Felipe VI sigue sin reformular la Casa Real un año después del repudio a su padre, pendiente de los tribunales

14 de marzo de 2020, sábado. Mientras los españoles se preguntaban qué es un estado de alarma y empezaban a asumir que debían quedarse en casa para frenar la pandemia de coronavirus, el diario británico The Telegraph publicaba una información escandalosa que relacionaba directamente al rey Felipe VI en los negocios opacos de su padre al situarle como segundo beneficiario de una sociedad offshore creada por Juan Carlos I en Panamá y vinculada a una cuenta suiza en la que se habían ingresado casi 65 millones de euros supuestamente donados por Arabia Saudí.  El periódico británico ya venía publicando informaciones sobre la fortuna del rey emérito, pero era la primera vez que el actual jefe del Estado se veía salpicado.

15 de marzo de 2020, domingo. Los españoles seguían asimilando el confinamiento, que entonces parecía que iba a durar dos semanas, mientras las noticias en prensa sobre aumento de contagios y fallecimientos por covid-19 iban en aumento. A última hora de la tarde, de forma sorpresiva, la Casa Real envió un comunicado a las redacciones que nada tenía que ver con la pandemia. Los primeros titulares destacaban que Felipe VI le retiraba la asignación oficial a su padre y que renunciaría a la herencia que éste le pudiera dejar, pero el mensaje que transmitía era de mucho mayor calado: el jefe del Estado admitía implícitamente posibles irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón e informaba de que él se había enterado al menos un año antes de parte de ellas.

"En coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, S.M. el Rey quiere que sea conocido públicamente que S.M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona", decía el comunicado de Zarzuela.

Según este texto, Felipe VI había tenido conocimiento de la existencia de la Fundación Lucum, donde habían sido depositados los 65 millones de euros, el 5 de marzo de 2019, es decir, un año antes de la publicación del comunicado, a través del despacho de abogados que representa a la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen. También decía que desconocía que fuera beneficiario, como en la anterior, de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo de su padre y de actualidad en las últimas semanas por ser el origen de gastos por más de ocho millones de euros de los que el monarca abdicado se habría estado beneficiando.

Los escándalos que cercan a Juan Carlos de Borbón afectan irremediablemente a su hijo y al futuro de la monarquía, la institución que Felipe VI dijo en su discurso de proclamación que debe "velar por su dignidad, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social", pero transcurrido un año del comunicado que admitía unas conductas no del todo legales e íntegras por parte del rey emérito, la Corona no ha dado aún ningún paso que lleve a su "modernización" para adaptarla al siglo XXI. La palabra "modernización" es la que suele repetirse más desde el bloque socialista del Gobierno de Pedro Sánchez cuando se abre el debate del futuro de una institución puesta en tela de juicio.

Este cuestionamiento se ha agravado en los últimos meses a raíz de las dos regularizaciones fiscales que ha llevado a cabo el rey emérito por valor de algo más de cinco millones de euros, incluidos intereses y recargos. Con ellas, Juan Carlos I está admitiendo que eludió pagar al fisco cantidades que podrían superar los nueve millones de euros, pero también está tratando de evitar una posible querella de la Fiscalía por delitos contra la Hacienda pública, ya que éstos se habrían cometido tras su abdicación en junio de 2014, habiendo perdido ya la protección de la inviolabilidad que la Constitución otorga la Jefatura del Estado.

La situación creada por las actividades económicas supuestamente ilegales protagonizadas por Juan Carlos de Borbón, tanto las que llevó a cabo cuando era rey como las que tuvieron lugar después de su abdicación, ha puesto sobre la mesa las dificultades que implica encontrar una fórmula jurídica eficaz a la hora de afrontar el problema que plantea poner límites a los privilegios legales de los monarcas en España.

A vueltas con la inviolabilidad

El verano pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista a infoLibre y elDiario.es que "evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades" y que "los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad", un planteamiento que también defendía para el jefe del Estado. Pero desde entonces no ha habido avances en este sentido.

Los expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre coinciden, en general, en que teóricamente nada impide legislar para establecer obligaciones de transparencia y limitar las actividades económicas del rey, pero también indican que eso no solucionaría el problema de la inviolabilidad del monarca. Pero no porque esté en la Constitución, sino porque los tribunales españoles siempre le han dado una interpretación extensiva, de manera que no limita sus efectos al período de ejercicio del cargo sino que mantiene su vigencia incluso cuando pierde la Corona.

“La Constitución distingue dos cosas que a menudo se confunden”, explicaba a este periódico el profesor Joaquín Urías: “la inviolabilidad y la irresponsabilidad”. La irresponsabilidad quiere decir que el rey no responde ni políticamente ni jurídicamente por los actos que haga como rey siguiendo el mandato al que está obligado por el Congreso o por el Gobierno. Nadie le puede pedir cuentas por un discurso que normalmente tiene el visto bueno del Ejecutivo ni por promulgar una ley aprobada por la Camara Baja. Pero “una cosa diferente es la inviolabilidad”. Es un privilegio que le protege de tener que dar cuenta ante los tribunales por cualquier actividad delictiva mientras sea rey pero que, en opinión de Urías, no debería blindarle cuando deja de serlo.

Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, comparte esta opinión. La mayoría de la doctrina, admite, cree que los delitos cometidos por un rey siguen siendo imposibles de someter a la acción de la justicia cuando el monarca deja de serlo, pero él considera que “hay margen” para hacer intrepretaciones más restrictivas sobre la inviolabilidad: "La inviolabilidad para mí está vinculada a la institución, no a la persona. Una vez que dejas de encarnar la institución, nada obsta para que se abran investigaciones y se depuren responsabilidades incluso por los años en los que se fue rey”, explica.

Así, pues, dentro del debate de la inviolabilidad del monarca se abre otro subdebate sobre la interpretación que el constitucionalista dio a este concepto en la redacción de la Carta Magna y si para hacer una interpretación restrictiva es necesaria una reforma de la Constitución. Pero este privilegio no es ni mucho menos el único asunto que está poniendo en serios apuros a la credibilidad de la Corona con la que ahora carga a sus espaldas Felipe VI.

Ley de la Corona

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, hace mucho tiempo que echa “en falta” una ley de la Corona, “desde la aprobación de la Constitución o, al menos, desde el 23F, suceso en el que se puso de manifiesto una grave asintonía entre el rey y el presidente del Gobierno acerca de los nombramientos de los altos cargos de la Casa”. Ya hubo algún borrador de una ley así en el pasado, pero nunca llegaron a buen puerto y no pasaron de una primera lectura.

Esa norma, en su opinión, no afectaría a la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey, pues ve discutible que estos dos privilegios pudiesen suprimirse en una reforma constitucional porque son “dos prerrogativas esenciales de la monarquía, como residuo irrenunciable de su posición institucional que compensa su carencia de poder político”. Pero esa ley sí debería “ajustar media docena de preceptos”, entre ellos “el estatuto jurídico de la Reina consorte o del consorte de la Reina”.

La cuestión ahora es si se dan las condiciones políticas para acometer cambios de tal enjundia, que requieren de un consenso amplio. El sector socialistadel Ejecutivo no quiere dar ningún paso en este sentido sin previo acuerdo con la Casa del Rey y tampoco sin tener seguro que elPartido Popular va a ir de su mano en esta materia. El catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo no ve viable la aprobación de una ley de la Corona, pues no cree "posible un acuerdo con el PP mientras exista Vox”. “Teóricamente se podría pensar, pero tendría que ser con un acuerdo [entre partidos] que casi es el mismo que haría falta para reformar la Constitución. Tal y como está el patio, yo ahora mismo no lo veo”, resume.

No obstante, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, anunció el pasado diciembre que la formación registrará en los próximos meses una ley de la Corona con la que pretende regular “qué puede hacer el rey y qué no” y garantizar “más transparencia” a la institución monárquica que, según el diputado, no tiene suficientes controles democráticos. “No puede ser que nos enteremos de las cuentas corrientes que tiene el rey emérito por una investigación criminal”, dijo.

Cambios en leyes ya en vigor

Tocar la Constitución o redactar una ley regulatoria de la Corona no son las únicas vías posibles para dotar de una mayor transparencia a la institución y contribuir a frenar su desgaste ante la opinión pública. Algunas adaptaciones de la legislación vigente y una serie de gestos voluntarios del jefe del Estado contribuirían a esa "adaptación" de la Corona que lleva meses en el debate público y político. Serían una buena base, un primer paso, y para ello se podría mirar hacia la propia ley de transparencia, de diciembre de 2013, o a la ley del alto cargo, de marzo de 2015. En el momento de la aprobación de ambas, o se pasó de puntillas por la institución, o simplemente se la dejó al margen.

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En la Moncloa son claros: trabajan "sin prisas" y con la "cautela" que requiere un asunto que afecta a la Jefatura del Estado. Pero sobre todo insisten en que debe ser"a iniciativa" de Felipe VI. Es algo que, además, les abriría la puerta al apoyo parlamentario de las formaciones no republicanas.

Respecto a la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, una modificación en el apartado del ámbito de aplicación permitiría incluir a los miembros de la Casa del Rey como sujetos obligados y, por tanto, con algunas obligaciones similares a las de los altos cargos, como la publicación de bienes y patrimonio y declaraciones de renta que se exigen según esta norma para controlar, entre otros asuntos, que no hay incrementos patrimoniales injustificados.

En cuanto a la ley de Transparencia y Buen Gobierno, incluye en su ámbito de aplicación a la Casa del Rey, pero no a la familia real. En el estado de liquidación que publica la Casa del Rey sobre sus gastos se detallan los de personal o en bienes y servicios, pero con conceptos amplios como “atenciones protocolarias” o “material, suministros y otros”. Menos detalle ofrecen sobre lo que recibe directamente la familia: sólo dan la cifra inicial y la ejecutada. La institución está a un mundo, por ejemplo, de la monarquía británica en cuestión de transparencia: Buckingham informa pormenorizadamente de todos los desembolsos; por bebida y comida –1,7 millones de libras en 2019–, por ordenadores, por uniformes y hasta por la peluquería de la reina Isabel II.