La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el empresario Javier López Madrid seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, mientras que para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González interesa una pena de cuatro años de prisión por cohecho pasivo y una multa de dos millones de euros en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo, en la que se investigaba el contrato para las obras del tren de Navalcarnero.
En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que solicita también la apertura de juicio oral, interesa además cárcel para otras cuatro personas, entre las que están el empresario Adrián de la Joya –muy ligado al comisario José Manuel Villarejo– para el que se piden tres años y seis meses de cárcel por cohecho activo, e Ildefonso de Miguel, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012, para el que solicitan 4 años de cárcel por cohecho pasivo.
Para Rafael Arturo Martín de Nicolás, el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional seis años y medio de cárcel por idénticos delitos a los de López Madrid: Cohecho activo y falsedad en documento mercantil. Para ambos impone multa también de 2 millones de euros.
El último de los encausados para el que interesa juicio oral es Felicísimo Damián Ramos Ramos para el que solicita otros seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil.
Para la celebración de la vista, Anticorrupción considera que se debe recabar la testifical de hasta 36 personas, entre las que se encuentra el empresario David Marjaliza, el también imputado en Lezo Edmundo Rodríguez Sobrino, el exministro 'popular' Eduardo Zaplana y el expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir, sobre el que juez acordó archivar la causa el pasado mes de noviembre.
2,5 millones para González y de Miguel
Según el informe, la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL gracias a la "ventajosa oferta económica" en comparación con otras siete empresas. Pero "en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid –consejero dominical de OHL en el momento de los hechos– y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas –consejero Director General de Construcción Nacional de OHL–".
Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.
"Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares –aproximadamente 1,8 millones de euros–al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González –presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012– a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad", recuerda la Fiscalía.
El Ministerio Público apunta que con ese plan sobre la mesa, para llevar a cabo el pago de citada comisión contaron "con la colaboración esencial" de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos, director de control de OHL, y Adrián de la Joya, "quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello".
En definitiva, la actuación conjunta de ambos acusados permitió a OHL "destinar importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión" para construir la línea ferroviaria Móstoles Central-Navalcarnero.
Así, días después de la adjudicación, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico en OHL, Rafael Arturo Martín, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL.
Los hechos ocurren en 2007, cuando OHL gana el concurso público y a la par, dice Fiscalía, López Madrid aprovecha su amistad con Ignacio González para convenir con éste que aprovecharía su posición en la Comunidad de Madrid para asegurar dicha adjudicación dado que podía influir sobre Jesús Trabada, de la empresa pública Mintra. "Lo que a merced de su intervención personal así aconteció", subraya.
El papel clave de Adrián de la Joya
Con el fin de dar cobertura a esta salida de fondos con destino México, dice el Ministerio Fiscal, Felicísimo Damián Ramos, de acuerdo con López Madrid y Rafael Arturo Martín, elaboró dos facturas por prestación de servicios ficticios que hizo aparecer formalmente emitidas por la sociedad panameña LAURYN GROUP INC., propiedad de Adrián de la Joya.
Esas dos facturas iban dirigidas a las dos sociedades mexicanas que recibieron los citados fondos. La utilización de esta sociedad panameña obedeció a que De la Joya había acordado con López Madrid que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en una cuenta que su sociedad LAURYN GROUP INC. tenía abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar a Ildefonso de Miguel Rodríguez, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos.
En ejecución de su plan, el 30 de noviembre de 2007, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de López Madrid y Rafael Arturo Martín, ordenó transferir esos 2,5 millones de dólares desde México a la cuenta suiza de LAURYN GROUP INC. Seguidamente, en fecha anterior al mes de julio de 2008, Adrián de la Joya hizo llegar al investigado Ildefonso de Miguel Rodríguez en Madrid fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas.
No obstante, el fiscal apunta que a día de hoy "no ha sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en las que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este investigado e Ignacio González".
Actuaciones para modificar el contrato
Debido a las limitaciones económicas de la oferta, la sociedad concesionaria en enero de 2010 paralizó las obras para pedir el modificado del contrato, tal y como habían planeado. A tal fin, López Madrid y Martín de Nicolás solicitan la resolución del contrato y piden un nuevo plazo de ejecución de las obras, lo que les es concedido "por mediación de Trabada" en diciembre de 2010.
El juez del 'caso Lezo' envía a juicio a Ignacio González y a López Madrid por las obras del tren de Navalcarnero
Pero en octubre de 2011 solicitan una modificación del contrato aduciendo causas imprevistas, e incluyen unas propuestas económicas nuevas que "de haberse incluido en la propuesta inicial habrían determinado la desestimación de su oferta". Esa solicitud no fue admitida y la concesionaria fue declarada en concurso de acreedores, no llegando a ejecutar las obras.
Cabe recordar que OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.
El juez García-Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el empresario Javier López Madrid seis años y medio de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, mientras que para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González interesa una pena de cuatro años de prisión por cohecho pasivo y una multa de dos millones de euros en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo, en la que se investigaba el contrato para las obras del tren de Navalcarnero.