La Fiscalía pide archivar la querella de Vox contra Tezanos porque se basa en "conjeturas"

La Fiscalía ha interesado al Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid que archive la querella presentada por Vox contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un presunto delito de malversación de caudales públicos al considerar que se basa en "conjeturas". La querella interpuesta por la formación liderada por Santiago Abascal sostiene que el funcionamiento del CIS desde que Tezanos fue nombrado presidente en 2018 es "irregular". Le acusa, entre otras cosas, de manipular la forma de hacer las encuestas para beneficiar al PSOE.

En una nota informativa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha asegurado que lo que exponen los querellantes "son meras sospechas, conjeturas, que relacionan de forma no adecuada, la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución CIS". La Fiscalía ha defendido que, a su juicio, la denuncia no cumple los presupuestos necesarios que puedan legitimar el inicio de una investigación judicial por la presunta comisión de una infracción penal, en particular, un delito de malversación de caudales públicos. En este sentido, ha indicado que "el denunciante nada acredita respecto de los indicios existentes relativos a la comisión del delito denunciado".

La jueza encargada de investigar este caso es, a su vez, la ex alto cargo del PP que también investiga a petición de los Franco a una funcionaria por hacer un informe sobre Meirás, como publicó infoLibre.

No ve indicios

El Ministerio Público ha insistido en que las acusaciones que se reflejan en la querella y las recogidas en el informe pericial tienen tan solo como base distintas noticias de prensa y reportajes televisivos, "así como comentarios y opiniones en redes, sin que se aporte ninguno de los expedientes que sostienen la realización de las encuestas objeto de informe pericial, y sin que se concrete ninguna actuación del investigado dirigida al cumplimiento de los requisitos del tipo objeto de denuncia".

Ha subrayado que "si bien es cierto" que la elaboración de encuestas forma parte de las funciones asignadas al CIS, dicha tarea se puede cuestionar por su eficacia sin que ese cuestionamiento lleve a exigir responsabilidad penal. La Fiscalía ha argumentado que no existe una relación causal lógica que lleve a presuponer que los errores denunciados en la elaboración de encuestas "sea consecuencia de una administración dolosa dirigida por el querellado con la finalidad de quebrantar los fines de la institución en beneficio de un partido político concreto".

Ámbito administrativo o disciplinario

Así, ha precisado que "las irregularidades que se denuncian, relativas a la forma de elaboración de encuestas por el organismo CIS, en consonancia con el principio de mínima intervención penal y la falta de indicios suficientes, deben resolverse en la esfera administrativa o disciplinaria, una vez se obtengan los expedientes o documentos que sostengan la realización de las encuestas y que permitan, por tanto, valorar de forma objetiva cualquier tipo de error o manipulación en su elaboración".

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Vox dio a conocer el pasado agosto que el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid había admitido a trámite la querella interpuesta contra Tezanos. Según informó el partido, el instructor requirió al CIS que presentara las actas de trabajo en las que se acuerdan los criterios de elaboración de las encuentras entre los ejercicios de 2018 y 2020 o en las que figure justificación para el "cambio de técnicas" aplicables a dichos instrumentos. También pidió el programa de cumplimiento normativo y control de delitos y las cuentas anuales de 2018 a 2020.

La Abogacía del Estado se opone a la investigación

Según la nota difundida este martes por la Fiscalía de Madrid, la Abogacía del Estado –en representación del investigado– ya recurrió la admisión a trámite de la querella. Los servicios jurídicos alegaron que la investigación penal tiene un carácter prospectivo al considerar que no existe concreción de los hechos objeto de la querella. Asimismo, defendieron que no existen indicios que justifiquen el delito de malversación de caudales públicos.