El blindaje político que gracias a su aforamiento como senadora ha mantenido a Rita Barberá a salvo de una imputación por blanqueo en la Operación Taula, donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP en Valencia, podría estar acercándose a su fin.
Desde el lunes, dos hechos en principio inconexos han ensombrecido el futuro de quien durante 24 años gobernó la ciudad de Valencia y fue uno de los grandes iconos del PP.
El primero de esos dos hechos, en orden cronológico pero también de relevancia política según fuentes conocedoras del caso, tuvo lugar el lunes: la gerente provincial del PP valenciano, única de los imputados cuya defensa paga el partido, ofreció ese día ante el juez su versión sobre la cuenta opaca municipal que centra la investigación. Y esa versión fue radicalmente opuesta a la del equipo de Barberá.
El segundo hecho ha sido el monumental enfado publicitado ayer por quien durante años fue mano derecha de la actual senadora: su antiguo vicealcalde, Alfonso Grau, no comprende por qué a él lo acaban de imputar por presunto delito electoral perpetrado en 2011 mientras que quien era su jefa sigue aforada y en espera de que el Supremo resuelva sobre su porvenir.
Fuentes jurídicas explicaron a infoLibre que el juez observa indicios de que Grau autorizó gastos electorales en la campaña municipal de 2011 con cargo a la cuenta opaca del PP municipal y lo cita a declarar para el día 19. De los 10 ediles que configuran el actual grupo del PP en el consistorio valenciano, nueve están imputados en la causa. O investigados según la nueva terminología legal. Grau ya no forma parte de él.
Procesado en el caso Urdangarin y ya imputado por cohecho (soborno) por la supuesta recepción de regalos pagados por un adjudicatario municipal, Grau es el marido de la también exconcejal María José Alcón. Y Alcón es aquella a la que la Policía cazó por teléfono explicando cómo el PP tenía "mucho dinero negro" procedente de donaciones ilegales y otras corrupciones y cómo hacía para blanquearlo.
La pregunta cuya respuesta permanece todavía como una incógnita es la de si Grau, ahora abiertamente enfrentado a Barberá, ofrecerá un relato que la perjudique. En abril, el exvicelalcalde se reunió con Anticorrupción para, según lo que trascendió entonces, mostrar su voluntad de colaborar. Finalmente, no hubo tal colaboración.
Pero, aun tratándose la de Grau de una brecha visible y de gran poder simbólico, lo sucedido el lunes presenta todavía más visos de relevancia política. Porque ante el juez que investiga la Operación Taula, la gerente provincial del PP valenciano, Montserrat Tello, negó todo conocimiento de la cuenta opaca municipal que, presuntamente, el equipo de Barberá utilizó para recibir donaciones ilegales, blanquearlas y afrontar gastos electorales en 2011 y 2015.
Defendida por el bufete Baker&Mckenzie, el único cuya minuta sufraga el partido según fuentes jurídicas, letrados presentes en el interrogatorio aseguran que la declaración de Tello constituyó una verdadera enmienda a la totalidad de la que acababa de prestar la antigua secretaria del grupo municipal y persona de confianza de Barberá, Mari Carmen García-Fuster.
Si García-Fuster aseguró que el partido conocía al detalle todos los gastos electorales por cuanto el grupo municipal remitía cada mes las facturas correspondientes y efectuaba una transferencia desde la controvertida cuenta opaca, Tello sostuvo justamente lo contrario: nunca supo nada de esa cuenta.
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¿Podía haber alegado que no recibió las facturas mencionadas por Fuster pero que eso no descartaba que su afirmación fuese cierta? Las fuentes consultadas aseguran que perfectamente esa podría haber sido su línea de defensa. Y agregan que el hecho de que Tello optase por la negativa tajante apunta a que el PP dejará caer a Rita Barberá en cuanto lo considere oportuno.
Senadora por designación de las Cortes valencianas desde el verano de 2015, Barberá se encuentra ahora en espera de que el Supremo decida sobre la petición cursada en julio por la Fiscalía para abrir causa contra ella.
Pero si el PP no incluye ahora su nombre entre el de los senadores que a partir del día 13 formarán la Diputación Permanente del Senado, Barberá perderá su aforamiento. Y el juez que investiga el caso en Valencia, que fue el que en abril pidió al Supremo que se pronunciara sobre Barberá al enviarle lo que se conoce como una exposición razonada, podrá darle el mismo tratamiento que a los otros 47 imputados.
El blindaje político que gracias a su aforamiento como senadora ha mantenido a Rita Barberá a salvo de una imputación por blanqueo en la Operación Taula, donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP en Valencia, podría estar acercándose a su fin.