Feministas celebran el compromiso social contra la violencia sexual pero reclaman cambios legislativos

Este lunes las fiestas de Bilbao se cerraban con el anuncio de tres agresiones sexuales cometidas el pasado sábado en la capital vizcaína. Se trata de uno de los muchos episodios de un listado, el de la violencia sexual, que no deja de aumentar. También el lunes el Ayuntamiento de Sestao (Bilbao) expresaba su repulsa ante la agresión sexual que sufrió una joven menor de edad durante el viernes noche. El pasado 22 de agosto eran tres los detenidos en Málaga y Marbella por delitos idénticos, el 26 de agosto fue Calahorra (La Rioja) el escenario de una presunta agresión de índole sexual a una menor, y el mismo día era detenido un hombre en Valencia por abusar de su hijastra de doce años. Ninguno de los presuntos agresores será juzgado de acuerdo con la Ley Orgánica contra la Violencia de Género.

La norma, impulsada en el año 2004, entiende como violencia de género "todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad", siempre y cuando se produzca "por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges [de las mujeres víctimas] o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad". Queda excluido, por tanto, todo agresor que no mantenga o haya mantenido lazos afectivos con la víctima.

Esto "supone un lastre, porque no existe una política global estatal fuerte en materia de agresiones sexuales desde una perspectiva de género". Habla Elena Laporta, abogada en Women’s Link Worldlike, quien en conversación con infoLibre explica las consecuencias que derivan de dicho escenario. "La falta de especialización, en particular en el ámbito de justicia, hace que no exista un enfoque de género y eso conlleva obstáculos", principalmente el de "la utilización de estereotipos de género por parte de quien interviene en el sistema judicial". Además de suponer un escollo para que las mujeres y las niñas accedan en condiciones de igualdad a la justicia, "eso además entraña un incumplimiento del Convenio de Estambul, que establece que la violencia de género abarca todas las formas de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", subraya la abogada.

Estadísticas: la punta del iceberg

En el año 2016, según el anuario elaborado por el Ministerio del Interior, fueron conocidas 1.249 agresiones sexuales con penetración. La cifra permanece prácticamente inmutable en comparación con años anteriores: 1.229 en 2015; 1.239 en 2014; 1.298 en 2013 y 1.280 en 2012.

La estadística de Interior añade, además, diversos delitos como la corrupción de menores o incapacitados, la pornografía de menores y otras infracciones contra la libertad o la indemnidad sexual.

Por su parte, la encuesta publicada en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, revela que el 5% de las mujeres que habitan en la Unión Europea han sido obligadas a mantener relaciones sexuales a partir de los 15 años, mientras que el 6% afirman que alguna persona las obligó a participar en una actividad sexual en contra de su voluntad o cuando eran incapaces de negarse a ello y finalmente otro 6% han accedido a realizar actividades sexuales porque temían lo que pudiera pasarles si se negaban.

En conjunto, la encuesta señala que una de cada tres mujeres –el 33%– ha experimentado violencia física o sexual desde los 15 años de edad, porcentaje que en España se sitúa en el 22%.

Bárbara Tardón, experta en violencia sexual, denuncia que "las estadísticas incumplen todos los estándares internacionales" porque "no son precisas" y además sólo muestran "la punta del iceberg". A su entender, las comisarías únicamente reciben "cerca del 1% de los casos" que diariamente se producen en las calles. Tampoco existen "estudios específicos" sobre la violencia sexual, y las cifras registradas no sirven para ahondar en las características de las agresiones que sufren las mujeres.

Respecto a la inmovilidad de las cifras, Tardón estima que "si no hay medidas efectivas, no van a variar" con el paso de los años. La experta, que se reconoce pesimista en este sentido, considera que la violencia sexual responde a un fenómeno "absolutamente sistémico" que se alimenta de "todos los pilares que también sostienen al patriarcado", de modo que el primer paso para combatirla es, a su juicio, "que exista un Estado que asuma responsabilidades".

Legislación

Las agresiones sexuales, pese a no contar formalmente con el estatus de violencia de género en la legislación española, sí se encuentran contempladas lógicamente en el Código Penal. La normativa fija distintas penas en función del delito cometido. Las agresiones sexuales con violencia o intimidación se encuentran castigadas con una pena de prisión de uno a cinco años, mientras que de existir "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal", la pena aumenta de seis a doce años en total. En ambos casos, siempre que existan particularidades como un trato degradante y vejatorio, las penas aumentarán de cinco a diez años para el primer supuesto y de doce a quince para el segundo.

En cuanto a los abusos sexuales, la pena será de uno a tres años o multa de 18 a 24 meses, pasando de cuatro a diez años en caso de abuso sexual que consista en acceso carnal. Ambas penas se impondrán en su mitad superior si se incurriera en alguno de los agravantes contemplados por la ley.

En caso de que la víctima tenga entre 16 y 18 años, la pena de prisión por realizar actos de carácter sexual será de uno a tres años, y de dos a seis cuando exista acceso carnal. Finalmente, y respecto a los menores de 16 años, le pena será de dos a seis años, que aumentarán de cinco a diez cuando exista violencia e intimidación, y de ocho a doce si existe acceso carnal. Estas tres últimas penas se incrementarán en su mitad superior si se producen determinadas circunstancias, como la actuación conjunta de dos o más personas.

