El viernes 20 de marzo, seis días después de la declaración del estado de alarma que salvo urgencias implicaba el parón de unos tribunales ya poco ágiles, una denuncia acabó a media mañana en el juzgado de Carmen Rodríguez-Medel, el de instrucción número 51 de Madrid. La denuncia constaba de 44 páginas, había sido presentada la víspera en el juzgado de guardia, llevaba la firma de un particular llamado Víctor Valladares y se dirigía nada menos que contra el presidente y todos los delegados del Gobierno de España por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo. El supuesto delito, prevaricación: adoptar una decisión injusta a sabiendas de que lo es. En solo tres días, y con el fin de semana por medio, la magistrada ya inició el lunes 23 de marzo sus actuaciones. Un tiempo breve en comparación con el que suele transcurrir en otras muchas causas.
Hoy, y tras su inmediata admisión solo en lo que respecta a José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid, aquella denuncia es ya una gran bola de nieve. Y sus consecuencias, imprevisibles. Con otros elementos de envergadura se amalgaman lo que al menos aparentan ser misteriosas y anticipadas filtraciones de información cuyo origen, no obstante, nadie puede demostrar pero que chocan con la exigencia de sigilo proclamada por la jueza. Esas filtraciones se suman a las incógnitas que suscita la celeridad en el desarrollo de unas diligencias oficialmente definidas por la magistrada como “no urgentes”. Y, por supuesto, a todo lo anterior se une la irrupción de un informe de la Guardia Civil encargado por ella misma y plagado de errores.
Pero hay más. Porque en la primera investigación penal en curso sobre el papel del Gobierno y sus representantes en la crisis del coronavirus emerge un hecho –el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos- que ha eclipsado la inusitada rapidez de la jueza. Tan inusitada que citó a declarar a Franco para el 5 de junio, solo un día después de que se recupere la normalidad procesal, aunque finalmente lo ha pospuesto al 10. Máxime en una causa no sujeta al secreto de sumario, la normalidad significa por ejemplo la puesta en marcha del contador de plazos procesales para presentar recursos y solicitar pruebas. El cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha dejado también en un segundo plano las graves acusaciones de la Abogacía del Estado: las de que Rodríguez-Medel ha abierto una “causa general” donde se vulnera el derecho a la defensa de José Manuel Franco.
En resumen, la destitución de Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza” y cuyo relevo asegura Interior que tenía pendiente, constituye hoy el factor más visible del agitado universo en cuyo núcleo inicial se sitúa la investigación de Rodríguez-Medel. Es este un caso donde las manifestaciones del 8M –120.000 asistentes– aparecen en la cúspide de una cordillera de actos masivos donde los restantes han sido condenados al ostracismo. Por ejemplo en los papeles del caso que han trascendido ni se menciona el Atlético-Sevilla que congregó aquel fin de semana a 60.000 personas en el Wanda Metropolitano ni a los 10.000 militantes que Vox reunió en Vistalegre. Solo se refiere a ellos la Abogacía del Estado. Lo hace en el recurso donde solicita la nulidad de las actuaciones emprendidas contra Franco.
Una supuesta "paralización de las actuaciones" de Medel que nunca existió
Jefe de quienes elaboraron el citado informe de la Guardia Civil, la destitución del coronel copa un debate donde entra también en escena la sorpresiva exigencia formulada por la mayoritaria y conservadora APM (Asociación Profesional de la Magistratura) para que otro poder del Estado distinto al judicial, el Ejecutivo, reponga al destituido coronel pese al estricto carácter discrecional de su cargo. De la APM forma parte la jueza Rodríguez-Medel.
Al cese de Pérez de los Cobos, que le comunicó por teléfono la noche del domingo 24 la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y se hizo público la mañana del lunes 25, le siguió una inmediata dimisión: la del director operativo (DAO) del Cuerpo, Laurentino Ceña. A la serie se une como tercer eslabón la destitución del hasta entonces número 3 de la Benemérita, Fernando Santafé. Pero la tormenta sigue arreciando. Y nadie aventura hasta dónde alcanzará la inundación. Este sábado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo lo siguiente en una entrevista concedida a El País: “No hay riesgo de insubordinación. La Guardia Civil sabe que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno”.
La oposición acusa a Interior de haber destituido a Pérez de los Cobos como represalia por su negativa a informar a sus superiores sobre el contenido del informe. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, lo negó ya el mismo lunes y se reiteró tajante el viernes, durante la comisión de Interior del Congreso. “Ni yo ni nadie –afirmó Marlaska– solicitó al señor Pérez de los Cobos ni el informe ni acceder a su contenido”.
