Corrupción política
Una Sala de mayoría conservadora designó a Conde-Pumpido instructor de la causa contra Rita Barberá
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, compuesta de forma mayoritaria por magistrados conservadores, ha elegido por turno al ex fiscal general del Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, como instructor del caso que investiga a la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá por un presunto blanqueo de capitales al abonar 1.000 euros de forma irregular al partido en la capital valenciana.
Una suma, que según el juez que instruye el caso en la Comunidad Valenciana, Víctor Gómez, le habría sido devuelta en dos billetes de 500 euros, unos hechos que ha negado la senadora del PP.
El importe total que el Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia habría blanqueado con este método, que los investigadores policiales denominan pitufeo, podría superar los 200.000 euros. Una cantidad que fue ingresada en efectivo en una cuenta del Banco Sabadell que llevaba "personalmente" la investigada María del Carmen García Fuster, que era la secretaria del grupo municipal del PP presidido por Rita Barberá.
Manuel Marchena Gómez
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el conservador Manuel Marchena Gómez, que accedió al puesto en una pugna con el propio Conde-Pumpido, se ha acogido al criterio del Ministerio Público, que en julio pasado solicitó por escrito al alto tribunal que investigara a Barberá y nombrara a un magistrado instructor. Así, la Sala designó este martes a Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado en el anterior Gobierno socialista, una elección que ha causado malestar en sectores del PP.
Fuentes del Supremo han explicado a este diario que la decisión de que Conde-Pumpido se encargue de la investigación se produce tras observar un riguroso turno en el reparto de los casos.
En concreto, el pasado viernes la Sala designó al magistrado más nuevo de la misma, el expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Pablo Llarena, como instructor del caso contra la exalcaldesa de Santoña y ya exdiputada del PSOE María del Puerto Gallego, que renunció a su acta de parlamentaria del Parlamento de Cantabria tras ser investigada por un delito de prevaricación.
El más antiguo
Y por eso el siguiente caso que ha tenido que asignarse a un magistrado de la Sala, que ha sido el de Barberá, correspondía según los criterios establecidos al magistrado más antiguo, que en este caso es Conde-Pumpido.
Este es el motivo que impide, según explican las fuentes consultadas por infoLibre, que prospere una eventual renuncia del ex fiscal general del Estado o una recusación por parte de Rita Barberá.
En concreto, la ley establece que los magistrados deben renunciar a investigar los casos en los que pudieran haber tenido algún tipo de contacto anterior. Y eso ha obligado a Conde-Pumpido a abstenerse en los casos en los que tuvo conocimiento como fiscal general del Estado, como por ejemplo ocurrió en los casos de los ERE del PSOE andaluz y en GürtelGürtel.
Una investigación reciente
Pero la investigación sobre la exalcaldesa de Valencia se ha iniciado de forma reciente, y no bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que hace difícil que prospere una eventual recusación contra Conde-Pumpido.
La ley tampoco permite la renuncia de los magistrados por el mero hecho de que tengan que investigar a los partidos políticos del Gobierno que le nombró o de la oposición. Sólo apunta su renuncia en el caso de que la investigación se centrara en algún integrante del Gobierno del que hubiera formado parte el magistrado. Como ejemplo, Conde-Pumpido ha sido el ponente de la sentencia que condenó a cuatro años y medio de prisión a la exalcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez.
No hay enemistad manifiesta
Por eso, la única base legal para que hubiera una hipotética renuncia por parte de Conde-Pumpido o que prosperara su recusación, apuntan las fuentes del Supremo, sería la existencia de una "enemistad manifiesta", una posibilidad que fuentes del Supremo rechazan de plano.
Tras recibir la documentación del caso, el instructor deberá llamar a declarar como investigada a Rita BarberáRita Barberá, con la finalidad de que explique su participación en los hechos, que según el juez de Valencia serían constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
Pero si la exalcaldesa de Valencia opta por dimitir ante las presiones de sectores del PP, el caso volvería de forma inmediata al Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que se encarga de investigar los casos Imelsa y Taula, en el que está imputado el PP como persona jurídica.
Sustituida en el Senado
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Tras conocerse el martes por la mañana la decisión del Supremo, la senadora Rita Barberá fue sustituida por dos compañeros del PP en las comisiones del Senado constituidas, y en las que es vocal.
La senadora comunicó al Grupo Parlamentario Popular, según informa Europa Press, que no iba a asistir a la constitución de la Comisión Constitucional ni a la de Economía, las dos en las que su partido la ha situado como vocal y que son las mismas en las que ya participó en la pasada legislatura.
Barberá explicó a la dirección del Grupo que quería estudiar el auto del Supremo y, según fuentes de su partido, no llegó a emprender viaje a Madrid desde Valencia. A las cuatro de la tarde, confirmada su ausencia, fue sustituida por el senador zamorano Dionisio García Carnero en la Comisión Constitucional y por el salmantino Gonzalo Robles en la de Economía.
