Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sopechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40 años.
Avalmadrid nació con ese nombre en 1985, pero desde tres años antes existía como Assaf. Tiene una plantilla de 60 trabajadores y la consideración de entidad financiera, por lo que está sometida al control e inspección del Banco de España. Y es una sociedad semipública sin ánimo de lucro, donde la Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital. Lo mismo ocurre en el resto de las 17 sociedades de garantía españolas –también hay una sectorial, CREA, que avala sólo a empresas audiovisuales–, donde cada administración autonómica cuenta con una participación.
En Avalmadrid, además, Bankia, banco público por el 61,7% que posee el FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Entró en la sociedad de garantías madrileña en 1991, cuando aún era Caja Madrid. Hasta 2014 no se convirtieron en socios Banco Santander y Caixabank; Banco Popular –integrado en el Santander desde 2017– llegó en 2015. También son socios fundadores la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.
Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento. Desde esta semana la preside Isaac MartínIsaac Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad, y su director general es Rodrigo Tilve, también director general de Economía. La consejería es una de las carteras del Gobierno madrileño a cargo de Ciudadanos, que ha situado a su cabeza a un independiente, Manuel Giménez.
Casi 11.000 pymes y autónomos son socios
Todos los citados son socios protectores de Avalmadrid, que reúnen el 60,5% del capital. Pero cuatro quintas partes de sus accionistas deben ser pequeñas y medianas empresas, por lo que el 39,5% restante corresponde a los socios partícipes, todas las pymes y autónomos que obtienen un aval. Para conseguirlo deben adquirir acciones de la sociedad en proporción a la cuantía de la garantía otorgada. Que son reembolsables cuando cancelan el aval. Por eso su número es variable, al igual que el capital que representan en el total de la sociedad. A 31 de diciembre de 2018, Avalmadrid cuenta con 10.903 socios partícipes.
Cualquier pyme o autónomo puede acudir a la sociedad de garantías madrileña para que le avale ante la entidad financiera a la que ha pedido un préstamo. Además de la cuota de capital, deberá pagar dos comisiones: una calculada según el riesgo de la operación y otra anual que equivale a un porcentaje del principal pendiente de amortizar.
A cambio, puede pedir dos tipos de avales: técnicos y financieros. Los primeros son los que exigen las administraciones para conseguir subvenciones o participar en concursos públicos. Los segundos, los necesarios para solicitar créditos a los bancos. Según las cifras de Cesgar, la patronal de las sociedades de garantía españolas, de los casi 3,6 millones de empresas con menos de 250 trabajadores que existen en España, el 36,5% necesitó acudir a un banco en busca de crédito el año pasado y, de éstas, la mitad necesitó un aval.
De hecho, el principal problema que exponen las pymes para obtener financiación es precisamente la falta de las garantías que les piden los bancos, según los informes de Cesgar, incluso por delante del precio del dinero. Por regla general, las pequeñas empresas necesitan solicitar un crédito sobre todo para financiar el circulante, por el desajuste temporal entre ingresos y pagos.
Entre la Fiscalía y el Banco de España
En 2018 Avalmadrid concedió 1.672 avales, 944 financieros y 728 técnicos. El importe medio de los primeros fue de 58.000 euros. Una cuantía que no ha dejado de caer desde los 132.000 euros de media aprobados en 2011.
A MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Avalmadrid le proporcionó un aval que triplicaba la cuantía media de los que aprobó en 2011, 400.000 euros. Bajo escrutinio está si esta firma de suministros médicos se benefició de un trato de favor por la intervención de Díaz Ayuso, entonces parte del equipo de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo.
También está en el foco del Banco de España la concesión de avales a empresas que tenían vinculaciones con miembros del consejo de administración. El organismo supervisor inspeccionó y abrió expediente a la sociedad de garantías madrileña por las numerosas irregularidades que descubrió en 167 operaciones. Y la propia Avalmadrid remitió a la Fiscalía el pasado mayo un informe donde señalaba a exconsejeros y exdirectivos como responsables de toda una serie de operaciones aprobadas de forma “discrecional” y pese a su “falta de lógica económica”, que además “causaron un perjuicio” a la entidad. El ministerio público archivó la denuncia por considerar prescritos los hechos, pero tendrá que volver a analizar éstos y otros avales, entre ellos el de los padres de Díaz Ayuso, después de que Más Madrid haya presentado este mismo miércoles otra denuncia donde se acusa a la presidenta madrileña de alzamiento de bienes, tráfico de influencias y trato de favor, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal.
