Contra los asesinados: "Franco no firmó nunca ningún asesinato. Fueron condenados por la ley"; contra los homosexuales: "Con Franco no podían obligar a los niños a ser homosexuales como se está haciendo ahora"; y contra los bebés robados: "Son niños adoptados legalmente". Los portavoces de las asociaciones franquistas han tenido humillaciones para todas las víctimas de la dictadura. Las han lanzado, además, en distintas cadenas de televisión y en distintos horarios, todos de máxima audiencia: por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. A pesar de ello, la Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna diligencia, según han informado fuentes de la Sala contra los Delitos de odio y discriminación del Ministerio Público a infoLibre. El porqué, según añaden, es que nadie ha puesto ninguna denuncia ni ningún fiscal de ninguna provincia ha decidido actuar. Asimismo, la institución no explicó si considera que esta reiterada y pública humillación forma parte de las causas que permiten la ilegalización de las asociaciones a las que representan estos altavoces del franquismo.
En el último mes y medio, las intervenciones públicas de los portavoces de distintas asociaciones franquistas han proliferado en los medios de comunicación. El argumentario de todos ellos era el mismo: la dictadura no fue tal y Franco, por tanto, no fue ningún dictador. Además, no es responsable de ningún asesinato. Y, por si fuera poco, gracias a él –según ellos– tenemos la democracia actual que, sin embargo, tiene más de dictadura que los 39 años de España franquista. Pero a este discurso, además, le siguieron las humillaciones a las víctimas de la dictadura. Frases que, además, constituyen una negación de la historia. "Nadie que lea un poco sobre lo que ha trabajado la historia española contemporánea puede escuchar esto sin reírse", ironizó Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Sus afirmaciones, dijo a este diario, "son rotundamente falsas".
En opinión de Peinado, la Fiscalía debería actuar ante estas declaraciones. Debería hacerlo, además, por la vía de los delitos de odio. "Pero es complicado", declaró. Según el propio Ministerio del Interior, un delito de odio es "cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo". ¿A qué grupo? A uno basado "en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar". A juicio de la Fiscalía, al menos de momento, este no ha sido el caso.
No obstante, el Ministerio Público ya emprendió acciones contra la Fundación Franco –cuyo portavoz Jaime Alonso es precisamente uno de los que se han paseado por las televisiones en las últimas semanas–. Lo hizo en octubre del año pasado tras una denuncia interpuesta por Esquerda Unida, que alertó de un posible delito de odio por la "negación de los crímenes de lesa humanidad" cometidos por el régimen durante los años de la dictadura.
Los delitos relacionados con la ideología, además, son el tercer tipo de delito de odio más cometido en España en el año 2016, según el último informe disponible de la cartera que entonces dirigía el ministro Juan Ignacio Zoido [que se puede consultar en este enlace]. Así, de 1.272 incidentes registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 259 fueron relacionados con la ideología.
La reforma del Código Penal de Gallardón
"Hago apología del franquismo porque es legal". Son las palabras de Pilar Gutiérrez, líder de la organización Movimiento por España y uno de los altavoces fascistas más asiduos en la televisión. Sus reiteradas apariciones públicas –esta declaración la hizo el pasado 30 de agosto en Espejo Público–, casi diarias desde que el pasado 16 de julio organizara una manifestación en el Valle de los Caídos para protestar contra la exhumación de los restos del dictador, ya han hecho que sea apodada como "la mujer más franquista de España". Ella misma lo reconoce con este tipo de declaraciones.
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En Alemania, al contrario que en España, una fundación dedicada a la vida y obra de Adolf Hitler sería delito. En España, no sólo no está ilegalizada la Fundación Francisco Franco, sino que además tiene espacio en la televisión. El discurso que propaga, por tanto, está permitido.
La reforma del Código Penal que llevó a cabo el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en el año 2015 introdujo en el artículo 510 la tipificación penal de los actos que "entrañen humillación, menosprecio o descrédito" por motivos "racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias". Además, también se persigue a quienes "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio", aunque se añade que con ello se debe "promover un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación".
Ahí está el problema. Que alguien afirme que "Franco no fue un dictador" o que durante el franquismo no se obligaba a los niños a ser homosexuales "como se está haciendo ahora" no promueve ningún clima de violencia. Por muy salidas de tono que sean las declaraciones públicas, aunque además constituyan una mentira flagrante, no se puede actuar por la vía penal. Por eso, la proliferación de este discurso sale impune.
Contra los asesinados: "Franco no firmó nunca ningún asesinato. Fueron condenados por la ley"; contra los homosexuales: "Con Franco no podían obligar a los niños a ser homosexuales como se está haciendo ahora"; y contra los bebés robados: "Son niños adoptados legalmente". Los portavoces de las asociaciones franquistas han tenido humillaciones para todas las víctimas de la dictadura. Las han lanzado, además, en distintas cadenas de televisión y en distintos horarios, todos de máxima audiencia: por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. A pesar de ello, la Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna diligencia, según han informado fuentes de la Sala contra los Delitos de odio y discriminación del Ministerio Público a infoLibre. El porqué, según añaden, es que nadie ha puesto ninguna denuncia ni ningún fiscal de ninguna provincia ha decidido actuar. Asimismo, la institución no explicó si considera que esta reiterada y pública humillación forma parte de las causas que permiten la ilegalización de las asociaciones a las que representan estos altavoces del franquismo.