La fuga de Puigdemont complica su futuro judicial y pone el foco en la activación de la euroorden

Treinta y seis horas después de su segunda huida, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se encuentra en el mismo punto del que partió. A última hora del viernes, el líder de Junts afirmaba que había logrado salir de España y que en estos momentos se encuentra de nuevo en Waterloo (Bélgica). En su comunicado, colgado en su cuenta de X, carga duramente contra los Mossos d'Esquadra y contra el operativo de búsqueda del que eran responsables y que intentó, sin éxito, detenerle. "Seguiremos buscándolo para dar cumplimiento a la orden de detención", aseguraba este viernes ante los medios el jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent antes de que se conociera el anuncio de Puigdemont. En el cuerpo, que se hizo cargo del fallido operativo policial, no se descartaba entonces que el exlíder del Ejecutivo catalán pudiera seguir en Barcelona, un extremo que negaba su entorno y que, finalmente, se confirmó en el comunicado del expresident. Una fuga que los expertos consultados por infoLibre creen que perjudica su estrategia jurídica y recuerdan que, si realmente está en Waterloo, el Supremo tiene margen para cercarle por Europa con una euroorden que parece tener ahora más probabilidades de éxito.

La huida del expresident, que se escabulló entre la multitud tras dar un breve mitin a los pies del Arco del Triunfo de la Ciudad Condal, ya ha provocado los primeros movimientos judiciales. El instructor del procés, Pablo Llarena, no ha tardado en poner la lupa sobre el fallido operativo policial. Por un lado, ha solicitado a los Mossos que le informen sobre el dispositivo montado, los "elementos" que determinaron "su fracaso" y los agentes responsables de su diseño, aprobación y ejecución. Y, por otro, ha pedido al Ministerio del Interior los mismos detalles pero en relación al operativo dispuesto para su detección y posterior arresto en frontera. Hay que recordar, en este sentido, que la orden de detención contra Puigdemont mandata a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una información sobre el dispositivo del cuerpo policial autonómico que también ha exigido la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a raíz de las querellas presentadas por Vox y el colectivo ultracatólico Hazte Oír. Los Mossos d'Esquadra, mientras tanto, siguen buscando al prófugo y estrechando el cerco alrededor de aquellos que pudieron participar de alguna u otra manera en la fuga. Sallent, de hecho, no ha descartado que puedan producirse "más detenciones", que se sumarían a las de los tres agentes del cuerpo policial arrestados este jueves. "Es posible que otros mossos le hayan ayudado y ahora tenemos que investigar y seguir el recorrido penal y administrativo para cada caso", ha dejado caer el comisario.

Los expertos consultados por este diario consideran que la fuga puede complicar aún más su futuro judicial. "Le viene muy mal a su estrategia jurídica", sostiene Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma. En primer lugar, considera que le deja más tiempo "en el limbo" en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía. En su entorno se especulaba con que un ingreso en prisión del expresident pudiera acelerar un primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional relacionado con la norma de olvido jurídico –aunque solo fuera para resolver las cautelares planteadas por la defensa–. Al fin y al cabo, una causa con preso lleva aparejada una tramitación preferente. La huida, sin embargo, aleja de nuevo este escenario.

Por otro lado, las fuentes consultadas dan por hecho que la fuga da más argumentos al instructor del procés para, si en algún momento pasa a disposición judicial, ordenar la prisión preventiva de Puigdemont en lugar de otras cautelares que pudieran ser menos gravosas –cárcel eludible bajo fianza, libertad provisional con comparecencias o prohibición de salir de España–. Al fin y al cabo, uno de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de decretarla es, precisamente, la existencia de riesgo de fuga. La desaparición del expresident por las calles de Barcelona se suma, por tanto, a los más de siete años que lleva fuera de España, país del que salió cinco días antes de que los principales líderes independentistas fueran enviados a la cárcel tras el referéndum del 1-O.

"Si hubiese vuelto y se hubiese entregado, se habrían debilitado las razones para enviarle a la cárcel. Pero después de lo sucedido, por supuesto que puede ordenar prisión provisional", lanza Cancio. Los expertos, sin embargo, no ven más allá de esto margen para atribuir al exlíder de la Generalitat nuevos delitos vinculados a su fuga. "No veo que haya podido incurrir en ninguno. Otra cosa sería que se hubiera fugado de un centro penitenciario", opina un magistrado. Cuestión distinta es la colaboración para la huida. En ese caso, los cómplices podrían enfrentarse a un delito de encubrimiento. Ahora bien, en el caso de los mossos detenidos todo depende del papel que jugaron y, sobre todo, de si lo hicieron con "abuso de funciones públicas".

La euroorden

El Tribunal Supremo también podría responder a la fuga reactivando la orden europea de detención contra el expresident. De hecho, según confirman fuentes judiciales, eso es algo que la ultraderecha de Vox, que ejerce como acusación popular, volvió a pedir a comienzos de julio. Y que reclamó también en su día la Fiscalía. Hasta ahora, el instructor del procés, que como la Sala de lo Penal del Supremo ha rechazado que la amnistía pueda aplicarse a la causa contra los líderes independentistas, se había negado a poner en marcha de nuevo la euroorden hasta que la justicia comunitaria resolviese definitivamente la batalla sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado, después de que el expresident recurriese el fallo del Tribunal General de la Unión Europea que confirmó la retirada de la protección.

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Pero ahora el escenario es diferente. El exlíder del Ejecutivo catalán ya no goza de dicho blindaje. "Y el que le daría ser parlamentario catalán funciona aquí", completa Cancio. De ahí que el catedrático de Derecho Penal considere que el magistrado tiene ya las manos libres para reactivar una euroorden que, bajo su punto de vista, tiene más probabilidades de prosperar que las anteriores, dado que ya no giraría sobre un delito de rebelión o sedición –derogado hace más de un año–, sino que se centraría en una malversación agravada y una desobediencia. "No creo que nadie se la discuta por estos delitos. No veo razón para que no le entreguen", completa.

Algo con lo que coincide otro magistrado pulsado, que ve posible la extradición si se le detiene fuera de aquellos países que suelen poner más impedimentos a la hora de aceptar las órdenes de detención y entrega. De hecho, cuando el expresident fue detenido en Alemania hace ya seis años tras regresar en coche de una conferencia dada en Helsinki, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein dio el visto bueno a su entrega pero solo por el delito de malversación –la rebelión la rechazó al entender, atendiendo al Código Penal germano, que los actos por los que se le reclamaba no constituían ni delito de alta traición ni perturbación del orden público–. Llarena rechazó entonces la extradición de Puigdemont solo por ese tipo penal.

En caso de reactivarse finalmente y de que el exlíder del Ejecutivo catalán sea detenido en cualquier país de la Unión Europea, su defensa, no obstante, podrá intentar jugar en la batalla por la extradición la carta de la amnistía, una ley que el legislador diseñó con la intención de encajar en ese olvido jurídico la malversación del procés pero que el Alto Tribunal ha rechazado aplicar alegando que el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1-O llevó aparejado un "propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". De ahí que el Supremo haya mantenido hasta ahora en vigor las medidas dictadas contra Puigdemont pese a que la ley contemple que deben alzarse desde las órdenes de busca y captura hasta las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.