El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que dio pie al inicio de la legislatura incluye todos los asuntos sobre los que las dos formaciones fueron capaces de ponerse de acuerdo. Todo lo demás, especialmente lo imprevisible, dejó un amplio margen para la discrepancia que socialistas y morados pactaron resolver de la manera más amigable posible y sin poner en peligro el recorrido de la legislatura.
Eso es, exactamente, lo que acaba de pasar con la confirmación de que Caixabank y Bankia están negociando su fusión en una sola entidad financiera que pasará a ser la más grande del país. Porque aunque el acuerdo de Gobierno de la coalición no dice nada sobre entidades financieras, fusiones y mucho menos sobre la devolución del dinero del rescate a la banca, este asunto sí ha formado parte de las propuestas de las dos formaciones durante los últimos años, aunque en el caso del PSOE desapareció del programa electoral con el que se presentó a las elecciones del pasado noviembre.
Ya al comienzo de la legislatura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro a su vicepresidente, Pablo Iglesias, su voluntad de salir de Bankia en cuanto las condiciones del mercado lo hiciesen posible —el Estado está en el capital de esta entidad desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a inyectar en ella más 20.000 millones—. Así lo han reiterado desde entonces tanto la ministra de Economía, Nadia Calviño, como la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Calviño siempre ha dicho que la privatización de Bankia, entidad en la que el Estado posee una participación superior al 61%, se realizaría en el momento en que más se pueda maximizar el rendimiento. “No se trata de correr, sino de tomar la decisión adecuada”, indicó hace pocos meses en rueda de prensa desde la Moncloa. Es “una herencia de la crisis”, señaló entonces, y la posición del Ejecutivo es “proteger el interés general maximizando las ayudas públicas que se invirtieron”.
Por el contrario, Unidas Podemos siempre ha defendido conservar Bankia, ya que las circunstancias la pusieron en manos del Estado, y hacer de ella una poderosa herramienta financiera de titularidad pública. Así lo defendía en el programa electoral con el que a su vez se presentó a las elecciones de noviembre.
Pero en las negociaciones para el acuerdo de coalición no consiguió introducir esta propuesta. En febrero, poco antes de que la pandemia lo cambiara todo, el propio Iglesias parecía haberse resignado. Lo contó él mismo en una entrevista en La Sexta: “Sánchez y yo estamos de acuerdo en que tiene que haber una banca pública y pensamos que quizá el ICO debe ser la banca pública que necesita España”, reveló en respuesta a una pregunta sobre si Bankia debía ser banca pública o privatizarse.
La referencia del líder de Unidas Podemos al ICO no es casual. El programa electoral del PSOE incluye una sola mención a la banca pública que encaja con esta propuesta: crear “una entidad pública para la financiación de la transformación digital y de la transición ecológica que integre entidades ya existentes”. El de los morados era mucho más explícito: “Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender, no sólo en cuanto a la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Partiendo de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA)”.
El programa electoral de Unidas Podemos, no obstante, iba mucho más lejos, y proponía “impedir la inminente privatización de Bankia, después de que los españoles y las españolas nos hayamos gastado 60.000 millones de euros en el rescate bancario”.
Este rescate, señalaban los morados, concentró el 70% del mercado en cinco entidades y dejó Bankia en manos de los ciudadanos, así que “al menos debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social”. Como primer paso, el programa de UP proponía elegir “por tres quintos del Congreso una nueva Presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país”.
Lo que el PSOE aprobó
La paradoja es que, no hace tanto tiempo, el PSOE defendía tesis muy parecidas. De hecho, alguna de ellas todavía está en vigor, como la resolución del 39º Congreso de partido que desde 2017 afirma la necesidad de “garantizar el crédito en la economía española. Si no lo remediamos avanzaremos hacia un sistema de fuerte concentración bancaria. Es necesario revertir esa tendencia, como garantía de una economía productiva que disponga de recursos de inversión y crédito, mediante la creación de un sector de Banca Pública, dirigida a garantizar el crédito para inversiones a largo plazo, y otro de Banca Cooperativa y Social”.
En esa línea, el Congreso socialista del 2017 —el último celebrado— propuso “crear, en el marco del ICO o de la pluralidad bancaria que se impulse, una institución bancaria dedicada en exclusiva a prestar a largo plazo, propiciando la creación de un parque estable de viviendas de alquiler, explorando como vía adicional de financiación las líneas que el Banco Europeo de Inversiones destina a la promoción de viviendas de alquiler social”.
Entonces, antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez mantenía una posición más combativa con la banca que le llevó, incluso, a proponer en enero de 2018 la aprobación de un impuesto a las entidades financieras en compensación por el rescate. “La clase trabajadora ha pagado 77.000 millones de euros para rescatar a la banca; la banca tiene que rescatar parte de las pensiones de este país”, defendía entonces. Los trabajadores tienen que movilizarse para defender el “patrimonio que es el Estado de bienestar”. “Nos tenemos que movilizar. Lo que hemos conseguido en estos 40 años nos lo están quitando”. Faltaban cuatro meses para la moción de censura que cambió el curso de la legislatura.
Si las negociaciones entre Bankia y Caixabank prosperan, el Gobierno perderá el control de Bankia y pasará a controlar el 14% de la entidad resultante. La parte socialista del Gobierno evitó opinar este viernes sobre la fusión, aunque difícilmente se puede llevar a cabo sin el visto bueno de Calviño, pero Unidas Podemos sí hizo constar su discrepancia.
El encargado de hacerlo fue el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que estos días es además el responsable de armar, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el borrador presupuestario que el Gobierno negociará después con los grupos políticos en el Congreso. Lo hizo a través de una anotación en Twitter en la que calificó de “preocupante” la posibilidad de que la fusión llegue a buen término.
La fusión con Caixabank deja la recuperación de los 24.000 millones del rescate público a Bankia en manos de un mercado en horas bajas
Alvarez recordó que de la última crisis se salió “con una importante concentración bancaria”, así que “no es una buena noticia para la competencia del mercado, ni para la propia estabilidad del sector financiero, seguir profundizando en su oligopolización”.
“La crisis anterior nos enseñó que tener entidades financieras 'demasiado grandes para quebrar' (too big to fail) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector: comportamientos de riesgo moral, de captura institucional…” Sin olvidar que las fusiones suelen tener además “importantes implicaciones sobre las plantillas laborales de las empresas. No es este precisamente un buen momento para posibles despidos de trabajadores, en un contexto de alto desempleo”, añadió.
El secretario de Estado, pieza clave de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, aseguró también que “impulsar la modernización del tejido productivo español requiere desarrollar una banca pública eficiente, como por ejemplo tiene Alemania”. Y Bankia “puede ser el embrión para ello. Por tanto”, concluyó, “el Estado no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad”. “El Estado invirtió 24.000 millones en sanear Bankia y por tanto debe proteger a los contribuyentes, que rescataron con sus impuestos la entidad. Las ayudas públicas deben servir para atender necesidades económicas generales y no para mejorar la rentabilidad de otras entidades”.
El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que dio pie al inicio de la legislatura incluye todos los asuntos sobre los que las dos formaciones fueron capaces de ponerse de acuerdo. Todo lo demás, especialmente lo imprevisible, dejó un amplio margen para la discrepancia que socialistas y morados pactaron resolver de la manera más amigable posible y sin poner en peligro el recorrido de la legislatura.