La conducta personal de Manuel Moix "dista mucho de ser ejemplarizante” y por ello debía cesar de inmediato como fiscal jefe Anticorrupción. El entrecomillado se inserta en el comunicado que el 30 de mayo de 2017 difundió la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras desvelar infoLibre que Moix poseía el 25% de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Panamá y dueña de un chalé en Collado Villalba (Madrid) valorado en 550.000 euros. Puedes consultar aquí todo el dosier del caso.
En aquel momento, el presidente de la UPF era Álvaro García, ahora fiscal general del Estado. El viernes pasado, y con el voto en contra de nueve de los 11 vocales del Consejo Fiscal, García designó a Moix para un puesto de nueva creación que no implica un ascenso formal pero le otorga grandes poderes: será –es ya– quien dirija los expedientes disciplinarios abiertos a cualquier fiscal de España. El equipo de la Fiscalía General no ve motivos para que el nombramiento de Moix genere inquietud en el ministerio público. Los portavoces de García no se pronunciaron sobre el referido comunicado de la UPF firmado hace cinco años.
En la trayectoria de Moix, lo relacionado con Panamá no es lo único que llevó a la UPF a sostener en aquel comunicado que "al frente de quien debe combatir cualquier tipo de corrupción no puede estar un fiscal permanentemente cuestionado, siempre en el ojo del huracán". Dos días antes de que en mayo de 2017 saliera a la luz la existencia de la firma panameña Duchesse Financial Overseas, el hoy fiscal general ya había sostenido públicamente que Moix no podía ocupar la jefatura de Anticorrupción. Porque para entonces ya había trascendido el contenido de unas escuchas al expresidente de Madrid Ignacio González. Las obtuvieron los investigadores del luego conocido como caso Lezo meses antes de que el entonces fiscal general, José Manuel Maza, pusiera a Moix al frente del departamento encargado de combatir la corrupción.
Como destapó la Cadena SER, lo que en aquella conversación intervenida le dijo González al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana fue lo siguiente: “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque el que quieren poner de fiscal... El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno... se llama Moix, es un tío serio y bueno".
En una entrevista publicada por elDiario.es el 27 de mayo de 2017, Álvaro García confirmó que él mismo había avisado a José Manuel Maza sobre el riesgo de nombrar para Anticorrupción a Manuel Moix. Es decir, al fiscal al que Ignacio González había dedicado las afirmaciones que se reproducen en el párrafo anterior. “El nombramiento –respondió el actual máximo responsable del ministerio público– es una decisión discrecional del fiscal general, aunque es cierto que había fiscales más adecuados para Anticorrupción. Tiene la imprudencia de nombrarlo sabiendo de las repercusiones que podía tener porque se lo dijimos: 'Cuando esto salga a la luz, la credibilidad, que es lo que nos importa a la fiscalía, se va a ver en entredicho".
La entrevista se publicó con el siguiente titular: “Hay que evitar que el fiscal general se convierta en un Rey Sol”. O sea, en una réplica de Luis XIV de Francia, a quien se atribuye una máxima de resonancias autoritarias: “El Estado soy yo”.
En abril de aquel mismo 2017, Moix había intentado parar uno de los registros a Ignacio González. Lo hizo la víspera de que el sucesor de Esperanza Aguirre fuese detenido. Aquello, como reconoció el hoy fiscal general en la citada entrevista, perjudicó a la Fiscalía. “Habría que ser muy cauto para no llegar a un sitio donde hay gente trabajando desde hace muchos años y entrar de manera poco prudente al imponer tus criterios. Ahí sí que se puede hacer una crítica de una falta de prudencia que ha aumentado la falta de credibilidad de la fiscalía y provocado que se cuestione de una forma tan seria nuestro trabajo”.
A finales de la primera década del siglo, Moix se había negado en tres ocasiones a investigar las denuncias contra Ignacio González por el pelotazo de su familia con el campo de golf promovido en la poderosa empresa pública madrileña Canal de Isabel II, que él mismo presidía. Finalmente, González se sentará en el banquillo por ese caso.
Los deseos del comisario Villarejo
Pero lo relatado en los párrafos anteriores sobre Ignacio González no es el único episodio que coloca a Moix en arenas movedizas cuya profundidad nunca ha llegado a conocerse. Porque quien ya se ha convertido en el icono de las llamadas cloacas del Estado, el excomisario José Manuel Villarejo también había expresado su deseo de que Moix resultara elegido fiscal jefe de Anticorrupción. Es más, lo que transmitió a sus dos interlocutores en una charla grabada por él mismo que desveló infoLibre y que acabó incorporada al sumario donde se investiga al ya expolicía se resume en una frase. Una frase, y de nuevo emerge el bucle, sobre un nombramiento, el de máximo responsable de Anticorrupción, que aún estaba pendiente de resolver: “Como no salga Moix, me preocuparé”.
