Trece empresas favorecidas por Avalmadrid deben cuatro millones de euros a la Seguridad Social

Los informes que tanto el Banco de España como la firma Forest Partners elaboraron sobre la gestión de AvalmadridAvalmadridseñalan a una serie de empresas que recibieron trato de favor, bien cuando la sociedad de garantías les concedió el aval, bien cuando no fue diligente en su recuperación una vez aquéllas no devolvieron los importes que adeudaban. En unos casos se trata de empresas que mantenían vinculaciones con miembros del consejo de administración de Avalmadrid o con sus socios protectores. La mayoría de ellas, además, tenían graves problemas financieros que desaconsejaban la concesión del aval o debían haber puesto en alerta a los responsables de gestionar su recobro.

De hecho, según datos oficiales obtenidos por infoLibre de documentos registrales de las propias empresas, así como de anuncios y edictos publicados por la Seguridad Social, al menos 13 de las empresas citadas en ambos informes mantienen aún a día de hoy una deuda total de cuatro millones de euros por impago de cotizaciones sociales.

A continuación se detallan las empresas morosas y su deuda con la Seguridad Social:

1. Casbar Tecnología Industría: 1,3 millones

El mayor moroso es Casbar Tecnología Industrial, que debe más de 1,3 millones de euros. Se trata de una empresa de fabricación de muebles metálicos a la que se otorgaron siete avales por importe de 7,94 millones de euros entre 2008 y 2012. Su presidente y consejero delegado, además de propietario del 22,5% de las acciones, era José Miguel Guerrero Sedano, quien ocupó el cargo de consejero de Avalmadrid entre 2004 y 2013 como representante de la Cámara de Comercio de Madrid, uno de los socios protectores de la sociedad de garantías.

Según el informe de Forest Partners, la reestructuración de la operación que aprobó Avalmadrid cuando Casbar empezó a tener problemas para devolver el aval no sólo aumentó el importe de la garantía –una decisión “sin sentido”, apunta–, sino que además dividió la responsabilidad entre sus cinco avalistas, que consiguieron así reducir su riesgo al perder el carácter solidario que compartían hasta ese momento. Esta circunstancia, destacan los analistas, favorecía a los avalistas, entre ellos a Guerrero Sedano. A 31 de diciembre de 2018, la deuda que Casbar mantenía con Avalmadrid ascendía a 764.000 euros.

2 y 3. Rural Tour Viajes y Trapsa: 660.000 euros

Le sigue el Grupo Marsans, dos de cuyas empresas, Rural Tours Viajes SA y Trapsa, adeudan a la Seguridad Social más de 660.000 euros. El grupo fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien entre 2002 y 2007 había presidido también CEIM, la patronal madrileña, a su vez miembro de CEOE. CEIM es otro de los socios protectores de Avalmadrid, que concedió seis avales a Rural Tours Viajes SA y dos a Trapsa por un importe total de 3,39 millones de euros en 2010. El accionista al 100% de las dos empresas es Viajes Marsans, que entró en concurso de acreedores sólo cuatro meses después de recibir los avales sus dos filiales. Éstos fueron aprobados por la comisión ejecutiva de Avalmadrid pese a que el analista de riesgos había desaconsejado las operaciones tras advertir de la “muy mala situación patrimonial” del Grupo Marsans y de los “fuertes riesgos” que suponían para la sociedad de garantías.

“Cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, concluye la consultora. En aquel momento, tres de los miembros del consejo de administración de la sociedad de garantías madrileña ocupaban cargos en CEIM: Jesús Martín Sanz, vicepresidente de la patronal; Sol Olábarri Cervantes, directora del Departamento de Asuntos Económicos, y Juan Pablo Lázaro, también vicepresidente de CEIM.

Además, Avalmadrid recibió dos cartas en enero de 2010, apenas unas semanas antes de que se formalizara la concesión de los avales, firmadas por el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. Con una redacción “casi idéntica”, resalta Forest Partners, las cartas de Fernández y Beteta pedían a los responsables de Avalmadrid que tuvieran en consideración “en la próxima sesión ordinaria” donde se iban a analizar los avales para las empresas de Díaz Ferrán, las 4.000 personas a las que Marsans proporcionaba trabajo en Madrid, “lo que da idea de la importancia del empleo que genera la actividad del grupo en el mercado laboral madrileño”.

