El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Jesús Dolz Lago mostró este martes su "respetuosa discrepancia" con la decisión del Alto Tribunal de archivar la causa abierta contra el exministro socialista de Fomento José Blanco y el portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro por los regalos navideños que recibieron del presidente del Grupo Monbus, Raúl López, imputado por corrupción. En un duro artículo publicado en el periódico especializado en información jurídica diariolaley, el fiscal analiza la decisión del TS y asevera que no es "coherente ni lógico" dar carpetazo al asunto "sin investigar" bajo el pretexto de que "no está acreditado lo que resultaría de una investigación".
López fue detenido, con 60.000 euros en metálico destinados a un empresario hotelero de la zona, en marzo de 2015 en Sanxenxo (Pontevedra) en el marco de la conocida como operación Cóndor, abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y que investiga a la empresa Monbus, el segundo transportista de pasajeros de España, y a su dueño por los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. El operativo policial se cerró con los registros en la sede de la compañía en Lugo y en el domicilio de su director comercial y yerno de López, Rafael Casqueiro.
Tras las entradas, los funcionarios del Servicio de Vigilacia Aduanera, dependientes de la Agencia Tributaria, elaboraron varios informes, incluidos en el sumario y a los que tuvo acceso infoLibre, en los que detallaban cómo el empresario se había gastado casi medio millón de euros en regalos para políticos y altos cargos de la Administración entre 2006 y 2014. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que recibió seis cajas de Vega Sicilia valoradas en 2.327,32 euros; el exministro José Blanco, con obsequios por valor de 2.565,79 euros; y el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, que recibió cajas de vino durante seis años por importe de 805 euros, se encontraban entre los agasajados.
Con estos listados en la mano, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, decidió investigar a 24 políticos y altos funcionarios por un delito de cohecho. En concreto, todos aquellos que habían recibido regalos por un valor superior a 400 euros, una cifra que estableció como el "límite" por el que los hechos merecerían "reproche penal". Pero también puso el foco en otros siete que no estaban bajo su jurisdicción. Por ello, De Lara envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el caso de Feijóo y su vicepresidente, Alfonso Rueda, y al Tribunal Supremo en el del exministro José Blanco y los senadores conservadores José Manuel Barreiro y Juan Antonio de las Heras.
El Supremo da carpetazo
Once días antes de que el TSXG decidiese archivar las actuaciones abiertas contra el presidente de la Xunta, el Alto Tribunal hizo lo propio con las actuaciones relativas a Blanco, Barreiro y De las Heras. En un auto fechado el 17 de marzo, el Supremo dio carpetazo al no apreciar "ilícito penal alguno", alegando que se trató de "regalos navideños" que corresponden "a actos de cortesía" y que "no comprometieron la imparcialidad de los aforados en el ejercicio de las funciones públicas". Además, añade que no "existe total conexión" entre la función "desempeñada por la autoridad" y la "actividad a la que se dedica el empresario".
En este sentido, el Supremo tampoco consideró acreditada que "la finalidad" de las dádivas "fuera para obtener la complacencia de la autoridad para favorecer los intereses del empresario". En el caso de Blanco, afirma que los regalos de 2008 y 2012 –este último lo devolvió– los recibió siendo diputado y vicepresidente de una comisión en el Congreso "sobre asuntos o materias ajenas a todo lo relacionado con el transporte". Sobre los de 2010 y 2011, cuando era ministro de Fomento, el Supremo se escuda en que Monbus "había sido adjudicataria de contratos licitados" antes y después de que el socialista ocupase la cartera. En el caso de Barreiro, apunta que no existe "relación causal" entre los regalos y el cargo que ocupaba en el Ayuntamiento y Diputación de Lugo.
Los magistrados consideran en el auto que "la naturaleza" de los obsequios entregados y su "valor" no puede considerarse "excesiva" porque, en su opinión, se encuentra dentro "del marco de la adecuación social en los regalos navideños y carece de entidad para influir en el ejercicio de la función pública". Con esto sobre la mesa, el Alto Tribunal también se pronunció en el escrito sobre el "límite" de 400 euros establecido por la jueza De Lara para el "reproche penal". "La pretensión de que esta sala fije una cuantía para establecer la diferencia entre ilícito penal y reproche ético carece de sentido, pues lo relevante es que pueda condicionar el desempeño del cargo", sostiene el Supremo.
