La Fiscalía de Barcelona defendió este jueves que actúa "conforme a los principios de legalidad e imparcialidad manteniéndose neutral respecto a la campaña electoral" que empieza este jueves, tras pedir el embargo de 15 sedes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por las presuntas comisiones ilegales que recibió el partido en el caso del desfalco del Palau de la Música.
En un comunicado, la Fiscalía afirmó que solicita esta medida porque "ha sido ahora, y no antes ni después, cuando CDC ha vendido su sede –en la calle Còrsega de Barcelona– y ha ofrecido garantías sustitutorias que valen la cuarta parte de aquélla".
Así responden a CDC, que aseguró, al conocer la petición fiscal, que se trataba de "una filtración interesada" a pocos días del arranque de las elecciones municipales, dejando entrever su interés electoralista, y recordaron que el fiscal que lleva este tema es el mismo que lleva el caso del 9-N.
La Fiscalía ha explicado que esta petición es para asegurar las cantidades susceptibles de decomiso "ante una eventual sentencia condenatoria, es decir, aseguramiento para la futura incautación de las cantidades obtenidas del delito".
Ha detallado que, en un primer momento, la cantidad a asegurar se cifró en 3,2 millones de euros, por lo que el fiscal pidió fianza y subsidiario embargo de bienes suficientes, y así lo acordó el juez del caso.
CDC compareció ofreciendo su sede de la calle Còrsega como garantía, y ante el valor de la sede, de más de 12 millones de euros, no se acordó embargarla y la sede quedó a disposición del juzgado.
Sin embargo, al concluir la instrucción el fiscal elevó la cantidad que supuestamente obtuvo CDC de forma irregular a través de comisiones hasta los 6,6 millones, y el juez llegó a acoger esta nueva cifra en el auto de Procedimiento Abreviado –que cierra la instrucción–, aunque dicho auto fue revocado por la Audiencia de Barcelona por otros motivos, ya que pidió nuevas imputaciones.
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De este modo, no se ha llegado a recoger en un auto formalmente que la cantidad a asegurar es de 6,6 millones de euros, aunque es la cifra que reclama la Fiscalía. Tras la venta del inmueble –el partido puede hacerlo al no estar embargado, según Fiscalía–, CDC ha ofrecido otras 15 sedes regionales como garantía, hasta los 3,6 millones de euros.
No obstante, el fiscal ha pedido que se embarguen estas sedes para "evitar que, de nuevo, la parte a la que la ley obliga a afianzar pueda disponer a su antojo de los bienes sujetos al procedimiento" y ha recordado al juez que la cifra a asegurar asciende ahora a 6,6 millones.
Por ello, ha exigido al partido que amplíe las garantías hasta esta cantidad, ya que los avales presentados –estas 15 fincas– "no estarían cubriendo la cantidad susceptible de decomiso, es decir, serían insuficientes para cumplir la obligación legal de afianzar que debe soportar CDC".
La Fiscalía de Barcelona defendió este jueves que actúa "conforme a los principios de legalidad e imparcialidad manteniéndose neutral respecto a la campaña electoral" que empieza este jueves, tras pedir el embargo de 15 sedes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por las presuntas comisiones ilegales que recibió el partido en el caso del desfalco del Palau de la Música.