Dos fundaciones cuya trayectoria las define como auténticos think tanks o laboratorios de ideas de la derecha acaparan desde 2015 la gestión de cinco de los ocho Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) financiados por la Comunidad de Madrid. A lo largo del lustro, sin sumar las subvenciones adicionales y contando el presupuesto para este año de 2020, esos contratos les han garantizado en total 6.651.804 euros según los datos oficiales a que ha tenido acceso infoLibre. Entre 2010 y 2014, ya habían obtenido por la gestión de otros CEPI 3,1 millones. Es decir, en la última década, las adjudicaciones en materia de inmigración les han reportado casi 10 millones de euros. Los contratos para atender los ocho CEPI actualmente abiertos expiraban a finales de 2017. Pero fueron prorrogados sin concurso por otros tres años. La única explicación facilitada por la Comunidad de Madrid es que el pliego de cláusulas administrativas permitía la prórroga.
La primera de esas dos fundaciones de estrecha conexión con el PP es, como adelantó eldiario.es, Humanismo y Democracia. Ahora rebautizada como Concordia y Libertad tras un proceso de reconversión auspiciado y encabezado por el líder del partido, Pablo Casado, la preside desde octubre de 2018 el diputado Adolfo Suárez Illana. En julio de 2019, infoLibre destapó que Suárez Illana había ocultado al Congreso su condición de administrador de una sociedad con intereses millonarios en Andorra.
El CIF de Concordia y Libertad –el código que en empresas y ONG opera como un DNI– sigue siendo el mismo aunque el PP la publicitó como de nueva creación. El nombre de Humanismo y Democracia, entidad mucho menos conocida que FAES, emergió durante la investigación judicial de los papeles de Bárcenas. En 2013, el entonces diputado del PP Eugenio Nasarre figuraba entre sus patronos. Y reconoció ante el juez que para nutrir sus cuentas había recibido del partido y en metálico dos pagos de 30.000 euros y 40.000 euros.
La segunda fundación, que en respuesta a las preguntas de infoLibre negó este miércoles vínculos con el PP, se llama Iberoamérica Europa (FIE-CIPIE). Presidida por Pablo Izquierdo, exdiputado y el primer jefe de prensa que tuvo José María Aznar, FIE-CIPIE es el socio español que participó en el nacimiento de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), el ariete ideológico de la derecha española, latinoamericana y en parte estadounidense. A su frente se sitúa Mario Vargas Llosa. Su última actuación conocida fue el lanzamiento de un manifiesto contra "el estatismo" durante la pandemia, como subraya una nota de prensa del PP. Entre los 150 firmantes, Aznar aparece en el segundo puesto de la lista. "A ambos lados del Atlántico –se lee en el texto– resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado".
Por el patronato de la Fundación Iberoamérica Europa, que llegó a tener como vicepresidenta en los años noventa a la hoy exalcaldesa Ana Botella, han desfilado otros antiguos parlamentarios y altos cargos del PP. Entre ellos, Alberto Gutiérrez Alberca, exsenador, actual concejal en Valladolid y que en junio dejó su cargo en la fundación "por motivos personales", asegura la portavoz de la entidad. También formaron parte del equipo rector el igualmente exsenador Joaquín Cotoner Goyoneche, y José Manuel Peñalosa, que tuvo acta en las dos Cámaras. En agosto de 2004 trascendió que Ana Botella, entonces concejal de Empleo de Madrid, subvencionó con 300.000 euros a la fundación cuya vicepresidencia había ostentado. A día de hoy, la vicepresidencia recae sobre el abogado Gregorio Fraile. Según la portavoz de la FIE-CIPIE, la entidad "no tiene ningún vínculo jurídico ni ideológico con partido político alguno. Cualquier vinculación política de miembros del patronato forma parte de su libre decisión y en absoluto vincula a la fundación".
Con una plantilla de 25 personas según sus propios datos, FIE-CIPIE asegura que atendió en Madrid a 27.013 personas en 2019. La memoria anual de 2018, la última disponible en su web, detalla cuántas delegaciones mantiene abiertas: la central, en Madrid; una en Valladolid, otra en Valencia, una tercera en Cáceres y la cuarta, en Sevilla. Y fuera de España trabaja en Rosario (Argentina), Santiago (Chile) y en Ciudad de Panamá. Adicionalmente, la fundación es propietaria del digital eldiarioexterior.com, dirigido por Pablo Izquierdo y con más lectores fuera de España que dentro, según su propia información. Según sus cuentas, solo le cuesta 20.000 euros al año que obtiene de fondos propios. Este periódico no ha podido conocer la cuantía de sus ingresos publicitarios.
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Los tres CEPI que gestiona en la Comunidad de Madrid FIE-CIPIE se ubican fuera de la capital: en Leganés, Alcalá de Henares y Collado Villalba. La gestión de esos tres centros le reportará durante el trienio de prórroga 2.082.793 euros.
Humanismo y Democracia o Concordia y Libertad gestiona los CEPI localizados en el municipio San Sebastián de los Reyes, a escasos kilómetros del norte de la capital, y en el barrio de Usera. En total, gestionar ambos centros durante el trienio de prórroga le supondrá un ingreso de 1.435.661 euros.
Los otros tres CEPI que completan el directorio de centros para inmigrantes están gestionados, igualmente en prórroga, por las ONG Asociación La Rueca, Cesal y la Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay España.
Dos fundaciones cuya trayectoria las define como auténticos think tanks o laboratorios de ideas de la derecha acaparan desde 2015 la gestión de cinco de los ocho Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) financiados por la Comunidad de Madrid. A lo largo del lustro, sin sumar las subvenciones adicionales y contando el presupuesto para este año de 2020, esos contratos les han garantizado en total 6.651.804 euros según los datos oficiales a que ha tenido acceso infoLibre. Entre 2010 y 2014, ya habían obtenido por la gestión de otros CEPI 3,1 millones. Es decir, en la última década, las adjudicaciones en materia de inmigración les han reportado casi 10 millones de euros. Los contratos para atender los ocho CEPI actualmente abiertos expiraban a finales de 2017. Pero fueron prorrogados sin concurso por otros tres años. La única explicación facilitada por la Comunidad de Madrid es que el pliego de cláusulas administrativas permitía la prórroga.