"No es coherente ni lógico"
Manuel Jesús Dolz Lago critica en el artículo publicado el pasado martes que no se practicase ni "una sola diligencia de investigación" con el objetivo de acreditar o no "la relación entre los regalos recibidos y el desempeño del cargo de los aforados" pues los hechos "merecían la instrucción de un procedimiento penal". "Archivar sin investigar bajo el pretexto de que no está acreditado lo que resultaría de una investigación, no es coherente ni lógico, ya que primero se investiga y después se archiva o no. Esa es la secuencia racional y no la inversa", señala el fiscal, que lleva más de una década en el Alto Tribunal.
En el duro artículo, Dolz Lago explica que el Supremo estaba analizando el caso de "autoridades tan relevantes como un ministro de Fomento y otras con competencias en la actividad económica del empresario que efectuó los regalos". "¿Acaso no sabían que recibían tan generosos regalos por sus cargos? O ¿es que era habitual que recibieran los mismos o similares regalos por su cara bonita? Es más, ¿acaso no dejaron de recibirlos cuando perdieron el cargo que potencialmente permitía favorecer a dicho empresario", se pregunta el jurista, que recuerda cómo las dádivas y su importe decrecían "en la misma medida" que "el poder de influencia" de los receptores.
Sobre el precio de los obsequios, que el Alto Tribunal no considera excesivo, el fiscal dice que en España el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual en 2010 estaba en 633,50 euros. "Digo yo que se beberían o dispusieron con fruición de unos lotes de vinos cuyos importes en algunos casos superaban los 800 euros o, al menos, se ahorraron esa nada despreciable cantidad de euros para catar tan excelentes caldos", apunta Dolz Lago, que señala que políticos y altos funcionarios "se bebieron mucho más del importe equivalente al SMI de un pobre españolito en 2010" gracias al "espléndido regalo, supuestamente altruista del empresario".
El Supremo cita como imputada por corrupción a la senadora del PP Pilar Barreiro
"Quizás por experiencias personales propias"
El autor de El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España también critica con dureza las palabras del Supremo afirmando que los obsequios entraban dentro del "marco de la adecuación social en los regalos navideños". En este sentido, apunta que la adecuación social "en calidad de exclusión de la atipicidad" es un criterio "dogmático obsoleto" que no debería "inspirar la práctica judicial, sobre la que podría pensar alguien que tal vez sólo es explicable por la empatía de los juzgadores con el fenómeno. "Quizás por experiencias personales propias", deja caer.
En el artículo, el jurista también sale en defensa de la jueza De Lara y carga contra el Alto Tribunal, que considera carente de sentido fijar una cuantía para establecer la diferencia entre ilícito penal y reproche ético pues lo importante es que "pueda condicionar el desempeño" del cargo. "Según la sala segunda del Supremo el regalo valorado en un céntimo de euro sería punible si puede condicionar el desempeño del cargo pero no el de uno valorado en cien millones de euros si no lo puede condicionar", apostilla. Y se pregunta: "¿Es lógico tal planteamiento? ¿El que regala algo valorado en un céntimo espera lo mismo que el que regala lo valorado en cien millones?".
El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Jesús Dolz Lago mostró este martes su "respetuosa discrepancia" con la decisión del Alto Tribunal de archivar la causa abierta contra el exministro socialista de Fomento José Blanco y el portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro por los regalos navideños que recibieron del presidente del Grupo Monbus, Raúl López, imputado por corrupción. En un duro artículo publicado en el periódico especializado en información jurídica diariolaley, el fiscal analiza la decisión del TS y asevera que no es "coherente ni lógico" dar carpetazo al asunto "sin investigar" bajo el pretexto de que "no está acreditado lo que resultaría de una investigación".