Hasta ahora, Marlaska ha dejado en el aire una pregunta esencial: qué exactamente actuó como catalizador en esa pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos. El ministerio ha impuesto la consigna de no facilitar ninguna información que permita esclarecer los hechos. Pero fuentes conocedoras del caso aseguran que, en realidad, el cese de Pérez de los Cobos no obedeció a ninguna negativa a revelar nada que la jueza hubiese encomendado a la Comandancia de la Guardia Civil. Y que sí lo hizo otro hecho inédito que este periódico no ha podido contrastar: que Interior perdió la confianza en el coronel al comprobar que, lejos de aducir su comprensible obligación de silencio, había transmitido a sus superiores información distinta a la real. Y esa información se enmarca en qué había sucedido tras la petición de la jueza de un informe a la Comandancia de Madrid.
Siempre según esa versión, lo que Pérez de los Cobos narró ante sus jefes se resume así: que, precisamente por estar en estado de alarma, la causa judicial se había paralizado al completo. Y que nada, por tanto, seguiría adelante mientras no se hubiese recuperado la normalidad.
Una vez que el informe llegó a manos de la jueza el 21 de mayo y fue trasladado a las partes personadas, la supuestamente invocada paralización quedó al descubierto como inexistente. De momento, como partes personadas en la causa solo figuran la Abogacía del Estado, que defiende al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y la Fiscalía. Fechado el 21 de mayo, el informe llegó ese mismo día a las 09.15 horas de la mañana al juzgado de Rodríguez-Medel.
Sea como sea y mientras persista la niebla, lo irrefutable es que PP, Ciudadanos y Vox piden la cabeza de Marlaska por un asunto cuya apariencia evoca un episodio fechado en diciembre de 2012, al término del primer año de gobierno de Mariano Rajoy: aquel que, a través de la diputada canaria Ana Oramas, sacó a la luz la existencia de una circular que ordenaba a la Guardia Civil informar al detalle de los políticos investigados una semana antes de la operación en curso. Oramas dio a conocer la orden dirigida las unidades policiales durante una comisión parlamentaria de Interior. El entonces director general del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, dijo desconocer el contenido de aquel escrito. Oramas lo sacó a la luz. ¿Quién había dado la orden? El DAO de la época, Cándido Cardiel.
Ahora, lo que está sobre la mesa es el más que polémico informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Cinco días después de su inmediata entrega a la jueza instructora, eldiario.es adelantó los errores repartidos en sus 83 páginas. Entre ellos aparecen desde la atribución al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de unas declaraciones falsas sobre el momento en que se confirmaron los casos de transmisión comunitaria a la fecha, también falsa, en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia. El informe señala que lo hizo el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después del 8M.
Los líderes evangélicos y la reunión medular del 5 de marzo
Hay más ejemplos que ponen en solfa su contenido. Como este: junto al informe se entregó en el juzgado un vídeo emitido en la web de la Cope sobre un bulo viralizado por PP y Vox durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la marcha del 8M de portar guantes para protegerse de contagios porque ya sabían que el covid-19 campaba a sus anchas. El vídeo obvia que imágenes de otros años muestran que asistentes a las manifestaciones del Día de la Mujer portaban ya guantes de color morado de forma simbólica.
Pero la simbiosis entre el dossier policial y determinados medios de comunicación no se limita a bulos o informaciones erróneas. Algunos de los datos manejados por la Guardia Civil, especialmente uno que los autores del informe consideran medular para concluir que el Gobierno debió prohibir las manifestaciones del 8M, ya habían sido publicados por al menos dos digitales dos semanas antes de que el informe fuese entregado a la jueza. El documento fue elaborado por dos agentes. Ambos tenían la condición de subordinados de Pérez de los Cobos.
¿Eran de conocimiento general esos datos antes de que la investigación echase a andar? No. El que sobresale es el referido a una reunión que mantuvieron el 5 de marzo con líderes evangélicos responsables del Ministerio de Sanidad. Tras el encuentro, y a petición de Sanidad, se canceló un congreso previsto para mediados de aquel mes. “Todas estas circunstancias -dice el informe policial en referencia a aquella reunión- hacen ver a esta instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria”.
Pero aquí, antes de seguir adelante, hay que volver atrás para entender cómo ha crecido esa enorme bola de nieve que hoy rueda pendiente abajo y coloca a Marlaska en la situación más complicada desde su nombramiento como ministro en junio de 2018. Y hay que recordar que, en efecto, todo comenzó el 20 de marzo. O sea, el primer viernes de una etapa de hibernación judicial que, salvo viraje de última hora, acabará el 4 de junio. Cruzado aquel fin de semana, la magistrada que gobierna el juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decidió el mismo lunes 23 de marzo admitir parcialmente la denuncia de Víctor Valladares, un letrado de trayectoria convulsa a raíz de sucesivos enfrentamientos con clientes por cuestión de dinero, como desveló la Cadena SER.
