La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha incoado diligencias de investigación que concluyeron con la formulación de una querella contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros, de los cuáles los empresarios se habrían quedado presuntamente con entre 9 y 10 millones.
En un comunicado al que ha accedido Europa Press, el ministerio fiscal ha explicado que dicha investigación se inició tras la presentación de denuncia por la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la AEAT.
Al respecto, la Fiscalía de Las Palmas ha matizado que los hechos que se han analizado no guardan relación con el llamado 'caso Koldo'.
Así, las entidades mercantiles 'Damco Trading Services, SA' y 'Tanoja Services, SL', ambas con domicilio fiscal en Madrid, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la emergencia sanitaria por Covid-19 para el suministro de material sanitario destinado a los hospitales canarios.
Juan Carlos Cueto, empresario en espera de juicio por soborno, figura clave del 'caso Koldo'
De esta manera, Damco facturó al SCS un total de 15.891.610 euros en el año 2020 y 2.786.000 euros en 2021; mientras que Tanoja Services facturó al SCS en 2021 unos 4.230.000 euros.
El comunicado de la Fiscalía agrega que parte de las cantidades recibidas por ambas entidades fueron después transferidas a otras dos entidades mercantiles.
Sin embargo, el ministerio fiscal ha señalado que ninguno de los perceptores de los importes transferidos justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los ingresos de que fueron beneficiarios.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha incoado diligencias de investigación que concluyeron con la formulación de una querella contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros, de los cuáles los empresarios se habrían quedado presuntamente con entre 9 y 10 millones.