Villarejo se lo dijo de viva voz a dos de sus amigos o socios el 17 de febrero de 2017. Según El País, Moix ejerció como profesor en el centro de estudios jurídicos de Villarejo, Schola Iuris. Fue nombrado fiscal jefe de Anticorrupción el día 22 de febrero. Dimitió el 1 de junio.
El nombramiento de Manuel Moix como Promotor de la Acción Disciplinaria se produjo este pasado viernes con la oposición de los nueve vocales del Consejo Fiscal que pertenecen al órgano tras haber sido elegidos mediante votación: los seis que representan a la conservadora Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria; los dos de la progresista UPF; y el único que procede de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Este mismo lunes, esta última asociación ha emitido un comunicado en el que reprocha al fiscal general que escoja de forma "autocrática" para una alta responsabilidad a alguien que tuvo que dimitir por su participación en una sociedad offshore. En favor de Moix se alinearon las dos vocales natas del Consejo: la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde; y la inspectora jefe, María Antonia Sanz.
Recordando el pasado (reciente)
Fiscales que participaron en la sesión del viernes han confirmado a infoLibre que vocales de la AF y de la APIF recordaron a Álvaro García los episodios que colocaron a Moix en la cuerda floja durante su breve etapa como jefe de Anticorrupción. Los dos fiscales de la UPF no entraron en ese debate.
Al puesto de Promotor de la Acción Disciplinaria, de nueva creación, optaban tres candidatos. Dos de ellos fiscales de sala, máxima categoría dentro del cuerpo: Manuel Moix, que no consta como afiliado a ninguna asociación; y Francisco Moreno, de la Asociación de Fiscales .
La tercera candidata, Teresa Olavarría, tiene larga experiencia en la inspección. Un cuarto aspirante solo se postulaba para el cargo de suplente del Promotor: Manuel Campoy. La AF apoyó a su candidato, Moreno, y a Olavarría como suplente. Tanto la UPF como APIF dieron sus votos a Olavarría y a Campoy.
A la pregunta de si a la Fiscalía General del Estado le preocupa que el nombramiento de Manuel Moix como Promotor de la Acción Disciplinaria inquiete a los fiscales, fuentes del equipo de Álvaro García respondieron así: "No creemos que haya riesgo de inquietud entre los miembros de la carrera fiscal". Las mismas fuentes expusieron así el porqué de su designación: "El FGE ha valorado el currículum, la solidez profesional, la capacidad de trabajo y, muy especialmente, el amplio conocimiento de la legislación contencioso-administrativa de Manuel Moix".
"El Reglamento –prosiguen sus portavoces– establece que el Fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria y su sustituto deberán pertenecer a la carrera fiscal, no estar destinados en la Inspección Fiscal y tener la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo o de fiscal con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera".
De hecho –agregaron– el propio Reglamente dice también que “mientras desempeñen el cargo (máximo de 2 años), el Fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria o, en su caso, su sustituto, cuando no tengan con anterioridad la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, adquirirán la consideración honorífica de tal categoría".
Al cargo –continúan las fuentes– "optaban dos fiscales de sala y el FGE ha valorado tanto la experiencia profesional de Moix como su condición de no asociado, que despeja cualquier apariencia de parcialidad".
En cuanto a la tercera candidata, Teresa Olavarría, ha estado destinada más de diez años en la inspección fiscal. Según la FGE, ese factor jugó en su contra porque el Reglamento [del Ministerio Fiscal] "establece como requisito para los candidatos o las candidatas no estar destinados en la Inspección Fiscal”.
Además, subrayaron las mismas fuentes, "han pasado cinco años desde la dimisión de Moix como Fiscal Anticorrupción, los mismos años que lleva alejado de cualquier foco en la Fiscalía".
La conducta personal de Manuel Moix "dista mucho de ser ejemplarizante” y por ello debía cesar de inmediato como fiscal jefe Anticorrupción. El entrecomillado se inserta en el comunicado que el 30 de mayo de 2017 difundió la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras desvelar infoLibre que Moix poseía el 25% de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Panamá y dueña de un chalé en Collado Villalba (Madrid) valorado en 550.000 euros. Puedes consultar aquí todo el dosier del caso.