La fiscal de la causa archivada contra una residencia donde murieron 75 mayores no acudió a la declaración del único imputado porque “estaba de vacaciones”

La residencia Elder, en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), figura en un ranking catastrófico: es una de las diez de toda España donde más personas fallecieron durante la primera ola del covid. En la primavera de 2020 murieron 75 residentes, casi la mitad de los 160 que vivían allí. Siete familiares presentaron una denuncia y el Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso inició una de las pocas causas abiertas en los tribunales por lo ocurrido en cientos de residencias de España, donde murieron más de 20.000 personas en los tres primeros meses de la pandemia. Pero el juez Daniel Vicente Pérez ha decidido enterrar pronto la esperanza de los familiares en que se hiciera justicia. Este jueves, 9 de diciembre, archivó la causa contra el único imputado: José Manuel Sampedro, director de la residencia Elder en marzo de 2020. Las muertes se debieron a “circunstancias desafortunadas”, sostiene el juez.

José Manuel Sampedro, periodista de formación y que carecía de cualquier experiencia en el sector antes de ser nombrado director de la residencia Elder, era también concejal del PP en el Ayuntamiento de Tomelloso cuando ocurrieron los hechos. Elegido en las municipales de 2019, se vio forzado a presentar su dimisión en diciembre del año pasado, dos semanas después de ser imputado por el juez que investigaba la denuncia de los familiares de los fallecidos en Elder. La residencia es propiedad de una fundación del mismo nombre, que preside el padre de Sampedro.

La instrucción judicial ha durado poco más de un año, tiempo que solo ha servido para tomar declaración al único investigado y a seis testigos, para analizar algunos mensajes del móvil de Sampedro y para recibir alguna documentación de la Fundación Elder y de la Junta de Castilla-La Mancha, que intervino el centro el 19 de marzo de 2020, cuando ya habían fallecido 15 personas y decenas estaban contagiadas y morirían en las siguientes semanas. En esa instrucción al ralentí –Sampedro no declaró hasta ocho meses después de ser imputado–, hay un hecho que llamaba especialmente la atención: la pasividad casi absoluta de la Fiscalía.

“De vacaciones”

El pasado 2 de diciembre, una semana antes de que se conociera el archivo de la causa, infoLibre se puso en contacto por escrito con el fiscal jefe de Ciudad Real –Luis Huete– para interesarse por la actuación del Ministerio Público en este caso. Entre otras cuestiones, este periódico preguntó por qué la Fiscalía ni siquiera había acudido a la declaración del único investigado, además de ausentarse también en la comparecencia de tres testigos. También pedía conocer infoLibre si la Fiscalía había realizado alguna actuación durante la instrucción judicial.

Luis Huete respondió a las preguntas de infoLibre en la mañana de este viernes, 10 de diciembre, un día después de que se conociera el archivo de la causa. En cuanto a la ausencia de la fiscal adscrita al caso en la declaración del único investigado, señala lo siguiente: “En la causa a la que usted se refiere, la fiscal estaba comprometida para asistir a las declaraciones de los testigos citados el día 9 de abril y el día 16 de abril para la declaración del investigado. A las declaraciones del día 9 asistió la fiscal, aunque debido a que se prolongaron bastante, no pudieron ser vistos todos los testigos (creo que fueron tres testigos) y la declaración del investigado prevista para el día 16 de abril fue suspendida por el Juzgado. Ambas declaraciones se aplazaron y se convocaron para los días 26 y 27 de julio de 2021 y esos días la fiscal que despacha el asunto estaba de vacaciones y no existía en ese momento ningún fiscal libre de servicios que pudiera asistir a las declaraciones”.

En otras palabras: en el hecho que probablemente mayor impacto ha tenido en Ciudad Real en las últimas décadas, donde se investigaba lo ocurrido en una residencia en la que terminaron falleciendo 75 personas, la fiscal adscrita al caso no consideró necesario interrumpir sus vacaciones para interrogar al único imputado y el Ministerio Público no fue capaz de encontrar a nadie que la sustituyese, porque todos sus miembros estaban en otros “servicios”.

Luis Huete, de todas formas, considera que se debe restar importancia a esta ausencia. “En ningún caso el hecho de no asistir a las declaraciones es un impedimento para hacer un seguimiento activo del proceso”, sostiene en su respuesta escrita a infoLibre el fiscal jefe de Ciudad Real, que defiende en estos términos la actuación del Ministerio Público en la investigación sobre Elder: “Después de que el día de ayer [por el jueves] pudiera revisar las actuaciones y consultar con la fiscal que despacha los procedimientos de ese juzgado, he podido comprobar que la Fiscalía ha tenido una intervención activa en el procedimiento, aunque no siempre los fiscales podemos estar presentes en todas las actuaciones judiciales que se practican en los Juzgados, aunque se trate de asuntos tan importantes como el que usted refiere y aunque se trate de coordinar con el juzgado la práctica de declaraciones que pudieran tener relevancia para el desarrollo del proceso”.

