La imputación del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, en el caso Urdangarin irrumpió en escena a comienzos de año como el primer ariete judicial que traspasaba la muralla de la Casa Real. Pero no será el único si el magistrado instructor del caso acepta la petición formulada ayer jueves, 7 de marzo, por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach para que declare como testigo el asesor jurídico externo del rey, José Manuel Romero, conde de Fontao. Si el juez José Castro, que hasta ahora nunca ha rechazado una solicitud de citación del fiscal, accede a interrogar a Romero, el consejero del monarca estará obligado, como cualquier testigo, a decir toda la verdad sobre lo que sepa. Y deberá explicar, en consecuencia, por qué autorizó el nacimiento de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS), la asociación más turbia de la serie creada por el duque de Palma. Fue justamente DCIS la entidad indirectamente utilizada en 2007 para sacar de España medio millón de euros que acabaron en cuentas ligadas al paraíso fiscal de Belice.
Del confuso y cambiante relato que los portavoces oficiales de la Casa Real han ido vertiendo desde que en noviembre de 2011 estalló el escándalo, sólo hay un elemento fuera de discusión: que el conde de Fontao actuó como emisario del rey ante su yerno, Iñaki Urdangarin. La cuestión estriba en dilucidar cuál fue el mensaje que realmente le trasladó. La primera versión oficial señalaba que, en la primavera de 2006, Fontao ordenó al marido de Cristina de Borbón romper amarras con su socio, Diego Torres.
Esa versión ha ido modificando sus contornos a medida que documentos y declaraciones demostraban que no se produjo tal ruptura y que Urdangarin siguió al frente del entramado que, nucleado en torno a la pretendida ONG Instituto Nóos logró seis millones de euros públicos. Y que solo se alejó de Diego Torres a mediados de 2008, pero no por razones de índole política o moral. Tan sólo por desacuerdos sobre el reparto del dinero.
Colaboración para hacer "crecer" el proyecto
En vísperas de la declaración judicial en la que, el pasado 23 de febrero, Urdangarin puso toda la carne en el asador para salvar la imagen del rey y de su mujer, la infanta Cristina, el abogado de Diego Torres envió al juez una nueva tanda de emails comprometedores. Y entre los comprometidos por lo que en ellos se dice figura el conde asesor.
Uno de los correos, fechado el 14 de diciembre de 2006 y remitido a Diego Torres, el duque de Palma escribe lo siguiente: "Hoy he comunicado a JM Romero del [sic] arranque de la Fundación así como pedir su colaboración para hacer crecer este proyecto a nivel de mecenazgo como de asesor. Asimismo le he dicho la importancia de que al fusionar las dos fundaciones podamos utilizar los fondos de la absorbida para invertirlos en la nueva. Al respecto no me ha puesto ningún impedimento, es más, cree que está claro desde el principio que eso va a ser así. Pide si es posible el documento de la firma notarial para poder hablar con el protectorado de fundaciones para cerrar el tema de la absorción. Hoy mismo le había llamado la persona en cuestión para saber cómo estaba el tema. No sé si es posible pero lo pide para poder operar".
En su escrito, el fiscal Horrach solicita también al juez una declaración ya prevista desde hace meses, la del hoy diputado al Congreso por el PP Esteban González Pons. En diciembre de 2005 y cuando era consejero de la Generalitat valenciana en el Gobierno de Francisco Camps, Pons firmó con el Instituto Nóos un convenio de seis millones para organizar los llamados Juegos Euoropeos, nunca celebrados. El evento cayó por el precipicio apenas meses después pero, aun así, Nóos cobró 382.000 euros.
El precedente de Camps
El entorno de Pons siempre ha sostenido que el entonces consejero valenciano se limitó a firmar el convenio por orden de Camps, cuyo Gabinete fue el que directamente hizo los pagos a la asociación de Urdangarin. Pero, en cualquier caso, su testimonio puede resultar determinante para terminar de inclinar la balanza en la parte valenciana del caso.
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Las fuentes de la investigación consultadas por infoLibre creen que desde julio de 2012, cuando declararon una decena de ex altos cargos valencianos, la espada de Damocles de la imputación pende sobre Francisco Camps y, también, sobre la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Aunque Camps ya no ocupa ningún cargo ejecutivo, mantiene, como Barberá, un escaño en las Cortes valencianas. Y ese factor les confiere a ambos una prerrogativa: la de que sólo pueden ser investigados por el Tribunal Superior (TSJ) de Valencia.
Si el juez concluyera que Camps y Barberá o alguno de ellos debe ser imputado, tendría que inhibirse en favor del TSJ en lo concerniente a todo lo relacionado con el caso que esté vinculado a esa comunidad. Ni el juez ni el fiscal se han pronunciado jamás sobre las razones por las que llevan casi ocho meses demorando esa hipotética inhibición. Pero observadores cualificados pronostican que, si hay inhibición, esta sólo se producirá cuando el caso central esté ya cerrado. Y avizoran una sola causa tras esa demora: el temor a que el TSJ valenciano guarde el asunto en el cajón o le dé cerrojazo en falso. El precedente de lo sucedido con la primera pieza del caso Gürtel, la denominada de los trajes, planea como un fantasma al que conjurar.
El TSJ valenciano, entonces presidido por un magistrado amigo de Camps, archivó el caso y, aunque se vio luego forzado a reabrirlo, la investigación sufrió un revés cuyas consecuencias son todavía difíciles de calibrar. Separado el caso de los trajes regalados de la parte sustancial de la Gürtel –la presunta financiación ilegal del PP–, Camps terminó absuelto por un jurado popular.
La imputación del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, en el caso Urdangarin irrumpió en escena a comienzos de año como el primer ariete judicial que traspasaba la muralla de la Casa Real. Pero no será el único si el magistrado instructor del caso acepta la petición formulada ayer jueves, 7 de marzo, por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach para que declare como testigo el asesor jurídico externo del rey, José Manuel Romero, conde de Fontao. Si el juez José Castro, que hasta ahora nunca ha rechazado una solicitud de citación del fiscal, accede a interrogar a Romero, el consejero del monarca estará obligado, como cualquier testigo, a decir toda la verdad sobre lo que sepa. Y deberá explicar, en consecuencia, por qué autorizó el nacimiento de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS), la asociación más turbia de la serie creada por el duque de Palma. Fue justamente DCIS la entidad indirectamente utilizada en 2007 para sacar de España medio millón de euros que acabaron en cuentas ligadas al paraíso fiscal de Belice.