Como ni Rural Tours ni Trapsa pudieron devolver las garantías, fueron ejecutadas. En junio de 2013 el grupo quedó liquidado, dejando a deber a Avalmadrid un total de 2,72 millones de euros.

4. Isolux Corsan: 582.000 euros

También otra empresa con graves problemas financieros, Isolux Corsán, solicitó un aval a la sociedad de garantías madrileña. Lo hizo en 2011 y por importe de 412.608 euros, de los que no devuelto ni un euro. Entró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2017.

En su caso Forest Partners sólo aprecia un “incumplimiento”: su “tardía” calificación como dudoso subjetivo. Isolux debe a la Seguridad Social 582.000 euros.

5. Grupo Cercal de Alimentación: 425.000 euros

El Grupo Cercal de Alimentación, que se dedicaba a proveer a supermercados de masa congelada para pan y dulces, debe a la Seguridad Social 425.000 euros. Consiguió de Avalmadrid 2,3 millones de euros en seis avales financieros en 2009 y 2010. Su nombre aparece tanto en el informe de Forest Partners como en el del Banco de España. El primero determina que no se le debieron conceder los avales porque los tres años anteriores había incurrido en graves pérdidas, un total de 4,2 millones de euros desde 2006. En 2011 entró en concurso de acreedores.

Ha dejado a deber a Avalmadrid casi un millón de euros. Según el Banco de España, en el caso de Grupo Cercal, la sociedad de garantías madrileña no efectuó la revisión de riesgos en el plazo establecido, sus informes de seguimiento eran deficientes, no recogían información fundamental para determinar cuál era la capacidad de pago de la empresa, y cuando ésta no pagó, no aportaban información sobre las posibilidades de ejecutar las garantías.

6. Grupo Nupcial Novissima: 405.000 euros

Grupo Nupcial Novíssima SL debe 405.000 euros a la Seguridad Social. Le fueron concedidos cuatro avales financieros por valor de 1,7 millones de euros entre 1998 y 2008. Entró en concurso de acreedores en 2010 y adeuda a Avalmadrid 1,38 millones de euros.

Es otra de las empresas que estaban vinculadas a los gestores de la sociedad de garantías. En concreto, Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño, además de consejero de Avalmadrid, era director general de Capital Riesgo Madrid (CRM)Capital Riesgo Madrid (CRM), una sociedad de capital riesgo participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de la sociedad de garantía recíproca madrileña. CRM había adquirido el 20% del capital de Grupo Nupcial Novíssima SL. Para los analistas de Forest Partners, se trata de un conflicto de interés claro. Sobre todo, teniendo en cuenta que los avales no debieron concederse debido a la delicada situación financiera de la empresa y a la presentación de unos planes de negocio que el informe no duda en calificar de “poco creíbles”.

7. Grupo Bionostra: 190.000 euros

Grupo Bionostra SL mantiene una deuda con la Seguridad Social de 190.000 euros. Avalmadrid aprobó 18 operaciones para diferentes empresas del grupo, un total de 4,39 millones de euros entre 2008 y 2010. De esa cantidad, nunca recuperará 2,86 millones. Dedicada a vender sistemas de control y seguridad alimentaria, también contaba entre sus socios con la sociedad de Capital Riesgo de Madrid.

Además, apunta Forest Partners, Imade y la Comunidad de Madrid le “concedían subvenciones de forma continuada”. Así, Pedro Olabarría ocupó diferentes cargos en Bionostra, al igual que Alfonso Carcasona García –al tiempo consejero de Avalmadrid–. Además, en aquellos años, la Comunidad de Madrid participaba en la sociedad de garantías a través de Imade. Como en otras operaciones, en el caso de Bionostra, los avales fueron aprobados en contra de los informes de los analistas de riesgos, que destacaban las fuertes pérdidas del grupo y la falta de apoyo financiero. El Banco de España también incluye a Bionostra y a Grupo Nupcial Novíssima entre las operaciones con informes llenos de deficiencias.

