El fantasma de la corrupción persigue a Feijóo en su año electoral
Aunque las encuestas le sitúan en cabeza, el camino hasta las urnas puede terminar haciéndose muy largo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a su año electoral con el viento demoscópico a favor pero con la losa de la corrupción pesando aún sobre las espaldas de su formación. A pesar del silencio decretado sobre lo que han calificado como "cuestiones pasadas", al principal partido de la oposición, triplemente condenado por beneficiarse de algunas de estas tramas corruptas, no le quedará más remedio que seguir viendo cómo algunos de sus viejos cargos desfilan por los tribunales con la cita con las urnas como telón de fondo. Incendios judiciales con focos repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, desde Murcia hasta Valladolid pasando por la Comunitat Valenciana y Madrid.
De todos los frentes, es Púnica el que marca el inicio de año. La Audiencia Nacional acaba de reanudar las vistas de la llamada pieza leonesa. Es la segunda de la macrocausa que se lleva a juicio. Y se centra en los trabajos de reputación online que Alejandro de Pedro hizo para diferentes políticos del PP, con los que se pretendía, según Anticorrupción, mejorar el perfil público de los dirigentes neutralizando "las noticias negativas". En el banquillo se sientan, además de De Pedro, el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez, a quien un agente de la UCO de la Guardia Civil ha acusado de urdir un entramado de intereses para perpetuarse en el cargo, el alcalde de Puebla de Lillo (León) y el exregidor de Cartagena José Antonio Alonso. Sobre la mesa, delitos de fraude, malversación o tráfico de influencias.
Un mes de enero que también estará marcado por el juicio de la quinta pieza de Gürtel, que se ha retrasado por falta de espacio en la Audiencia Nacional y que se alargará hasta mayo. Es el último caso que acorrala al expresidente valenciano Francisco Camps tras salir indemne de más de una década de procesos judiciales. Bajo la lupa, la contratación con una de las empresas de la trama para instalar el stand de Fitur. A ojos del juez instructor existe "un arsenal de indicios" para señalar que Camps, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel, "participó en el direccionamiento" de la licitación a favor de Orange Market para premiar su "paciencia y resignación" ante el "impago de la multimillonaria deuda" que el PP valenciano tenía con ella.
'Taula', 'Lezo' y 'Novo Carthago'
También con epicentro en suelo valenciano está previsto en los primeros meses de año el juicio de dos líneas de investigación del caso Taula. La primera es la relativa a las presuntas contrataciones irregulares en un par de empresas públicas, mientras que la segunda se centra en el supuesto amaño de la licitación para la gestión de un call center que, según Anticorrupción, habría permitido el desvío de más de 200.000 euros en beneficio de terceras personas. En ambos casos se sentará en el banquillo de los acusados el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y Marcos Benavent, el conocido como yonqui del dinero. Además de ellos, en la primera de las causas también estará presente el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio.
El foco también estará puesto, durante el primer semestre del año, en Novo Carthago y Lezo, el caso que estalló tras la detención hace ya un lustro del expresidente madrileño Ignacio González El primero de los juicios está previsto que se prolongue durante dos meses, entre finales de febrero y finales de abril. Y versa sobre las posibles irregularidades cometidas en relación a un proyecto urbanístico consistente en levantar miles de viviendas, hoteles y hasta un campo de golf en terrenos protegidos junto al mar Menor. Un asunto por el que se sentarán ante un tribunal dos consejeros de la época del conservador Ramón Luis Valcárcel al frente del Ejecutivo autonómico –Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana– y varios ex altos cargos en materia de urbanismo y medio ambiente.