Bankia, la entidad que más operaciones firma con Avalmadrid
Las SGR permiten a las empresas y autónomos conseguir condiciones ventajosas, tanto en interés como en plazos, a la hora de firmar con los bancos. Gracias a que mantienen convenios de colaboración con estas entidades financieras. Avalmadrid los ha suscrito con los que son sus socios protectores –Bankia, Santander, Caixabank–, pero también con Sabadell, Deutsche Banki, BBVA, y varias cajas –rurales de Soria, Albacete y Jaén– e incluso bancos extranjeros como el ecuatoriano Pichincha o el holandés Triodos.
La entidad con el mayor volumen de riesgo garantizado por Avalmadrid es la propia Bankia, con 99,348 millones de euros y 190 avales, según se recoge en la última memoria anual de la sociedad de garantías. Caixabank le sigue con casi una tercera parte, 33,86 millones y 182 operaciones, así como Banco Sabadell, con una cantidad parecida, 36,86 millones de euros y 108 avales. Pero si se suman los volúmenes de Santander y Popular, ambos cuentan con 44,85 millones en avales.
Para los bancos, contar con la garantía de una sociedad como Avalmadrid les supone un doble negocio.
Por un lado, reducen el riesgo de las operaciones porque saben que tienen cubierto cualquier impago. No sólo por la sociedad de garantía recíproca, sino también por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, y por la Comunidad de Madrid, que a su vez respaldan las operaciones de Avalmadrid. Por otro, los préstamos avalados por las SGR ponderan al 20% a efectos del coeficiente de solvencia, por lo que consumen menos recursos propios bancarios. De ahí que las entidades puedan ofrecer tipos más bajos y plazos más largos.
Además, es la sociedad de garantías la que efectúa todo el seguimiento de la operación. Se trata de un proceso largo, puesto que los avales se conceden con plazos que van desde tres años para un crédito hasta 15 años si son préstamos hipotecarios.
Aunque, como se ha visto en el caso de MC Infortécnica SL, hayan quedado patentes los fallos de esos controles. De hecho, nunca se recuperaron lo 400.000 euros del aval: en siete años Avalmadrid no actuó para embargar a los socios de la empresa los inmuebles que habían puesto en garantía para la operación. En ese tiempo, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica, incluidos los padres de Díaz Ayuso, los donaron a sus hijos o transmitieron a terceroslos donaron a sus hijos o transmitieron a terceros, lo que el Código Penal considera un delito de alzamiento de bienes.
Marsans y Cantoblanco
Tampoco fueron diligentes los gestores de Avalmadrid con el seguimiento y control de riesgos en los 167 avales investigados por el Banco de España, que pide sanciones por un total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos, así como para la propia SGR y la Consejería de Economía. La decisión definitiva del supervisor se conocerá antes de que acabe este año.
El caso es que la ratio de morosidadratio de Avalmadrid no ha hecho más que aumentar desde 2012, cuando era sólo del 4,32%, hasta 2018, cuando alcanza el 11,62%. Casi la ha triplicado. De los 352,11 millones de euros que la sociedad de garantías madrileña mantiene en avales otorgados en vigor, 46,35 millones son considerados dudosos.
Según el informe del Banco de España, las irregularidades se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2013 hasta junio de 2018. Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, dice el supervisor, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”.
En otros avales, los informes de seguimiento sólo mencionaban el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aportaba información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en algunas operaciones la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.
Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.
Cambios en la política de riesgos
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Todas estas irregularidades se sucedieron pese a que el Banco de España requirió a Avalmadrid en 2012 que mejorara su política de seguimiento de riesgos. No le hizo caso hasta 2014. Y hubo que esperar hasta septiembre de 2018 para que la SGR madrileña creara el cargo de director de Control de Riesgos y Cumplimiento Normativo y eligiera a Rodolfo Felipe Gómez para el puesto, además de nombrar una directora de Seguimiento y Recuperaciones, Asunción Martín Gómez.
En octubre de 2018, cuatro meses después de que el Banco de España abriera el expediente a Avalmadrid, el consejo de administración aprobó una nueva política de operaciones vinculadas que “refuerza y amplía el alcance” de las operaciones que no puede aceptar la SGR, además de endurecer los requisitos para conceder avales a empresas relacionadas con la cúpula de la sociedad, asegura la memoria anual.
Según ese informe, Avalmadrid ha concedido a empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración un total de 25 avales, por importe de 3,64 millones de euros. La empresa subraya que todas estas operaciones cumplen el Código Ético de la entidad, del que carecía hasta 2016. Esa cifra es la más alta desde 2011, cuando fueron 11 los avales otorgados a firmas relacionadas con la cúpula de Avalmadrid.
Avalmadrid, en el disparadero desde que se han conocido sus sopechosos tratos de favor a la hora de conceder avales y no cobrar los que no se devuelven, es una de las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que existen en España desde 1978. Fue entonces cuando se creó un sistema que proporciona acceso a la financiación a pymes y autónomos, los que más dificultades tienen para conseguir crédito: ha otorgado un total de 31.969 millones de euros en los últimos 40 años.