Lazos amarillos
La Fiscalía pide inhabilitar a Torra un año y ocho meses por los lazos amarillos
La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido condenar a una inhabilitación de un año y ocho meses al president de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no ordenar la retirada de lazos amarillos y estelades de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía pide abrir juicio oral al president ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha instruido el caso, y condenarle por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, además de proponer multarle con 30.000 euros.
El Ministerio Público pide inhabilitarle durante este periodo para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en estos ámbitos, lo que conlleva la privación definitiva de estos cargos y honores durante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.
En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que Torra recibió el 11 de marzo una resolución de la JEC en el que se le instaba, en el plazo máximo de 48 horas, a la "inmediata retirada de las banderas 'estelades' o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat".
La Fiscalía relata como, a pesar de la claridad de la orden de la JEC, Torra "decidió desatenderla pese a ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento".
Asimismo, constata que poco antes del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la orden –a raíz de un expediente abierto por una reclamación de Cs–, el presidente presentó un escrito interesando una reconsideración del acuerdo.
A ojos del fiscal, la reconsideración era "improcedente al tratarse de una resolución administrativa firme", pero aun así la JEC la admitió otorgándole naturaleza de recurso de reposición, anunciando la decisión para una reunión del 18 de marzo.
Tras este anuncio de la JEC, Torra, en una comparecencia en Tarragona el 14 de marzo, "manifestó su negativa a retirar la simbología aludida por la JEC".
El 18 de marzo, la JEC acordó reiterar al presidente de la Generalitat el requerimiento de retirar los lazos en el plazo de 24 horas, adscribiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, si persistía en desobedecer, y requirió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que informara de si Torra finalmente cumplía.
Pretexto
Al día siguiente, Torra, pese a saber que tenía obligación de cumplir la orden, presentó ante la JEC un nuevo escrito interesando la suspensión "pretextando una supuesta imposibilidad de cumplimiento dada la multitud de edificios de la Generalitat" y porque se hallaba a la espera de conocer la opinión del Síndic de Greuges.
La Fiscalía tiene en cuenta, además, que desde el 15 de marzo Torra tenía en su poder dicho informe del Síndic, que le recomendaba atender al requerimiento de la JEC.
El 19 de marzo, la JEC contestó a Torra negando la suspensión solicitada por el presidente, y sin embargo "desatendió abiertamente dicha orden", tal y como se desprende de unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern Elsa Artadi y de una nota de prensa en este sentido.
Dos días después, según el relato del Ministerio Público, "evidenciando su desprecio a acatar la orden", sustituyó en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo por otra idéntica con el lazo blanco, y no fue hasta el día 22, tras la orden de la JEC al conseller de Interior, Miquel Buch, para que los Mossos d'Esquadra retiraran los símbolos, cuando finalmente se dio cumplimiento a la orden.
Declaración de Torra
En su declaración como investigado ante el TSJC por estos hechos, el 15 de mayo, Torra afirmó: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".
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Consideró que la orden de la JEC "era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto" y que no era superior a él.
"Todas las decisiones que se tomaron en ese momento fueron mías. La última responsabilidad de todo lo que pasó fue mía. El hecho de mantener pancartas en defensa de libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía", dijo Torra.
