. “Da igual que haya gobierno o no. Este no es el problema”. Los llamamientos a tomar las calles continuarán para hacer frente a “todos los atropellos de Sánchez”.

En el PP han llegado a la conclusión de que habrá Ley de Amnistía, que ellos llaman “de impunidad” aunque no vaya a blindar a ninguno de sus beneficiarios de un castigo judicial si cometen nuevos delitos en el futuro. Pero creen que los jueces encontrarán la manera de sortearla para seguir persiguiendo en los tribunales a algunos de los que los promotores de la norma pretender perdonar.

“Impunidad”

“Cada día estamos viendo cómo esa ley de impunidad no se cierra porque todos los días hay más delincuentes a los que incluir dentro de la futura norma, personas que “forman parte del círculo de aquellos que tienen los siete votos que necesita Pedro Sánchez para poder mantenerse como presidente del Gobierno”, compartió el martes con los periodistas la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Cada día “más delincuentes y más causas deben incluirse en esa impunidad” para dar “tranquilidad” a Junts “de que no tendrán que rendir ninguna cuenta ante la justicia ni en el presente ni en el futuro”. 

El problema para el PSOE y para Sumar, sostienen en la calle Génova, es que en última instancia “el Estado de Derecho funciona. Por mucho que Pedro Sánchez controle no solo el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, es difícil que, aunque quiera, pueda controlar al Poder Judicial y pueda garantizarle a alguien que va a poder controlar el Estado de Derecho no sólo en el presente sino también en el futuro”. 

Gamarra no mencionó expresamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acaba de dictar un auto que trata de torpedear la futura ley de amnistía incluyendo en un sumario por terrorismo al líder de Junts, Carles Puigdemont, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Pero sí se mostró esperanzada con que este tipo de actuaciones continúen en el futuro. 

Independencia judicial

Lo que no cree es que se trate de una injerencia en una negociación política que afecta la investidura. “La democracia tiene una base, que es la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el respeto a las resoluciones del poder judicial. Otra cosa es que el sanchismo esté dando la vuelta a todo esto”, argumentó.

“Por mucho que un político esté negociando una amnistía”, el PP espera que no solamente los jueces, sino también el Consejo General del Poder Judicial, dominado ilegalmente por una mayoría conservadora que caducó hace cinco años, “sigan funcionando. Yo espero que siga siendo así, porque España siga manteniendo la separación de poderes y el equilibrio y el control entre los poderes debe de existir”. Lo que hay que hacer, argumentan en Génova, “es respetar las actuaciones que han ocurrido en el pasado, que no se pueden desautorizar ni deslegitimar, las que en estos momentos están en marcha o las que en el futuro puedan surgir”.

Y es en estas últimas en las que más confían, a la vista de la decisión del juez García Castellón, que aparentemente ha puesto patas arriba la negociación entre el PSOE y Junts. Si la amnistía no puede garantizar el perdón para todos los afectados por el procés, razonan en el PP, el acuerdo de investidura acabará saltando por los aires y con él la frágil mayoría en la que Sánchez planea apoyarse los próximos cuatro años. PSOE y Sumar no pueden garantizar todo lo que están prometiendo, aseguran.

Diferencias ideológicas y programáticas

El PP legitima la protesta en la calle con un discurso incendiario y alineado con la extrema derecha

El PP legitima la protesta en la calle con un discurso incendiario y alineado con la extrema derecha

No es ese el único motivo que citan los de Feijóo para especular con que el presidente no conseguirá mantenerse mucho tiempo en la Moncloa. Citan también “las profundas diferencias ideológicas y programáticas que tienen entre sí todos aquellos a los que tiene que convencer”, especialmente entre partidos situados a en el centroderecha —Junts y PNV— y los de izquierdas —ERC, EH Bildu y BNG—. Pero también se refieren a la inevitable rivalidad entre formaciones que se van a disputar el voto en los próximos meses, primero en el País Vasco —PNV y EH Bildu— y después en Cataluña —Junts y Esquerra—. En sus respectivas elecciones autonómicas y también en las europeas del año que viene, en las que el PP confían en conseguir una derrota severa del PSOE.

Es en ese contexto en el que Feijóo se propone mantener la intensidad con la que está ejerciendo la oposición en las últimas semanas. Con movilizaciones en la calle, con la utilización de las instituciones que controla al servicio del partido con el fin de poner en dificultades al Ejecutivo —el Senado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el CGPJ caducado— y trasladando a la Unión Europa la tesis de que en España se incumple el Estado de Derecho. Una acusación particularmente grave en pleno reparto de los fondos Next Generation.

Es de esa combinación, la tarea de los jueces para impedir la aplicación de la amnistía, al menos parcialmente, y de su propia ofensiva política dentro y fuera de España de donde Feijóo espera conseguir el anticipo electoral con el que sueña para tener una segunda oportunidad de llegar a la Moncloa. 

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