El Ministerio Público hace encaje de bolillos para evitar que la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez termine por convertirse en un torpedo en la línea de flotación de los principales casos de corrupción en manos de la justicia. La Fiscalía trabaja desde hace semanas en un escrito para unificar los criterios de actuación de los miembros del Ministerio Público en este tipo de causas tras la entrada en vigor de la reforma penal. Y lo hace, según las fuentes pulsadas, con una idea clara: intentar que los procedimientos seguidos contra hechos anteriores a 2015 no se vean afectados por los cambios normativos impulsados. Un cortafuegos que se extendería alrededor de casos como Púnica, Gürtel, Lezo, ERE o Kitchen.
La reforma impulsada por el Ejecutivo de forma exprés en los últimos compases de 2022 trajo consigo un cambio importante en relación con la malversación. Con el nuevo Código Penal se diferencian tres tipos de conductas. Por un lado, la apropiación "con ánimo de lucro" del patrimonio público por parte de funcionario o autoridad. Por otro, su uso para "fines privados" sin ánimo apropiatorio. Y, por último, el dar al mismo "una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado". Una nueva redacción alrededor de la malversación que ha generado inquietud en el mundo político y judicial por cuanto pueda terminar beneficiando a aquellos que se encuentran enredados en causas de corrupción. Algo que, sin embargo, el Gobierno rechaza que vaya a ocurrir.
La Fiscalía, por su parte, tiene previsto unificar criterios de actuación tras la entrada en vigor de la reforma penal, algo habitual cuando se impulsan cambios normativos. Lo hará antes de que termine enero, a fin de que todos los miembros del Ministerio Público tengan clara cuanto antes la estrategia a seguir en aquellos casos en los que colee la malversación. La idea es que el fiscal general del Estado, Álvaro García, lo haga a través de un decreto. "Es mucho más rápido que una circular, pues esta última tiene que verse en la Junta de Fiscales de Sala. No obstante, que no tenga que pasar por ese órgano no quiere decir que el fiscal no vaya a consultarles", explican fuentes fiscales pulsadas por infoLibre. El decreto es, de hecho, la fórmula que utilizó García para unificar criterio en noviembre en relación con la llamada ley del sólo sí es sí.
La intención del Ministerio Público, según fuentes fiscales, es intentar que los hechos delictivos cometidos antes de 2015 no se vean afectados por los cambios. En este sentido, defienden que la reforma impulsada por el Gobierno vía grupos parlamentarios devuelve el Código Penal a una redacción "similar" a la que existía antes de los cambios que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en lo relativo a la malversación hace casi ocho años, cuando se eliminó el famoso ánimo de lucro de la redacción. Y que, por tanto, las modificaciones penales no tendrían por qué influir en acontecimientos previos a aquellos cambios ya juzgados o investigados. "La idea es defender que los delitos cometidos antes de ese momento se queden como están", apuntan las fuentes fiscales consultadas.
Del pelotazo de Arganda a la trama 'Púnica'
Púnica es una de esas macrocausas donde se analizan hechos previos a la reforma penal de 2015. En la pieza número 9, la de la presunta caja B del PP de Madrid, se han investigado durante años las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las nacionales de 2008, así como los trabajos de reputación online para dirigentes conservadores realizados por el informático Alejandro De Pedro entre 2012 y 2014. El pasado mes de octubre, el juez procesó en este procedimiento por malversación tanto a Isabel Gallego, ex directora de Comunicación del Gobierno de Esperanza Aguirre, como al exconsejero Borja Sarasola. A este último, el instructor atribuyó en su auto de procesamiento la "intervención" en las adjudicaciones del año 2011 a El Laboratorio de Almagro, una de las sociedades que han estado bajo la lupa.
Este tipo delictivo también está muy presente en Gürtel. En la pieza separada Arganda, en la que se han investigado las adjudicaciones irregulares a las empresas de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009, el juez instructor atribuyó la malversación al menos a una decena de personas. "Las autoridades concertadas convinieron que se giraran aún nuevas facturas o extras duplicando gastos o con distintos sobreprecios, para conseguir esquilmar todavía más fondos públicos", se recogía en el auto de apertura de juicio oral. Bajo la lupa, el juez instructor ponía la X Olimpiada Escolar, el Rock in Rio de 2007, la construcción de una guardería infantil, el mantenimiento de instalaciones deportivas o la construcción de los tramos de una vía.
El fantasma de la corrupción persigue a Feijóo en su año electoral
En el caso Lezo, la malversación también afecta a hechos anteriores a la reforma penal del 2015. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la primera pieza, centrada en la adquisición por parte del Canal de Isabel II en 2001 de la sociedad colombiana Inassa, una compra que habría estado, a ojos del juez instructor, "plagada de ilicitudes" y por la que se abonó "un sobreprecio injustificado". Y fuera de la línea roja que pretende marcar el Ministerio Público se encontrarían también los hechos relativos a Kitchen, la investigación relativa a la operación parapolicial montada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para espiar y conseguir documentación en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas. Según el auto de procesamiento, los hechos investigados habrían tenido lugar entre 2013 y, al menos, 2015.
Los hechos posteriores a 2015
Con la interpretación que hace el Ministerio Público también quedaría fuera de los efectos de la reforma de la malversación el caso ERE. En su sentencia, los magistrados concluyeron que la Junta de Andalucía utilizó un sistema de reparto de ayudas sociolaborales ilegal entre el año 2000 y el 2009, a través del cual se entregaron 680 millones de euros. Esto complicaría, en principio, cualquier intento de revisión a la baja por parte de condenados como el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por un delito de malversación. No obstante, más allá de lo que interprete y termine defendiendo la Fiscalía, la decisión final sobre los efectos de la reforma penal en casos como los citados corresponde, en último término, a los tribunales.
¿Y qué pasa con aquellos hechos cometidos con posterioridad a los cambios de 2015? "En ese caso, habrá que ver si influyen y cómo las modificaciones", se limitan a decir las fuentes fiscales pulsadas. En este sentido, hay casos de gran relevancia pública. El más importante es, probablemente, el del procés. El Supremo deberá aclarar en las próximas semanas si el nuevo tipo atenuado de la malversación es aplicable a los líderes independentistas ya condenados. La Fiscalía del Alto Tribunal, en este sentido, considera que no y que se debe mantener el agravado. Es una interpretación idéntica a la que ya ha hecho el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, en relación a los políticos huidos de la acción de la justicia. Y que afecta, además, a decenas de cargos intermedios del procés enredados en los tribunales.
El Ministerio Público hace encaje de bolillos para evitar que la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez termine por convertirse en un torpedo en la línea de flotación de los principales casos de corrupción en manos de la justicia. La Fiscalía trabaja desde hace semanas en un escrito para unificar los criterios de actuación de los miembros del Ministerio Público en este tipo de causas tras la entrada en vigor de la reforma penal. Y lo hace, según las fuentes pulsadas, con una idea clara: intentar que los procedimientos seguidos contra hechos anteriores a 2015 no se vean afectados por los cambios normativos impulsados. Un cortafuegos que se extendería alrededor de casos como Púnica, Gürtel, Lezo, ERE o Kitchen.