El bulo ya está desmontado. Aunque eso no signifique automáticamente que pierda efectividad, lo cierto es que no se sostiene con los hechos. No, los inmigrantes en situación irregular no pueden recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), por lo que es improbable un "efecto llamada", más aún en tiempo de pandemia. Y, sin embargo, hay una fría lógica tras estas afirmaciones que fomentan el sentimiento de agravio ante los inmigrantes, que se ven acompañadas por otras a favor de la exclusión de extranjeros de la sanidad universal. Una lógica política y electoral. Así lo indican los datos de opinión pública, que muestran un creciente recelo hacia los inmigrantes por su papel como competidores por las ayudas públicas. Lo señalan también los investigadores en este campo: la sensación de agravio en el acceso al amparo del Estado es campo abonado para el rechazo al de fuera. Y algo más: el llamado "chovinismo del bienestar", un proteccionismo excluyente que induce entre las capas más necesitadas un recelo hacia los inmigrantes, más aún en momentos de crisis, ha demostrado ser una valiosa herramienta de la ultraderecha, sobre todo a la hora de ampliar su base social.
Vox insiste una y otra vez en las mismas imágenes. Inmigrantes que vienen a por las ayudas. Extranjeros que saturan la sanidad. Venidos de fuera a los que el Estado trata mejor que los de aquí. Es un discurso insistente. "Efecto llamada a gritos", clamó Jorge Buxadé tras la aprobación del IMV. Desde la tribuna del Congreso, Santiago Abascal auguró un "brutal efecto llamada" con esta prestación, que lanzará hacia las costas españolas una oleada de inmigrantes en patera, afirmación que choca con la naturaleza real de la ayuda. Este discurso ha recuperado actualidad ahora, con el anuncio de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por parte de la ONG Musulmanes contra la Islamofobia contra Vox por una "presunta manipulación racista". ¿El motivo? Un tuit que de la cuenta del partido que decía lo siguiente: "Las mafias del tráfico de personas, con el apoyo de progres e incautos, ya están ofreciendo un nuevo complemento a su oferta de viaje: una renta mínima pagada por los españoles que llevan toda una vida trabajando" [ver aquí la explicación de la denuncia].
Al margen de la distorsión de Vox, que además no ha variado en conjunto su posición neoliberal, lo cierto es que los dirigentes del partido han encontrado un filón para su discurso xenófobo. Un discurso que le permite, señalando al extranjero, sortear la dificultad que supone que la mitad de su electorado esté a favor del IMV. "Ayudas, sí, pero para los de aquí", sería el resumen. Hay una significativa veta que explotar con ese mensaje. Sólo hay que sacar la lupa y mirar los datos.
Los datos
Aporta cifras jugosas el último informe Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en EspañaEvolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España, con datos de 2017, del Ministerio de Trabajo y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. El 57,9% de los encuestados creen que los extranjeros reciben "más ayuda que los españoles". El 42,1% considera que los españoles deberían tener acceso prioritario a la atención sanitaria frente a los inmigrantes. Hay un caldo de cultivo para el discurso del agravio y el "los españoles primero". Ambos indicadores van al alza. En 2016 eran del 52,4% y el 40,8%, respectivamente.
El 58,3% ve que los inmigrantes abusan de la sanidad. En 2016 era el 53,3%. También aumenta el porcentaje de los que creen que disminuye la calidad de la atención sanitaria por la presencia de inmigrantes, que pasa del 40,3% al 43,8%. "Esta crisis refuerza nuestra idea de que no puede haber una sanidad universal para todos porque los recursos del Estado son limitados. Hay que limitar o prohibir el acceso a la sanidad a la inmigración ilegal, salvo para necesidades urgentes y extremas", señalaba Abascal en una reciente entrevista con Redacción Médica.
Mercedes Fernández, responsable del informe del ministerio y directora entre 2012 y 2018 del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, afirma que "la elevada percepción del inmigrante como competidor por las ayudas determina negativamente la opinión sobre la inmigración, sobre todo entre la población con menos recursos". "Claramente", añade. Ahora bien, recalca que se trata de una visión "ficticia", alimentada por una falta de pedagogía sobre la naturaleza de las ayudas públicas. "Ahora, por ejemplo, con el Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno debería explicar claramente cómo funciona la prestación", señala.
Con veinte años a sus espaldas investigando las percepciones sobre la inmigración, Fernández culpa también a la visión estereotipada que dan los medios. "Se insiste siempre en la imagen simplificada del inmigrante explotado y pobre. Parece que sólo vienen en patera, cuando la mayoría llegan en avión", añade. La cifra de inmigrantes que entraron ilegalmente por el litoral, las islas, Ceuta y Melilla entre 2007 y 2018 fue de 122.622 personas, frente a los 3,4 millones que entraron legalmente [ver aquí información en detalle]. No obstante, Fernández subraya que la imagen del inmigrante está monopolizada por la patera. Eso contribuye, añade, a fomentar el estereotipo del inmigrante pobre y necesitado de ayudas, alimentado así los discursos de agravio. Discursos como el de Vox se valen de estereotipos previos.
