La crisis política de Cataluña
La Fiscalía cerca a los alcaldes mientras crece la desobediencia a la suspensión del referéndum
La Fiscalía General del Estado redobló este miércoles la ofensiva judicial contra quienes contribuyan a hacer posible el referéndum de independencia de Cataluña a pesar de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. Y lo hizo dictando un oficio que pone en el punto de mira a más de dos terceras partes de los alcaldes catalanes que ya han manifestado su disposición de poner medios municipales a disposición de la votación.
Aunque, a las pocas horas, se vio obligada a estudiar la suspensión de esta orden por un error de bulto: hay al menos quince regidores municipales que están aforados porque también son diputados en el Parlament o en el Congreso. No pueden ser imputados sin contar con autorización previa de la Cámara a la que pertenecen y sólo pueden ser citados por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo.
En su escrito inicial, el Ministerio Público no sólo había ordenado a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona citar como imputados a los alcaldes favorables al referéndum (tomando como referencia el listado hecho público por la Associació de Municipis per la Independència) sino que, anticipándose a su respuesta, les pedía que recurrieran a los mossos para detener “en el plazo más breve posible” a los regidores municipales que no comparezcan.
Y como son muchos (712 alcaldes de un total de 948), la propia Fiscalía ordenó que las citaciones (y en su caso las detenciones) empezasen por los ayuntamientos de mayor población. Badalona, Sabadell y Tarragona están en esa situación.
La respuesta de los alcaldes
La respuesta de los alcaldes señalados por la Fiscalía fue de diferente signo, aunque en todos los casos mantienen su intención de desobedecer . LA CUP anunció rápidamente que los suyos, una treintena de regidores entre los que se cuentan precisamente los de las dos ciudades catalanas más pobladas dispuestas a facilitar la votación, Badalona y Sabadell, no acudirán a la citación y ha pedido a los demás que respondan del mismo modo.
A través de Twitter, la alcaldesa de Badalona , Dolors Sabater, ha pedido “dejar en paz” a los ayuntamientos.
“No tengo conciencia de haber cometido ningún delito. Quiero que toda Badalona pueda votar sí/no. ¡Dejad a los ayuntamientos en paz!”
Sin embargo, la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha llamado a los alcaldes que apoyan el referéndum a acudir a declarar cuando les citen, porque “no tienen nada que esconder ni ningún inconveniente en explicar, donde sea, que estarán al lado del Parlament, del Govern y de la gente para hacer posible el voto”.
En declaraciones junto al presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, Lloveras explicó que ambas entidades tienen “unidad de acción absoluta” y que el objetivo es continuar trabajando en positivo hacia el referéndum, informa Europa Press.
Bruselas aclara que Juncker sólo respetaría el resultado de un referéndum avalado por el Constitucional
Ver más
Preguntada por los 30 alcaldes de la CUP que han anunciado que no acudirán a declarar, ha asegurado que la unidad de acción es absoluta: “Todos vamos a una, todos iremos a declarar. Eso no quita que haya alcaldes que quieran ir voluntariamente y otros no vaya voluntariamente, pero todos iremos a declarar porque no hay nada que esconder”.
El PSC, cuyos alcaldes han recibido instrucciones para no colaborar con el referéndum, emitió un comunicado en el que se limitó a manifestar su “respeto” a las actuaciones judiciales y atribuyó la investigación a las decisiones tomadas por el Govern. “Son las leyes las que garantizan la neutralidad política de las instituciones y son las que garantizan la actuación de los trabajadores públicos. Nadie puede estar sobre la ley e incumplirla tiene siempre consecuencias”, subrayan los socialistas catalanes.
La Fiscalía considera a los alcaldes citados sospechosos de la comisión de tres delitos (desobediencia, prevaricación y malversación), castigados con penas que van desde multas a inhabilitación especial o absoluta (20 años) o penas de prisión de hasta ocho años.