A partir de ese lunes, el delegado José Manuel Franco pasaba así a obtener el rango oficial de investigado. O de imputado. ¿La razón? El supuesto delito de prevaricación y otro con que la jueza había ampliado el espectro de infracciones abordado por el denunciante: lesiones por imprudencia.
Aunque la propia magistrada escribió en su auto que consideraba “no urgentes” aquellas actuaciones, las abrió sin pedir opinión a la Fiscalía, lo cual no es obligatorio pero sí lo usual. Y el reloj comenzó a correr como en una de esas películas donde las agujas se mueven de forma casi sincopada. Los restantes denunciados -los demás delegados del Gobierno- quedaban así al albur del denunciante dado que la juez no entendió necesario comunicar a los jueces de otras provincias la detección de indicios de un supuesto delito que, a tenor de su criterio, podía haberse cometido de forma idéntica en otras 17 provincias salvo al parecer una: Santander, cuya delegada es la única que ni menciona la denuncia. Contra el presidente Pedro Sánchez, Valladares sí formuló una denuncia el 26 de marzo ante el Supremo, que aún no ha decidido sobre su admisión. Y añadió al texto original el delito que la jueza Rodríguez-Medel había introducido por decisión propia: lesiones imprudentes.
Un vínculo emocional
Hija y hermana de miembros del Cuerpo que han desarrollado buena parte de su actividad en Madrid y antigua asesora del Ministerio de Justicia en la etapa de Rafael Catalá durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la magistrada tampoco se lo pidió a la Unidad Central Operativa del Instituto Armado, la ya célebre UCO. Se lo encomendó el mismo 23 de marzo a la comandancia madrileña que capitaneaba el coronel Diego Pérez de los Cobos.
La magistrada no ha accedido a explicar por qué no puso la investigación en manos de la Policía, la fuerza actuante habitual cuando el eventual delito se produce en un escenario urbano, como lo es Madrid por antonomasia. Uno de los sindicatos policiales más jóvenes, ARP (Agrupación Reformista de Policías), emitió un comunicado el viernes donde sostiene que ninguna de las normas legales que regulan la Policía Judicial ni el funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad puede “justificar el haber obviado a nuestros compañeros de Policía Nacional”. Salvo, añade la nota, que la jueza no confíe en ese Cuerpo “por razones que solo conocerá” ella misma.
La relación de Rodríguez Medel con la Benemérita nunca ha sido un secreto. Como no lo es que fue la instructora del caso máster, que puso en aprietos al Supremo por la decisión del alto tribuna de exculpar al líder del PP, Pablo Casado, y que ha situado a Cristina Cifuentes en espera de sentarse en el banquillo.
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Entre la magistrada y Pérez de los Cobos el vínculo es, por tanto, un orgullo de pertenencia al Cuerpo: emocional en el caso de la jueza, orgánico y tangible en el del coronel. De 56 años, hermano del expresidente del Tribunal Constitucional y exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos, conservador él mismo aunque sin conexión directa con ningún partido, el coronel destituido inició su etapa como alto cargo en 2006 con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro.
Nueve años antes, cuando las dentelladas de ETA aún parecían inacabables pese a los intentos de diálogo de los Gobiernos del PSOE y, luego, del PP, el hasta ahora jefe de la Guardia Civil en Madrid había participado en el grupo que la madrugada del 1 de julio de 1997 liberó a José Antonio Ortega Lara tras un secuestro de 532 días que a punto estuvo de costarle la vida. Una vez incorporado al panel de altos cargos, se mantuvo en él durante toda la etapa de Mariano Rajoy y alcanzó su cénit cuando dirigió la actuación de las Fuerzas de Seguridad el 1 de octubre de 2017 durante el referéndum convocado por las fuerzas independentistas catalanas.
Fue a Pérez de los Cobos a quien el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, atribuyó de forma implícita la responsabilidad de las cargas policiales aquel día en Cataluña. Zoido le arrojó la pelota al coronel al afirmar que la responsabilidad de lo ocurrido recaía en "los mandos operativos". Y el que llevaba el timón, el mando operativo, era Pérez de los Cobos. Dos años y medio después, mientras aquel 20 de marzo en que la peculiar denuncia llegó a manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, el país vivía petrificado como en una escena de Matrix mientras se desarrollaba ya una lucha sin cuartel contra el covid-19. Y su nombre, el de Diego López de los Cobos, se preparaba para regresar de nuevo al centro del debate.