Jueces para la Democracia cree “dudoso” que la consulta catalana sea ilegal

El portavoz de la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que es "discutible" la responsabilidad desde el punto de vista penal que pueda concurrir a raíz del proceso participativo del 9-N y que cualquier acción debe contar con un "fundamento sólido". Así respondió Bosch a las puerta de la Audiencia Nacional este jueves al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, dando por hecho que el Ministerio Público presentará una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas. 

El portavoz de la organización acudió este jueves a la Audiencia Nacional para presentar una demanda pionera de conflicto colectivo contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de un plan de prevención de riesgos laborales, un servicio contratado en esta materia y un sistema que determine la carga "real" de trabajo de los juzgados, más de la mitad de ellos saturados.

"Es dudoso que pueda concurrir un delito porque el propio Tribunal Constitucional no hizo un requerimiento expreso sobre la desobediencia", indicó, para concluir que se organizó por entidades ciudadanas dejando aparte los actos administrativos.

Bosch alertó además de que las "presiones" del PP a la Fiscalía para que investigue las responsabilidades penales derivadas de la consulta soberanista del 9 de noviembre hacen un "flaco favor" a la credibilidad de esta institución y valoró positivamente que "no se haya plegado inicialmente" a estas indicaciones.

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"Es evidente que la Fiscalía General del Estado tiene una estructura jerárquica y el fiscal general ha sido nombrado a propuesta del Gobierno, pero no tiene por ello que seguir automáticamente las indicaciones del Gobierno y del partido que lo sustenta", ha explicado.

El portavoz de Jueces para la Democracia advirtió de que con estas actuaciones se hace un "flaco favor a la credibilidad" de la propia Fiscalía, que da la impresión de que en lugar de buscar la defensa del interés público y la legalidad "puede actuar de forma instrumental al servicio de un partido político".

"Yo valoro positivamente que, según todos los datos, la Fiscalía General no se haya plegado inicialmente a estas presiones y esté analizando jurídicamente sin concurren delitos o no porque creo que si hubiera seguido miméticamente las indicaciones del partido del Gobierno, esto hubiera dejado en muy mal lugar a la Fiscalía", remarcó.