Los datos de la Encuesta Social Europea completan la fotografía. A la pregunta de cuándo deben los inmigrantes obtener beneficios sociales, un 18,9% de los españoles responden que nada más llegar, mientras un 50,4% cree que después de trabajar y pagar impuestos durante un año. ¿Se entiende mejor así el discurso de Vox?
El catedrático de Sociología Antonio Izquierdo, investigador del fenómeno migratorio, lo resume así: "Tras la crisis, comenzó a preocupar no tanto el acceso de los inmigrantes al nicho laboral como el acceso a las ayudas del Estado del bienestar. Los recursos se ven como limitados, y a los inmigrantes, como ciudadanos que no lo son de pleno derecho".
Inmigrantes "muy protegidos"
Hay un informe posterior que indica que el rechazo a la inmigración por su acceso a las ayudas crece. La encuesta Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, capta la imagen de 2019 tomada entre marzo y abril, tras la irrupción electoral de la ultraderecha. La encuesta muestra cómo empeoran las opiniones de los andaluces sobre la inmigración, vista como una creciente amenaza para la percepción de ayudas sociales.
Hay una tendencia hacia un mayor proteccionismo en ámbitos como las ayudas públicas, asistencia sanitaria o acceso al empleo. Datos. El porcentaje de andaluces que están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con que los inmigrantes reciben "más ayudas" que los españoles en igualdad de condiciones pasa del 46,1% al 52,61%. El 57,41% de los encuestados, 13,4 puntos más que en 2017 y 36 puntos más que en 2015, creen que los extranjeros reciben "bastante" o "mucha protección","bastante" o "mucha protección" frente a un 24,66% que opina lo mismo sobre las "clases medias", un 23,82% que lo piensa sobre los "mayores" y un 18,16% que lo considera sobre los "parados". Sólo un 12,72% cree que los "jóvenes" reciben "bastante" o "mucha" protección. Y únicamente un 1,99% de los encuestados cree que los inmigrantes deberían ser los protegidos "en primer lugar". Más del 50% piensa que deberían ser los "mayores", muy por delante de los segundos en esta clasificación (los parados, con el 22,2%). Con marcos de opinión así, los discursos de Abascal y Buxadé tienen un público potencial muy significativo. Andalucía, la comunidad más poblada y al mismo tiempo una de las que concentra mayores bolsas de pobreza, es potencialmente una de las que más ciudadanos beneficiarios del IMV puede tener.
Más cifras de la encuesta. Los andaluces que consideran que, a causa de la inmigración, se generan "mayores ventajas sociales" para los extranjeros pasan del 4,2% en 2015 al 8,6% en 2017 y al 16,5% en 2019. En cuatro años, el porcentaje se ha cuadruplicado.el porcentaje se ha cuadruplicado La dinámica de la flecha va claramente hacia arriba, desde el 1% de 2005, cuando la Junta elaboró por primera vez esta encuesta. El porcentaje de los que están "muy de acuerdo" o "de acuerdo" con que los inmigrantes "abusan de la atención sanitaria gratuita" se sitúa en un 52%, una leve subida desde el 49,81% de 2017. La encuesta desvela que, al mismo tiempo, se están asentado dos ideas: 1) Los inmigrantes tienen mucho acceso a ayudas, incluso de forma más fácil que los andaluces; 2) No deberían tener tanto acceso, porque eso perjudica a los locales. Es un esquema que ayuda a entender el discurso de Vox, según el cual el Ingreso Mínimo Vital, que se dirige a la población con menos recursos, provocará un aluvión de inmigrantes paupérrimos en busca de ayuda.
Y un dato más: caen con fuerza los porcentajes de andaluces que creen que los inmigrantes deberían tener derecho a: cobrar el subsidio de desempleo (del 83,27% en 2017 al 51,3% en 2019), votar en las elecciones (64,04% a 41,47%), traer a su familia (71,72% a 50,08%) u obtener la nacionalidad (75,35% al 47,81%).
Anabel Suso, coordinadora de la encuesta andaluza, señala que la aprobación de medidas como el IMV debe aparejar "mucha pedagogía". "Lo que da acceso son las condiciones económicas. Si no se pelea contra las falsedades con datos e información veraz, constantemente se fomenta el estereotipo", señala Suso.
