La Fiscalía Provincial de Madrid ha calificado la venta de 32 promociones, entre ellas 2.935 viviendas, del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs en 2013 como "un procedimiento de contratación trufado de irregularidades".
Así lo hace el fiscal del caso en un informe trasladado al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid —encargado de la causa—, en el que apunta directamente contra los anteriores directores gerentes del Ivima Ana Gomendio y Juan Van-Halen, a los que responsabiliza de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Van-Halen presentó su renuncia en febrero de 2016 después de ser citado a declarar como investigado por su posible responsabilidad penal derivada de este procedimiento judicial. Ambos tuvieron que declarar ante el citado juzgado y continúan imputados. Además, comparecieron en la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, allá por noviembre de 2015.
"Se trata de un procedimiento de contratación trufado de irregularidades", asegura rotundamente el fiscal al comienzo del documento, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado este lunes por la Cadena Ser.
El representante del Ministerio Público explica que los indicios de la venta de las viviendas por debajo de su precio real son "diversos", aunque apostilla también que "si bien analizados individualmente podría llegar a cuestionarse el carácter delictivo, en su conjunto ofrecen la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria".
El Ayuntamiento de Madrid ya solicitó que la exalcaldesa Ana Botella y su equipo devolvieran 127 millones de euros por el daño causado a las arcas públicas. Para el fiscal existen "indicios de uso de artificio para la venta a infraprecio", y señala que hay pruebas de malversación como el hecho de que se decidiese vender las viviendas de una vez y no de forma individualizada.
"Un vacío de explicaciones evidente"
Respeto de la decisión de venta de los inmuebles en su conjunto, asegura que hubo "un vacío de explicaciones evidente". La Comunidad esgrimió que se hizo de ese modo por la "necesidad de liquidez", un extremo que el fiscal cuestiona pues ésta "pudiera haber sido cubierta si se hubiera optado por la enajenación no en su conjunto sino de forma individualizada". De hecho, señala que el Ivima vendió individualmente 513 viviendas y unos 200 garajes, locales y trasteros entre 2012 y 2013.
"No existe rastro documental de que se hubieran realizado estudios sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público, es decir, con qué fórmula se hubiera obtenido una mayor liquidez, que era supuestamente el fin único de la operación", recoge el fiscal, quien a su vez asegura que Gomendio "ya se estaba reuniendo con los representantes de los fondos de inversión" cuando pidió la autorización para la venta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, el fiscal considera que con este sistema se favoreció a los grandes fondos de inversión, "únicos capaces de dotarse de la solvencia necesaria para hacer frente a la operación", y que incluso los informes de tasación del precio de los inmuebles "se realizaron con anterioridad a la firma del contrato" con la empresa tasadora.
"Resulta raro que se declararan innecesarios"
En cuanto a la declaración de innecesariedad de los bienes, requisito para poder vender cualquier propiedad pública, el representante del Ministerio Fiscal sostiene que su "pobre" argumentación parecía "ordenada a cumplir formalmente con un requisito administrativo, no a atender al fin último de dicho trámite que no es otro que vedar la arbitrariedad en la venta de bienes públicos".
De esta forma estima que esto "no puede ser más raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original", ya que "no deja de ser asombroso" que se declaren innecesarios unos bienes destinados a los fines propios del Ivima: "la promoción y acceso a la vivienda pública". "Evidentemente, la declaración de innecesariedad tuvo una función exclusivamente financiera de obtener ingresos para la Administración", concluye.
"Entrada oculta y artificiosa de Goldman Sachs"
Por último, el fiscal analiza la "entrada oculta y artificiosa" de Goldman Sachs en la enajenación de los bienes a través de la sociedad Encasa Cibeles. Las promociones fueron adjudicadas al fondo de inversión Azora, que según el fiscal está participada íntegramente por ELQ Holdings, radicada en el paraíso fiscal de Delaware y controlada por Goldman Sachs.
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Otro dato que resalta el fiscal es que el auditor independiente de ELQ es Price Waterhouse Coopers (PWC), "la misma quien a través de su filial española realizó labores de asesoramiento en el proceso de enajenación de las viviendas". El informe de asesoramiento, sin embargo, "se entregó después de la memoria justificativa de Gomendio" para la enajenación de viviendas, y por un precio de 71.390 euros.
En definitiva, reitera que esta "entrada oculta refuerza la idea de la existencia de un artificio", "lo que viene a aumentar el secretismo y escasa transparencia y abona el camino a la más absoluta arbitrariedad" de la operación.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha calificado la venta de 32 promociones, entre ellas 2.935 viviendas, del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs en 2013 como "un procedimiento de contratación trufado de irregularidades".