Ante esta respuesta, infoLibre se dirigió de nuevo a Luis Huete para preguntarle si podía explicar en qué se había traducido esa “intervención activa en el procedimiento”, puesto que la información recabada por este periódico en fuentes conocedoras de la causa indicaban exactamente lo contrario: que la Fiscalía, además de no asistir a la declaración del imputado y de otros testigos, no había realizado ninguna actuación para impulsar la instrucción. El fiscal jefe de Ciudad Real evitó concretar en qué había consistido esa “intervención activa” [al final de esta noticia puedes consultar el contenido literal del intercambio de correos entre infoLibre y Luis Huete].

Por último, el fiscal jefe indicó a este periódico que se acababa de “enterar por la radio” de que el juez había dictado un auto de archivo, por lo que aún no sabe si el Ministerio Público lo recurrirá: “He comprobado que el auto en cuestión no ha sido notificado a la Fiscalía por lo que desconocemos la fundamentación. Una vez se nos haya notificado la resolución la analizaremos detenidamente y valoraremos si se recurre o no se recurre”.

"Un cúmulo de circunstancias desafortunadas"

La decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso se conoció en la tarde del jueves 9 de diciembre y el contenido del auto de archivo fue adelantado por el digital PeriódicoCLM. El juez Daniel Vicente Pérez entiende que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito en el que estaría involucrado el investigado" y sostiene que todo “obedeció a un cúmulo de circunstancias desafortunadas”. Los familiares habían presentado denuncia contra Sampedro y contra la Fundación Elder por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro,.

En su resolución, a la que ha tenido acceso infoLibre, el juez asegura que la residencia Elder "abordó el problema con actuaciones positivas que seguían las recomendaciones que la habían sido dadas", entre las que cita la decisión del director del centro de cerrar la residencia el 11 de marzo, “anticipándose incluso al decreto 8/2020 del presidente de la Junta de Comunidades de 12 de marzo que establecía medidas en este sentido". Aquel 11 de marzo ya se había confirmado el primer contagio de un residente de Elder.

El instructor asegura que por parte del director de la residencia se produjo en todo momento "una actuación cuidadosa con la normativa que se iba proporcionando por parte de las autoridades, excluyendo cualquier tipo de infracción del deber de cuidado".

Y tampoco entiende que se le pueda imputar a Sampedro un delito de omisión del deber de socorro puesto que no detecta que se hubiera producido por su parte "una supuesta minimización u ocultación de los riesgos del covid-19". Pero en todo caso, añade, "la posible displicencia que pudo mostrar el investigado no era anormal en el contexto de subestimación hacia el virus instalado en todos los estamentos sociales".

Así que ni siquiera cree necesario practicar el resto de las diligencias de investigación solicitadas por las partes y decreta el archivo de la investigación.

El "tremendo dolor" de los familiares

Poco después de conocerse la decisión del juez Daniel Vicente Pérez, los familiares de los fallecidos que presentaron la denuncia hicieron pública una nota de prensa en la que expresan “el tremendo dolor” que les ha causado el archivo del procedimiento, “cuando todas las pruebas que existen han acreditado los hechos” detallados en la denuncia.

Los familiares recuerdan que Sampedro “no quiso adoptar ningún protocolo de actuación para proteger” a los residentes de Elder frente al coronavirus, “pese a haber sido requerido para ello en varias ocasiones por sus trabajadores, y también pese a estar obligado a llevarlo a cabo ya desde el mes de febrero de 2020 y 5 de marzo, según las instrucciones del Ministerio de Sanidad”.

“Nuestros familiares quedaron desprotegidos frente al virus. No tenían mascarillas como exigían las autoridades sanitarias, convivían compartiendo zonas con usuarios contagiados. No se nos permitía sacar a los familiares porque no atendían al teléfono, es decir, no tuvimos ninguna opción de salvarlos. Un dolor irreparable”, explican los familiares, quienes también destacan que los seis testigos que declararon ante el juez “confirmaron” los hechos denunciados. “No hay ningún testigo que respalde los diversos relatos que ha tenido el director del centro durante todo este tiempo”, sostienen.

Los familiares también lamentan la actitud de la Fiscalía durante el procedimiento: “En una investigación de unos hechos tan graves como estos, nos hemos sentidos solos, pues únicamente nosotros hemos sido quienes hemos ejercido la acusación. Hemos echado en falta una labor de investigación más exhaustiva por parte de la Fiscalía, pues no ha comparecido en varias declaraciones que se hacían en el juzgado, ni siquiera a la declaración del director del centro. Nos extrañó esta postura, tenemos que respetarla, pero no podemos compartirla”.

Por último, los familiares califican la decisión judicial de “apresurada, incomprensible y extraña” y anuncian que recurrirán el archivo del procedimiento: “Queremos que se sepa lo que realmente ocurrió, que se investigue de principio a fin lo que sucedió en la residencia, y cómo gestionó su director la lucha contra la pandemia que se llevó a nuestros familiares. Se lo debemos a ellos y no vamos a parar”.