La posición de la ultraderecha
Antes de la irrupción de Vox, en la búsqueda de porqués de la inexistencia de una ultraderecha fuerte en España, había análisis que incluían precisamente como una causa el hecho de que hubiera un sistema de protección social frágil. Una aparente paradoja. La idea se resumiría así: la fragilidad de las políticas sociales es tal que no hay una reacción xenófoba de las capas populares ante el miedo a que los inmigrantes les quiten las ayudas. Carmen González, catedrática de Ciencia Política de la UNED y autora del artículo La excepción española: el fracaso de los grupos de derecha populista pese al paro, la desigualdad y la inmigración, lo expresaba así en 2018: "Es importante. En España apenas hay política de vivienda pública. En Reino Unido sí. O en Francia. Lo que hoy son las banliueues francesas fueron originalmente construidas para trabajadores franceses", explica. Conforme han sido sustituidos por inmigrantes, han surgido tensiones.
Suena contrario a la intuición: la fragilidad de la protección social como explicación –parcial– de contención de la preocupación por la inmigración. En un artículo en 2014 en Eldiario.es, José Fernández Albertos lo proponía también para la reflexión, aunque aclarando que es un tema abierto a la controversia y sobre el que aún no hay plenas certezas. Su planteamiento, escrito hace seis años, tiene interés. "En términos comparados, y contra lo que se dice, a quien nuestro Estado trata particularmente mal no es a las clases medias, sino a los grupos más desfavorecidos. Así, después de la intervención del Estado en forma de impuestos y transferencias, en España apenas logramos reducir las diferencias de ingresos entre ricos y pobres [...]. Para los inmigrantes esto tiene una implicación muy clara: tienen un Estado que, si bien les garantiza servicios básicos de sanidad y educación, no protege sus bajos y erráticos ingresos. El resultado es que, a diferencia de otros países, los inmigrantes en España apenas son percibidos por los nativos como un lastre fiscal para el Estado. No es seguramente casualidad que muchos de los nuevos movimientos políticos contrarios a la inmigración hayan emergido en entornos, como Escandinavia, donde los Estados del bienestar son particularmente generosos con los sectores económicamente más vulnerables".
El Ingreso Mínimo Vital, nacido con la vocación de ser un nuevo pilar del Estado del bienestar, supone un salto cualitativo y un cambio de paradigma en las ayudas sociales. Sabiendo que hay una base de recelo hacia los inmigrantes por el acceso a ayudas públicas, expuesta claramente en las encuestas, una nueva prestación de gran impacto mediático y dirigida especialmente hacia los sectores con menos recursos puede tener un importante calado. Ahí se inserta el discurso de Vox, que no se detiene por el hecho de que, en realidad, los inmigrantes irregulares no pueden acceder a estas ayudas. Es ya sabido que no es necesario que los discursos se adapten a la verdad para tener impacto [ver aquí información en detalle].
Chovinismo del bienestar
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La idea de que la impresión de competencia por las ayudas alimenta a la extrema derecha ha sido ya objeto de estudio. En su artículo Inmigración, chovinismo del bienestar y apoyo a partidos de derecha radical en Europa, de marzo de 2019, Luis Cornago y Delia Zollinger señalan que este tipo de formaciones ultra "tienen un incentivo para adoptar un enfoque restrictivo y chovinista del Estado del bienestar a medida que aumenta la proporción de votantes de la clase obrera en su electorado", en particular en un contexto de crisis. "El éxito de los partidos de derecha radical que movilizan a la clase obrera con apelaciones nativistas, junto con la consiguiente presión sobre estos partidos para que se posicionen en términos de bienestar y política de mercado laboral, parecen explicar en parte la creciente relevancia del chovinismo del bienestar", indican Cornago y Zollinger en su artículo, publicado por The London School of Economics and Political Science.
En un informe que repasa la literatura disponible, los autores apuntan a estudios según los cuales que "es difícil desarrollar sentimientos de confianza y solidaridad nacional entre los diferentes grupos étnicos", lo que "conduce a una disminución del apoyo al Estado del bienestar porque la gente no quiere redistribuir recursos a personas en las que no confía y con las que no se identifica". "Aunque el aumento de la inmigración no reduce necesariamente el apoyo al Estado del bienestar en general, puede dar lugar a un tipo de Estado del bienestar más restrictivo y dualista, denominado chovinismo del bienestar, en el que los inmigrantes tienen menos derecho a determinados programas de bienestar que los nativos", señalan.
Los autores introducen interesantes contrapuntos, como cuando repasan la "hipótesis de la compensación", según la cual algunos sectores pueden percibir un mayor riesgo de disminución de sus ingresos por la llegada de población nacida en el extranjero al mercado laboral, por lo cual "en lugar de oponerse a las políticas sociales, las apoyarían aún más para superar esas potenciales pérdidas de ingresos". Y un apunte más de interés: "Algunos estudios sostienen que los regímenes universales tienden a reducir el nivel de chovinismo de bienestar de los nativos, mientras que los regímenes y programas de bienestar basados en los medios económicos tienen más probabilidades de provocar un conflicto étnico por el bienestar".