La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acatará la orden que le dé el fiscal general del Estado si finalmente decide querellarse contra el presidente de la Generalitat por la organización del 9N, pese a que los fiscales catalanes se pronunciaron en contra de interponerla, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
La Fiscalía General del Estado –que abordará la querella el miércoles– no se planteaba por el momento medidas disciplinarias contra los fiscales catalanes por posicionarse en contra de una querella, aunque estas medidas podrían darse en caso de desobedecerse una orden que pueda darse a partir de ahora, han señalado a Europa Press fuentes fiscales.
Por otra parte, fuentes judiciales han explicado que la Fiscalía del TSJC no se pronunciará sobre si cree conveniente admitir a trámite las denuncias que varios particulares presentaron el 9 de noviembre contra el presidente Artur Mas, al considerar los fiscales deben esperar para dar su opinión a que el mismo tribunal decide si admite o no su propia querella.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya había considerado "inviable" jurídicamente querellarse contra el presidente de la Generalitat. Fuentes judiciales han explicado a Europa Press que así se lo dijo este lunes por la tarde el fiscal superior de Catalunya, Jose María Romero de Tejada, al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que, tras esta negativa, convocó para este miércoles en Madrid a la cúpula fiscal.
El posicionamiento de la fiscalía catalana se había perfilado en dos reuniones celebradas el viernes y el lunes, en las que los nueve miembros de esta institución se centraron en valorar la viabilidad de acusar a Mas de un único delito: el de desobediencia.
El debate comenzó el viernes y, al no llegar a un consenso –"dos o tres" de los nueve fiscales sí veían viable acusar a Mas de desobediencia–, la reunión continuó el lunes por la mañana, cuando por unanimidad se posicionaron en contra de presentar la querella.
Todo esto sucedió después de que la fiscalía catalana desechara la semana pasada aceptar un borrador de querella que les había remitido la Fiscalía General del Estado, en el que se apuntaba a Mas y a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, no solo por desobediencia sino también por prevaricación y usurpación de funciones.
Fuentes judiciales han asegurado a Europa Press que los fiscales catalanes consideraron entonces que no había argumentos jurídicos para acusarlos de prevaricación e incluso vieron "extravagante" intentar incluir el delito de usurpación de funciones.
Este rechazo al borrador propició la convocatoria de una reunión en la sede de la Fiscalía General en Madrid con el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, y su número dos, Francisco Bañeres.
Al término de esa reunión, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señalaba que "la Fiscalía Superior de Catalunya dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público".
Fue entonces cuando los fiscales catalanes decidieron reunirse para valorar si podría actuarse por desobediencia, y en este aspecto se centraron en las dos reuniones hasta que optaron por consenso aparcar la querella.
Esta es la negativa que llevó a Torres Dulce a convocar para este miércoles una Junta de Fiscales de Sala, dadas las discrepancias entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que sí considera que debe formularse la querella.
Reacciones del PSOE y PP
El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha atribuido este martes el rechazo de los fiscales catalanes a presentar una querella por la consulta soberanista del 9-N a las presiones de la Generalitat de Artur Mas y a la "contaminación" del "ambiente que el nacionalismo radical ha generado en Cataluña".
"Los fiscales de Cataluña no han hecho lo que tenían que hacer por el ambiente que el nacionalismo radical ha generado en Cataluña", ha dicho Floriano en rueda de prensa en la sede del Partido Popular Europeo en Bruselas.
"Toda la gente ve que allí se cometieron delitos y que la fiscalía en Cataluña, si no actúa, es por contaminación del ambiente y por presión de los poderes políticos de Cataluña", ha resaltado el responsable del PP. "El problema es que, el ambiente que ha generado la Generalitat y el ambiente que han generado los poderes oligárquicos y fácticos en Cataluña, han hecho todo lo posible para que, ante lo que a los ojos de todos los españoles son claros delitos, no interpongan la correspondiente querella", ha insistido.
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El PSOE ha apelado por su parte a la "prudencia" ante la posibilidad de interponer una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya que considera que es "discutible" y además "dudosa", ya que "duda hasta la Junta de Fiscales de Cataluña".
En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha recalcado que cuando las decisiones judiciales y los recursos han sido "incuestionables", los socialistas los han "apoyado" y han "estado con el Gobierno".
Pero ahora que se trata de una iniciativa "discutible" y "dudosa", ha subrayado, el PSOE apela a "la prudencia" e insta de nuevo al Gobierno a abandonar de una vez por todas las vías judiciales para resolver un problema que tiene raíz y desarrollo político por las vías políticas de diálogo y de acuerdo".
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acatará la orden que le dé el fiscal general del Estado si finalmente decide querellarse contra el presidente de la Generalitat por la organización del 9N, pese a que los fiscales catalanes se pronunciaron en contra de interponerla, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.