8. Clalu Restauración: 109.000 euros

La deuda de Clalu Restauración SL con la Seguridad Social asciende a casi 109.000 euros. Le fueron otorgados tres avales entre 2008 y 2009 por importe de 1,21 millones de euros, de los cuales Avalmadrid nunca recuperará 862.092 euros. Según el Banco de España, ni se revisaron los riesgos en el plazo legal ni sus informes contenían la información necesaria para determinar si la empresa podía devolver el dinero o se le podían ejecutar las garantías.

9. Gold Bridge: 96.000 euros

En el caso de Gold Bridge SL, una empresa de alquiler de coches de gama alta a directivos, la Seguridad Social le reclama 96.000 euros. Avalmadrid le concedió tres avales por un total de 1,02 millones de euros entre 2009 y 2012. Forest Partners asegura que no se debieron aprobar las operaciones puesto que o no presentó un plan de negocio o los que proporcionó después no estaban suficientemente contrastados. Gold Bridge SL se declaró en concurso en 2014.

Debe a Avalmadrid 510.433 euros que no podrá cobrar. El informe apunta a la posible comisión de “actuaciones fraudulentas” por parte de la empresa: denunció a la Policía la desaparición de algunos de sus vehículos de lujo y una de sus naves sufrió un incendio que destruyó parte de los automóviles que poseía. “Demasiados eventos desafortunados”, sospechan los analistas.

10. Afianza Telecomunicaciones: 60.000 euros

Afianza Telecomunicaciones SL recibió un aval de 2,5 millones de euros en 2008, de los cuales aún adeuda 2,07 millones. A la Seguridad Social, además, le debe 60.000 euros.

El Banco de España la señala como una de las empresas a las que Avalmadrid no revisó el riesgo cada seis meses, como es su obligación con todos los avales que superan el millón de euros.

11. Accuore Inversiones: 34.000 euros

Accuore Inversiones SL debe 34.000 euros a la Seguridad Social. Recibió dos avales por un total de 600.000 euros en 2014 y 2015. No ha devuelto 294.000 euros. Uno de sus accionistas era Fernando Rodríguez Sousa, al mismo tiempo consejero de Avalmadrid en representación de la patronal CEIM.

Forest Partners indica que la operación carecía de reaval y que nunca se verificó el patrimonio personal de los avalistas solidarios.

12. The Tie Gallery: 27.000 euros

The Tie Gallery SL, una cadena de corbatas y complementos, recibió un aval de 100.000 euros en 2009. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo era su administrador único y propietario del 33% del capital. Otro 5% pertenecía a un hermano suyo. Rodríguez-Carmona presidía además la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y ejercía como vicepresidente de la patronal madrileña CEIM. No ha devuelto 35.000 euros tras entrar en concurso de acreedores en octubre de 2012. A la Seguridad Social le debe 27.000 euros.

Mención aparte del conflicto de intereses, el aval se aprobó pese a que la empresa llevaba tres años consecutivos en pérdidas, el plan de negocios presentado carecía de sustento y faltaba la firma de un segundo avalista que se le había requerido a la empresa.

13. Vipventa: 12.000 euros

Igualmente Vipventa SL, un outlet por internet de marcas de lujo, tenía un conflicto de interés por la presencia en su accionariado de una sociedad de capital riesgo, Inicap, donde participaba la Cámara de Comercio de Madrid, socio protector de Avalmadrid. Y Alfonso Carcasona García era consejero de la sociedad de garantías y de Möbis Corporate Venture Capital, la gestora de Inicap. A Vipventa se le concedieron tres avales financieros por valor de 1,55 millones de euros en 2008 y 2009, de los que adeuda 529.760 euros.

Según Forest Partners, se trata de operaciones de alto riesgo puesto que Vipventa sólo había generado pérdidas desde su creación. De hecho, se declaró en concurso de acreedores en junio de 2012 y fue liquidada en mayo de 2014. “El simple análisis de la situación financiera de Vipventa desaconsejaría la concesión de los avales”, concluye el informe. El tercero, en concreto, se aprobó sólo seis meses antes de que la empresa entrara en concurso. Debe a la Seguridad Social 12.000 euros.

En total, la negligente concesión y gestión del riesgo de estas 13 empresas le ha costado a Avalmadrid la pérdida de 13,42 millones de euros.