Sin embargo, la no inclusión de estos supuestos en la Ley contra la Violencia de Género dificulta que las víctimas puedan beneficiarse de una protección adecuada e impide que los agresores cumplan las penas en base al agravante de violencia machista. Para solventarlo, existen diversas normas autonómicas sobre violencia de género, posteriores a la estatal de 2004, que han incluido el supuesto de agresión sexual en su redacción. La vigente en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, incorpora en su ámbito de aplicación las agresiones y abusos sexuales contra la mujer en la forma en que queda definida en el Código Penal.

En este sentido, Elena Laporta señala que , aunque "la mayor parte de comunidades autónomas han adoptado una concepción amplia de violencia de género siguiendo la normativa internacional y europea", ello no se traduce en"efectos en el ámbito judicial porque compete al Estado regularlo". Por ello, y pese a ser "fundamentales los avances en las comunidades autónomas", se hace necesaria "la prevención, investigación y penalización a nivel estatal" y eso sólo se consigue "desde un enfoque de género".

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, entiende que el hecho de que se estén reconociendo las agresiones sexuales como violencia de género a nivel autonómico no hace sino "poner en su sitio lo que la legislación internacional dice". La feminista subraya que existe la "tendencia a contextualizar como violencia de género sólo lo que está en la ley estatal", pero las leyes internacionales, matiza, "apuntan a un fenómeno amplio que incluye toda una serie de delitos", entre ellos los de índole sexual. Para que la inclusión de este tipo de agresiones en las leyes autonómicas sea efectiva, añade, tiene que derivar en una "batería de servicios y medidas para las víctimas", porque "que una ley diga que una agresión sexual es violencia de género depende de lo que venga después".

Por su parte, Bárbara Tardón se muestra abiertamente crítica ante el panorama actual: "En términos jurídicos, es exactamente el mismo hace 30 años que hace dos meses". La experta sostiene que, pese a existir un estatuto de la víctima, éste no incluye una "perspectiva de reparación para las víctimas de agresiones sexuales" y critica que en esencia no se haya hecho "ninguna modificación importante".

En cuanto a las comunidades autónomas, lamenta la ausencia de recursos que impiden hacer efectivas las "campañas de sensibilización". A nivel estatal "no hay respuesta asistencial", de modo que "da igual que los municipios y comunidades" denuncien este tipo de agresiones y las incorporen a sus normativas "si luego no existe un recurso al que acudir".

Pacto de Estado

El recién aprobado Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha supuesto un paso al frente en el compromiso político contra la violencia machista. Han sido muchas las organizaciones que, de acuerdo con el Convenio de Estambul y la necesidad de seguir avanzando en cuestiones legislativas, han pedido una ampliación de la intervención en materia de violencia de género considerando también el ámbito que queda fuera de la pareja.

En este contexto, Marisa Soleto entiende imprescindible que las víctimas de agresiones y abusos sexuales se beneficien de medidas especiales. Para la feminista resulta "más que razonable" que los casos de agresión sexual "se juzguen en la planta de los juzgados de violencia de género", porque estas mujeres "se podrían beneficiar de la especialización" de los profesionales que en ellos operan.

El Pacto contra la Violencia de Género contempla en su octavo eje, Visualización y atención a otras formas de violencia contra la mujer, la violencia sexual como una de las formas más extendidas de violencia de género y donde más necesario es el trabajo institucional. Propone crear, por este motivo, una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual en la que se incluirán administraciones y asociaciones especializadas, todo ello acompañado por el desarrollo de programas integrales de atención y campañas informativas.

Tardón, no obstante, considera insuficientes las medidas contempladas en el marco del acuerdo estatal. "No existe una modificación de la ley integral en los términos que demandábamos", denuncia la activista, quien lamenta asimismo que el pacto tampoco camine hacia un cambio en las medidas penales. "El sistema penal se tenía que adaptar y eso en el Pacto de Estado no se toca", agrega. "Son medidas buenas, pero residuales. No hay un compromiso firme, la tierra sigue siendo baldía".

Conciencia social

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El estancamiento a legal y la inexistente evolución de las cifras contrasta con la progresiva repulsa social. Marisa Soleto detecta "un antes y un después" en relación a los hechos ocurridos durante los Sanfermines de 2016, cuando un grupo de cinco hombres violó a una joven de 18 años. "A nivel social lo que ha salido a la luz es el trabajo de las organizaciones feministas", que han logrado visibilizar "algo que resultaba cotidiano y a lo que no se daba la importancia suficiente".

La conciencia social supone, a juicio de Soleto, un paso clave a la hora de fortalecer la lucha contra la violencia sexual. Resulta importante, expone la feminista, porque "en España hay una delincuencia relacionada con las violaciones, que es un crimen mucho más frecuente de lo que nos gustaría" y porque "cuando no se es consciente también existe una menor posibilidad de que las víctimas denuncien". El hecho de sacarlo a la luz, por tanto, hace posible "convertirlo en un ilícito no sólo legal sino también social".

Con ella coincide Tardón, quien insiste en diferenciar entre la inmovilidad legislativa y la "mayor conciencia y sensibilización social". A su entender, "hay un antes y un después en Pamplona a nivel sensibilización", pero en el ámbito político "no hay ninguna modificación" y, asevera, "la violencia sexual no se puede circunscribir a unas fiestas porque es transversal a todo".