En cuanto a Lezo, la Audiencia Nacional acogerá a partir de finales de mayo el primer juicio de una macrocausa que acumula media docena de piezas separadas. En concreto, la que se juzga es la primera, centrada en la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa, una compra que habría estado, a ojos del juez instructor, "plagada de ilicitudes" y por la que se abonó un "sobreprecio injustificado". En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado Manuel García Castellón envió a juicio a una veintena de personas, entre las que destacaban Pedro Calvo y Juan Bravo, exconsejeros del Ejecutivo madrileño durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. Un expresidente madrileño que, como Ignacio González, también estuvo imputado en esta pieza pero que finalmente salió libre de polvo y paja.
A la espera de sentencias y fijación de nuevos juicios
También está previsto que en este año electoral pueda retomarse el juicio del caso Perla Negra, suspendido ya en dos ocasiones y centrado en la compra por parte de la Consejería de Economía de Castilla y León de un edificio y algunos terrenos para el fallido desarrollo de un polígono industrial. O dictarse la sentencia del caso Auditorio, cuyo juicio se celebró a finales del año pasado con el exlíder del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez como principal acusado y que se centra en las supuestas irregularidades cometidas en el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era el alcalde de la localidad.
A la espera de que se fije la fecha para el juicio, algo que se prevé para los próximos meses, están aún el caso Rato o Erial. En la primera causa se encuentra bajo la lupa el exministro de Economía Rodrigo Rato, al que se acusa de haber tenido un "patrimonio oculto" al fisco a través de un entramado de sociedades distribuidas en varios países con las que realizaba diferentes inversiones. En la segunda, que gira alrededor del supuesto cobro de comisiones derivadas de concesiones de ITV o parques eólicos, el expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, para quien Anticorrupción solicita 19 años de cárcel por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.
Del 'caso Villarejo' a la reforma del Código Penal o el 'sólo sí es sí'
Más allá de estas causas, el calendario judicial para 2023 será realmente apretado. En la Audiencia Nacional seguirá coleando todavía el caso Tándem, la macrocausa que tiene como piedra angular al excomisario jubilado José Manuel Villarejo y que acumula decenas de piezas separadas. Tres de ellas –Iron, Land y Pintor–, en las que se investigan los trabajos del viejo agente de las cloacas para un despacho de abogados o algunos empresarios, ya han sido juzgadas y están a la espera de sentencia. Otras como Kitchen, que versa sobre la operación de espionaje urdida desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuentan ya con auto de procesamiento pero están a la espera de la acusación de Anticorrupción.
De hecho, pendientes de ese escrito se encuentran, según Europa Press, las defensas de los principales procesados. Básicamente, porque intentarán utilizar la reforma del delito de malversación a su favor. Cambios en el Código Penal que coparán buena parte de la atención jurídica. Primero, porque el Supremo, que aún tiene pendientes de resolver los recursos interpuestos contra los indultos del Gobierno a los líderes del procés, debe determinar cómo afecta la reforma penal a las penas de inhabilitación que aún pesan sobre los principales condenados por el 1-O. Y segundo, por el efecto que dichas modificaciones pueden tener sobre otras causas derivadas de aquel otoño caliente catalán que está todavía en los tribunales.
No es el único asunto candente en manos del Alto Tribunal. En los próximos meses se espera que empiecen a llegar los recursos que las partes puedan presentar contra la decisión de algunas Audiencias Provinciales de revisar a la baja castigos a violadores al calor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del sólo sí es sí. Además, el Supremo tiene también sobre la mesa otros dos asuntos de gran relevancia pública. En primer lugar, deberá decidir si la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, acusada de desobediencia, debe ser juzgada en Barcelona. Y por otro lado, tendrá que continuar con la investigación del conocido como caso Casero, centrado en las presuntas irregularidades en contratos o acuerdos cuando el diputado del PP Alberto Casero era alcalde de Trujillo (Cáceres).
Otras muchas investigaciones también marcarán el presente año electoral. En la Audiencia Nacional aún colea, por poner algún ejemplo, el espionaje con el software Pegasus o el envío el pasado mes de noviembre de paquetes con material pirotécnico a diferentes instituciones.
