Feijóo propone al PSOE lo mismo que Casado: renovar el CGPJ pero sólo si renuncia a la ley vigente desde 1985

Nueve semanas ha tardado el PP de Alberto Núñez Feijóo en confirmar que, en lo que al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se refiere, está en el mismo sitio que Pablo Casado. 

El eurodiputado y vicesecretario de política institucional del partido, Esteban González Pons, anunció este lunes, en respuesta a la petición del Gobierno para que el PP deje de bloquear la renovación del CGPJ, que su partido está dispuesto a cumplir la ley siempre y cuando el PSOE acepte su reforma para despolitizar la justicia. Exactamente la misma condición que planteó en su día Casado y que ha llevado al actual Consejo a un callejón sin salida que dura ya más de tres años. La anomalía sin precedentes que padece el CGPJ, con todos sus integrantes en funciones, ya afecta al Tribunal Constitucional, cuatro de cuyos integrantes dependen de que el PP ponga fin al bloqueo.

Aun así, el PP no tiene ninguna prisa. Tres meses después de asumir el mando del partido Feijóo, tardará aún otro mes en remitir una propuesta concreta al Gobierno.

Renovar el CGPJ, un mandato de la Constitución y de la ley reguladora del Poder Judicial, fue uno de los asuntos que el presidente Pedro Sánchez trasladó a Feijóo en la reunión que mantuvieron en la Moncloa el 7 de abril. El nombramiento de los vocales está pendiente desde el 4 de diciembre de 2021 por decisión de Pablo Casado, que durante su mandato se negó reiteradamente a cumplir la norma que obliga al PP y al PSOE a negociar su composición. 

El antecesor de Feijóo trataba así de forzar al Gobierno y a la mayoría del Congreso a cambiar la ley que regula la renovación de este órgano desde hace 37 años. Y aunque Esteban González Pons fue deliberadamente ambiguo, con la excusa de que el PP quiere que el Gobierno conozca el contenido de su propuesta directamente y no a través de la prensa, fuentes de Génova 13 confirmaron que no ha habido cambios. 

El PP quiere vincular la renovación, aplicando la ley actual —es decir, mediante un acuerdo del Congreso y del Senado que sólo es posible con el concurso de los dos grandes partidos—, a una reforma del sistema que sólo apoya la derecha. De hecho, el modelo que promueve el PP ya fue objeto de debate en el Congreso de los Diputados hace apenas nueve meses. Entonces fue rechazado por una amplísima mayoría absoluta de la Cámara y sólo mereció el respaldo de 152 diputados: los del PP, Vox, Ciudadanos, Foro y UPN (hoy en el grupo mixto).

González Pons no concretó la propuesta, que planteó como “de renovación de los órganos constitucionales, de reforma y de regeneración de la Justicia”. El PP acepta que tiene la obligación de cumplir el mandato constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial, pero alega que “la situación ha llegado a tal extremo, es de tal gravedad, que ya no basta con una simple renovación”. 

El encargado por Feijóo de negociar la renovación con el Gobierno dejó claro que el modelo actual —un acuerdo entre PP y PSOE— le parece un “cambio de cromos” en una “salita del Palacio de la Moncloa”. “Esto no se resuelve sentándonos un ministro y un miembro de la dirección del PP en un cuartito cerrado y llamándoles a ustedes para decirles los nombres de los que vamos a poner”.

“Hay que dar un paso más: es necesario que en la negociación haya publicidad, que se incluyan reformas para que esta situación no vuelva a darse nunca más” y “un compromiso con la regeneración de la política de justicia en nuestro país”. “Estamos dispuestos a negociar la renovación, pero no podemos hacerlo si no incluye regeneración y reforma”, zanjó González Pons. “Habrá que hacer reformas para que esto no vuelva a suceder. Y a partir de ahí, con transparencia, luz y taquígrafos, abiertamente y pudiéndolo explicar, habrá que renovar los órganos constitucionales”. No antes.

No al reparto de puestos

“No va a bastar ya con que los dos partidos más grandes se repartan los puestos” porque “a la justicia hay que devolverle la transparencia y el acatamiento que los dos grandes partidos le hemos retirado en los últimos tiempos”. Hay que “reconocer que no hemos hecho las cosas suficientemente bien, reconocer que es responsabilidad de los grandes partidos que la justicia se encuentre como se encuentra”. 

La culpa, con todo, es sobre todo del actual presidente del Gobierno, sostiene González Pons. “Va a dejar unas instituciones destrozadas. Después del Gobierno de Sánchez va a haber que pensar en unos pactos de la Moncloa para recuperar la institucionalidad de nuestro país”.

El PP no ha querido concretar el contenido de su propuesta de reforma del modelo de elección del CGPJ, pero el hecho de que haya anunciado que se basará en lo que piden las asociaciones de jueces y fiscales confirma que será idéntica a la que pretendía Casado: que 12 de los 20 vocales, todos los que la Constitución no reserva expresamente al Congreso y al Senado, sean designados directamente por jueces y magistrados. 

No incluirá, aseguró González Pons, “ninguna reforma que el PSOE no pueda asumir”. “Deberíamos llegar a un sistema de elección que no fuese impugnado para cada mayoría que gobierne en España. Debemos sacar a la justicia del debate político, que recupere la independencia”.

La elección de ocho de los 20 miembros del Consejo fue fijada en su día en el artículo 122.3 de la Constitución, que atribuyó esa facultad al Congreso y el Senado. Lo que busca el PP es que sólo los jueces elijan a los doce miembros restantes del CGPJ sin participación alguna del legislativo. Quiere poner fin a la norma actual, que se ha aplicado con gobiernos del PP y del PSOE, según la cual Congreso y Senado deciden esos puestos, aunque no libremente: deben elegir a partir de una lista de medio centenar de nombres propuestos directamente por jueces y magistrados.

En contra de lo que el PP sostiene, el modelo actual no compromete la independencia del Poder Judicial. Así lo estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada el 29 de julio de 1986: “Ni la autonomía ni la facultad de autogobierno” de los jueces y magistrados “se reconocen en la Constitución ni se derivan lógicamente de la existencia, composición y funciones del CGPJ”. Lo que la Carta Magna consagra es “la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia”. El CGPJ no deriva de la “existencia de un autogobierno de los jueces” sino de la decisión de los constituyentes de “crear un órgano autónomo que desempeñe determinadas funciones, cuya asunción por el Gobierno podría enturbiar la imagen de la independencia judicial, pero sin que de ello se derive que ese órgano sea expresión del autogobierno de los jueces”.

La Constitución, recordaba aquel fallo, “obliga, ciertamente, a que doce de los vocales del Consejo sean elegidos ‘entre’ jueces y magistrados de todas las categorías, mas esta condición tiene como principal finalidad que un número mayoritario de vocales del Consejo tengan criterio propio por experiencia directa sobre los problemas que los titulares de los órganos judiciales afrontan en su quehacer diario, de la misma forma que, al asignar los restantes ocho puestos a Abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, se busca que aporten su experiencia personas conocedoras del funcionamiento de la justicia desde otros puntos de vista distintos del de quienes la administran”.

No hay que olvidar, recuerda el TC, que el CGPJ no tiene ni siquiera “carácter representativo”, algo que “ni se reconoce en el texto constitucional, ni se desprende de forma necesaria de la naturaleza del Consejo, al no ser este órgano de una supuesta autoorganización de los jueces”.

Tampoco se sostiene la tesis del PP de que el modelo vigente “politiza la justicia”. “La verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial”, razona la sentencia del TC, “no consiste en que sea el órgano de autogobierno de los jueces sino en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”.

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De hecho, la experiencia de estos años demuestra que los vocales elegidos por Congreso y Senado, aun teniendo perfiles progresistas o conservadores, no siempre votan siguiendo esa etiqueta ni de acuerdo con los intereses de los partidos que originalmente les propusieron para sus cargos.

El bloqueo del CGPJ contamina ya al Constitucional. Cuatro magistrados están en funciones desde el 12 de julio y deben ser renovados por elección del Gobierno (dos de ellos) y del Consejo (los otros dos). El PP ya ha advertido al Gobierno del riesgo que entraña pretender elegir los suyos sin esperar al CGPJ, que mientras no se renueve no puede hacer nombramientos. 

Si el Gobierno decide renovar el Constitucional de forma “unilateral”, advirtió González Pons, pondrá “la legitimidad del tribunal en entredicho, quebrará la Constitución y tendrá que aceptar las consecuencias de la UE”. Consecuencias “políticas, jurídicas y económicas”, subrayó, en referencia a la posibilidad de que Bruselas bloquee la entrega de los fondos europeos si considera que el Gobierno español actúa contra el Estado de derecho.