Una orden del Gobierno de Rajoy obligó a la Guardia Civil a informar a Interior sobre investigaciones judiciales y la AUGC denuncia que sigue en vigor

La turbulenta crisis desatada tras el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por un informe para la jueza que investiga al delegado del Gobierno ha colocado en el disparadero al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general del Instituto Armado, María Gámez. Con la oposición pidiendo al unísono sus cabezas, la crispación llegó este martes a su cénit tras publicar elconfidencial.com el confuso texto de la propuesta de cese donde Gámez explicaba la destitución del mando "por no informar del desarrollo de investigaciones". Pero la bronca ha tenido un efecto inesperado: desempolvar una instrucción interna dictada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2012 y que pasó a obligar a todas las unidades de policía judicial a informar cada semana a la cúspide del Cuerpo sobre las operaciones en marcha.

La orden mantiene su validez, aseguran fuentes oficiales consultadas por infoLibre tras destapar tal hecho el sindicato mayoritario del Instituto Armado, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Y se aplica en todo el país. De hecho, la AUGC emitió por la tarde un comunicado donde pide que esa instrucción, reproducida ahora en su formato original por este periódico, sea "retirada". ¿Por qué? Porque "establece una obligación aún vigente de dar cuenta a Interior de las investigaciones que se estén llevando a cabo. No de su contenido sino de su mera ejecución".

Pero, orden al margen, se mantiene intacta una pregunta: ¿Qué revela lo que aparece escrito en la nota que con firma electrónica suscribió Gámez a las 22.14 horas del domingo 24 de mayo? ¿Denota la intención de la cúpula de Interior de enterarse de qué decía el informe para la jueza Carmen Rodríguez-Medel? ¿Significa su correoso texto que fue la negativa de Pérez de los Cobos a desvelar el contenido del informe lo que condujo a su destitución? Localizado al final de la escueta propuesta de cese, las palabras que han desencadenado la tormenta son las siguientes: que se propone el cese del coronel "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

Interior niega de manera taxativa que albergase la menor voluntad de injerencia. Lo que le costó el puesto al coronel por "pérdida de confianza", aseguran desde el equipo de Marlaska y tal como avanzó infoLibre el domingo, fue que mintió a sus superiores al asegurar que la jueza había paralizado las actuaciones por la situación de estado de alarma. Y que el caso abierto por las manifestaciones del 8-M en Madrid y su supuesto papel como grandes difusoras de la pandemia solo seguiría adelante cuando se recobrara la normalidad. Según Interior, fue la entrega del informe a la jueza el 21 de mayo y su filtración periodística inmediata –la primicia la dio elconfidencial.com el día siguiente– lo que llevó a descubrir de inmediato que el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid había ocultado la verdad. Que la supuesta paralización de actuaciones nunca había existido. Y que aquello había terminado de derrumbar una confianza que –sostienen las fuentes consultadas– era ya entonces exigua. 

En su comparecencia ante el Senado, Marlaska reiteró este martes la versión de que jamás nadie exigió al coronel Pérez de los Cobos mostrar el contenido del informe. El ministro habló en esos términos después de que el lunes cometiese lo que múltiples observadores, incluida la AUGC, consideran un error garrafal: intentar desligar el cese de todo lo relacionado con el caso del 8-M, abierto el 20 de marzo y que con inusitada celeridad  tiene contra las cuerdas al máximo representante del Gobierno central en Madrid, José Manuel Franco, quien declarará como imputado el día 10. Y ello pese a que la propia jueza las califica de actuaciones "no urgentes". Una frase de las pronunciadas por el ministro ante la Cámara Alta resume su posición: "Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia, ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha injerido en la tramitación del mismo".

El mensaje que recoge la orden

Marlaska ni siquiera mencionó la orden interna que impone a las unidades de policía judicial la obligación de informar semanalmente sobre las operaciones en marcha. Impartida por  quien en marzo de 2012 era el director operativo (DAO) de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, su existencia quedó silenciada después de que, en diciembre de aquel mismo año, la diputada canaria Ana Oramas enarbolase un resumen recibido en la comandancia del archipiélago. Lo hizo durante un debate parlamentario y en presencia del entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. El caso levantó una polvareda escasa aunque las asociaciones de guardias civiles expresaron su malestar. Ahora, este periódico reproduce el mensaje con apariencia de correo electrónico enviado el 28 de marzo de 2012 desde "DG Estado Mayor" a distintos estamentos de la cadena de mando y cuyo texto no ofrece dudas: "De orden del Teniente General Director Adjunto Operativo, a partir de la fecha y antes de las 13.00 horas de cada viernes, las Jefaturas dependientes de la Dirección Adjunta Operativa, incluidas las Zonas, remitirán a la Jefatura de Policía Judicial, y esta a su vez antes de las 14.30 a la Secretaría del DAO y al Estado Mayor, una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente". 

Marlaska alega que fue su número dos quien cesó a De los Cobos y que trató de "respetar su carrera" al no hablar del 8M

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La reseña -añade la orden- debe contener los siguientes datos: "Nombre de la operación y unidad participante. Concepto de la operación. Fecha previsible. Número previsible de detenidos e implicados. Registros de inmuebles que se prevea practicar. Posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales". Como colofón, aparece lo siguiente: "Asimismo, también se comunicarán estos extremos respecto a aquellas operaciones que, encontrándose en fase de explotación, presenten novedades relevantes".

Ahora bien, ¿debe entenderse que tal instrucción resulta aplicable cuando un juez, como ocurre en el caso del 8-M, encomienda la elaboración de un informe y en funciones de policía judicial no a la Unidad Central Operativa (UCO) sino a una comandancia, la de Madrid, como ocurre aquí? Las fuentes oficiales consultadas aseguran que sí. Y lo sostiene también el secretario general de AUGC, Juan Fernández, quien sostiene que el cumplimiento de la norma nunca ha decaído. "Por eso pedimos ahora que se derogue", agregó como explicación del porqué de la propuesta de su sindicato. El comunicado de la AUGC añade elementos sobre el asunto. "Cabe recordar –dice el texto– que desde la Dirección General se emitía en 2012, con el Gobierno de entonces [el primero de Mariano Rajoy], una instrucción mediante la cual se cambiaba, y así continúa siendo a día de hoy, la manera de realizar las investigaciones". 

El texto prosigue sin ambigüedades: "Así, desde entonces, las unidades de Policía Judicial han de informar semanalmente al Ministerio del Interior". La frase continúa enumerando los puntos que enuncia la orden de 2012. "La tormenta política vuelve a salpicar a la Guardia Civil y su trabajo de investigación. Y lo hace en medio de una causa judicial abierta". Abierta y dirigida por una magistrada que nunca ha ocultado su vínculo emocional con el Cuerpo. Rodríguez-Medel es hija y hermana de guardias civiles que han desarrollado en la Comandancia de Madrid buena parte de su carrera.