La Fundación Franco es legal pese a que su objetivo es “proyectar” el ideario del dictador “sobre el futuro” de España

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) afirma en sus estatutos que su objetivo es la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española". La organización franquista, constituida menos de un año después de la muerte de Franco y legalmente inscrita en el Registro de Fundaciones que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, añade en ese documento que busca "difundir el conocimiento" sobre la trayectoria del golpista y "exaltar su vida como modelo de virtudes".

De acuerdo con sus estatutos, a los que ha tenido acceso infoLibre, la organización mantiene esos objetivos pese a que la ley obliga a las fundaciones a defender fines "de interés general". La entidad presidida por Carmen Franco Polo se define como una "fundación cultural privada, de naturaleza benéfico-docente y dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco". En sus estatutos se marca como fines "promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Francisco Franco" y realizar "toda actividad que conduzca a enaltecer la figura de Franco y a preservar su legado".

La fundación declara que se dedica igualmente al "fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica" y a otras "actividades culturales". Ese último apartado se completa en el artículo 6.2 de sus estatutos, donde se expone un posible catálogo de actividades de la organización, tales como "establecer becas para estudiantes económicamente necesitados", "instituir premios e incentivos a la cultura", "proporcionar material de investigación y enseñanza" e "intensificar las relaciones culturales entre España y los demás países dentro de las líneas en que se ha inspirado la civilización católica española".

Al borde de la legalidad

La organización concebida para homenajear al dictador se sitúa, de este modo, al borde de los límites que marca la Ley 50/2002 de Fundaciones. El texto legal obliga a las fundaciones a "perseguir fines de interés general" y cita una serie de ejemplos. Entre otros, son fines legítimos de una fundación la "promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos", la "defensa de los derechos humanos", la de "las víctimas del terrorismo y actos violentos", el "fortalecimiento institucional" y el "fomento de la tolerancia".

La citada norma data de 2002 y es más específica en lo que respecta a los fines que deben tener las fundaciones que la ley previa, que había entrado en vigor en 1994. Aquel texto legal contemplaba como posibles fines de interés general de las fundaciones los vinculados a la "asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía o la investigación o de promoción del voluntariado", y evitaba las referencias a los valores democráticos o a las víctimas de actos violentos.

Lo que se ha mantenido invariable, tanto en la norma de 1994 como en la vigente de 2002, es la obligación de que cada una de las fundaciones "se ajuste a las prescripciones de la ley" si no quiere ver denegada su inscripción en el Registro de Fundaciones, un paso obligatorio para dotar de personalidad jurídica a este tipo de organizaciones. El mencionado registro, en el caso de las fundaciones de ámbito estatal como la Francisco Franco, depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La agrupación franquista lleva inscrita ininterrumpidamente desde el 11 de junio de 1977.

Preguntado por este particular, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Franco, Jaime Francisco Alonso García, afirmó a infoLibre: "No creo que incumplamos ninguna norma. Los estatutos fueron aprobados hace 35 años (...) y son tan democráticos como pueden ser los estatutos de cualquier otra fundación". Alonso agregó que no tiene constancia de que el Registro de Fundaciones o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte –del que depende– se hayan dirigido nunca a la FNFF para instar la modificación de ese documento o adaptarlo a la ley.

Actuaciones polémicas

Al margen de los fines que declara, la organización franquista se ha caracterizado por una serie de actuaciones polémicas. La última de ellas el pasado julio, cuando amenazó con demandar por daños al patrimonio español a los alcaldes y concejales que aprobaran, en cumplimiento de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, la retirada de símbolos de la dictadura. La FNFF tachó la norma de "revanchista" y exigió su derogación, así como "respeto" a los nombres de calles y monumentos que homenajean a cargos del régimen.

En 2012, la fundación presentó una denuncia contra el artista Eugenio Merino, al que acusó de "intromisión ilegítima en el honor" del dictador. El origen de la acción judicial tuvo origen en la escultura Always Franco, exhibida en la feria barcelonesa ARCO y en la que Francisco Franco aparecía en forma de guiñol en el interior de una máquina de refrescos. La demanda fue finalmente desestimada al entender la jueza que no implicaba daño alguno en la reputación de la fundación.

Ese mismo año causó revuelo el homenaje al dictador convocado por la organización bajo el lema "Francisco Franco: presente 120 años después". Inicialmente iba a tener lugar en el Palacio de Congresos de Madrid, lo que motivó protestas de partidos y otros colectivos al tratarse de un recinto propiedad de un organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Entonces fue convocado en un hotel, aunque finalmente el establecimiento canceló la reserva y el acto no llegó a celebrarse.

La fundación también denunció sin éxito, en 2005, la retirada de una estatua ecuestre de Franco situada en la Plaza de San Juan de la Cruz de Madrid. En la actualidad, según consta en su página web, la FNFF tiene tres proyectos en marcha: la mejora en la digitalización de su archivo, la ampliación de los fondos de su biblioteca y la edición de una colección de libros sobre "los diferentes campos que se crearon y mejoraron en los años de gobierno de Francisco Franco".

Además, tal y como publicó infoLibre, la FNFF lleva cinco años incumpliendo la ley al no publicar sus cuentas anuales. En la época en la que dejó de presentar esos datos, sus ingresos medios anuales rondaban los 118.000 euros. La organización recibió subvenciones públicas para uno de sus proyectos durante la segunda legislatura de José María Aznar. Durante el periodo 2000-2003 se embolsó casi 150.000 euros provenientes de las arcas del Estado.