La Fiscalía del Tribunal Supremo considera concluida la investigación contra Juan Carlos I y ya está preparando varios borradores del decreto en el que archivará, si no aparecen nuevos indicios, las diligencias que comenzaron hace más de dos años. Según han informado a infoLibre fuentes fiscales, en la resolución se expondrá que las indagaciones realizadas han revelado delitos fiscales en los que habría incurrido el rey emérito, pero también la imposibilidad de enjuiciarle por ellos por cuestiones como la inviolabilidad que le protegía hasta su abdicación en 2014, prescripción de los ilícitos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos.
Tal y como había avanzado este miércoles El Confidencial, el equipo de fiscales comandado por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, comunicará sus conclusiones en los próximos días o pocas semanas. En cualquier caso, será antes de que finalice el año, que es cuando terminaba el plazo de investigación, aunque éste podía ser prorrogable por otros seis meses más, tal y como apuntan las fuentes consultadas. La decisión llegará cuando se ha cumplido más de un año después de que Juan Carlos I se marchara de España y se instalara en Abu Dhabi cercado por las investigaciones por corrupción.
El decreto de archivo afectará a las tres investigaciones que mantiene abiertas el Ministerio Público y que tenían en el punto de mira al ex jefe del Estado: el supuesto cobro de comisiones por la concesión de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos de Borbón y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con varios millones de euros en la isla de Jersey, considerado un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado en el último año hasta dos regularizaciones fiscales que suman algo más de cinco millones de euros. La primera, el 9 de diciembre de 2020 por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias que se nutrían con fondos donados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, muy amigo del rey emérito. Y una segunda del 25 de febrero de 2021 por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka, perteneciente a su primo lejano Álvaro de Orleans.
El dinero regularizado es una forma de admitir por parte de Juan Carlos I que efectivamente evadió impuestos después de su abdicación. Es lo único que ha reconocido, pues en todo lo relacionado con sus finanzas que sea anterior a junio de 2014, entendía que estaba amparado por la inviolabilidad que otorga la Constitución al jefe del Estado. La Fiscalía así lo asume también: la inviolabilidad impide juzgar al rey emérito –o al menos presentar querella– por las presuntas comisiones por el AVE a La Meca.
En cuanto a la supuesta fortuna en Jersey, El Español informa de que las diligencias realizadas tras la alerta del Sepblac de hace un año por posible blanqueo de capitales no han arrojado conclusiones que permitan atribuir al rey emérito la titularidad de una estructura financiera de trusts.
Otros delitos fiscales, aunque probados, ya habrían prescrito y por eso el Ministerio Público no podría presentar querella para perseguirlos penalmente.
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Relato que no dejará lugar a dudas
Ahora queda por saber cómo es el relato que expondrá la Fiscalía en su decreto de archivo. Las fuentes consultadas recalcan que aunque no se pueda juzgar a Juan Carlos I, sí habrá un relato "pormenorizado" de los hechos delictivos que se han podido probar durante la investigación y que no dejarán lugar a dudas sobre la conducta del rey emérito. Tras estudiar los informes de la Agencia Tributaria, en el decreto también se expondrán los motivos por los que los fiscales consideran que no se le puede perseguir penalmente por las dos regularizaciones fiscales realizadas, aunque esto suponga la admisión de los delitos.
El artículo 305.4 del Código Penal establece que "se considerará regularizada la situación tributaria" cuando se haya procedido "al completo reconocimiento y pago de la deuda" antes de que la Agencia Tributaria notifique la apertura de una investigación, de que la Fiscalía interponga una "querella y denuncia" o de que un juez de instrucción "realice actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de esas diligencias. El rey emérito sí tenía conocimiento de la investigación en su contra precisamente porque el Ministerio Público se lo comunicó, por lo que el equipo de fiscales se encuentra perfilando los argumentos que le llevan a concluir que Juan Carlos de Borbón habría eludido el delito fiscal.
La Fiscalía del Tribunal Supremo considera concluida la investigación contra Juan Carlos I y ya está preparando varios borradores del decreto en el que archivará, si no aparecen nuevos indicios, las diligencias que comenzaron hace más de dos años. Según han informado a infoLibre fuentes fiscales, en la resolución se expondrá que las indagaciones realizadas han revelado delitos fiscales en los que habría incurrido el rey emérito, pero también la imposibilidad de enjuiciarle por ellos por cuestiones como la inviolabilidad que le protegía hasta su abdicación en 2014, prescripción de los ilícitos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos.