¿Ha sido esta última la semana de nuestras vidas en que más hemos visto, leído y escuchado sobre macrogranjas? Probablemente sí. Y, sin embargo, sigue siendo una actividad poco conocida en su parte empresarial. El dinero a veces elige discreción.
Si hablamos de electricidad y preguntamos quién gana el dinero, de inmediato alguien dirá: "Endesa". O: "Iberdrola". Pero, ¿qué empresas se vienen a la cabeza si alguien dice macrogranja? Es menos automático.
Una de las razones es que los principales beneficiarios del sistema de macrogranjas no tienen por qué ser sus explotadores directos, a menudo ganaderos locales poco boyantes, sino unas empresas llamadas "integradoras" en posición de poder.
Una prospección en el mundo de las macrogranjas, etiqueta oficiosa con la que ningún empresario se identifica y que no implica ninguna ilegalidad, nos lleva a dos grandes grupos, uno de Murcia y uno de Lleida, que facturan entre ambos más de 4.000 millones. Nos lleva también a uno de los proveedores de Mercadona. Y a una cooperativa navarra. Y más.
Cinco nombres: Grupo Fuertes, Incarlopsa, Grupo Sanchiz, Grupo Vall Companys, Valle de Odieta.
Faltan nombres, por supuesto. Y seguirían faltando aunque en vez de este puñado de nombres hubiera el triple. Es más, los conocedores del sector advierten: cuestionar las macrogranjas es cuestionar buena parte del modelo de negocio de la alimentación. Pero los que aparecen en este artículo –con actividades de diferente escala y naturaleza– permiten identificar quién está detrás de algunas de las actividades empresariales que más polvareda política, mediática y social han levantado.
¿Qué es una macrogranja?
El término macrogranja, referido a una granja intensiva de escala industrial, no es un concepto legalmente delimitado. Además, no va sólo de números. También es clave si hay un aprovechamiento de prados o pastos, lo cual es propio de la ganadería extensiva, considerada más sostenible, coinciden los especialistas en el sector.
No obstante, es posible encontrar números para orientarse. Greenpeace y Ecologistas en Acción han utilizado como frontera de la macrogranja porcina los 2.000 animales. La explicación de este límite puede encontrarse en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes, una base oficial en la que están obligadas a figurar las explotaciones: 1) porcinas con 2.000 plazas o más para cerdos de 30 kilos como mínimo; 2) porcinas con 750 plazas o más para cerdas reproductoras (madres); y 3) avícolas con 40.000 plazas o más para gallinas ponedoras.
Del tipo 1 (2.000 cerdos) hay 2.445 instalaciones activas; del tipo 2 (750 madres) hay 854; del tipo 3 (40.000 gallinas) hay 547. En total, son 3.767 instalaciones que podríamos llamar macrogranjas siguiendo este criterio. El número no coincide con la suma de los tipos 1, 2 y 3 porque hay granjas en las que, por ejemplo, puede haber aves y cerdos.
¿Son estas todas las posibles macrogranjas? No. Quedan fuera las explotaciones vacunas de carne y leche. Precisamente el Gobierno trabaja en un decreto para fijar un límite para el bovino en 850 unidades de ganado mayor (UGM), que equivalen a 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo. Efe, utilizando sus propios criterios a partir de datos de distintas ramas ganaderas, estima el número de macrogranjas en 7.000.
En el sector empresarial, descrito por un directivo como "opaco por razones históricas, por alejado de la ciudad y de los centros de poder", hay voces que cuestionan el etiquetado mediático y político de la macrogranja. "Es injusto. En primer lugar, porque no se tiene en cuenta el espacio. Si la granja es pequeña, mil animales ya pueden ser muchos. Si es grande, puede haber muchos más sin problema. Lo importante son las condiciones en que están", señala una fuente empresarial.
Un campeón del sector
Lo indudable es que hay instalaciones señaladas como macrogranjas por las entidades críticas con la ganadería intensiva. En el punto de mira está el Grupo Fuertes, el holding con sede en Alhama de Murcia que tiene en El Pozo su joya de la corona. La facturación del grupo en 2020 alcanzó los 1.900 millones de euros. Palabras mayores. No en vano, El Pozo es la primera empresa del ranking de facturación de El Economista en el sector cárnico.
El grupo, capitaneado por su presidente, el murciano Tomás Fuertes (1940), ha sido objeto de una ofensiva de Greenpeace, que acusa a una de las empresas, Cefusa, la responsable de la cría y engorde de cerdo para El Pozo, de explotar dos macrogranjas especialmente contaminantes: una en Hellín (Albacete) y otra en Castilléjar (Granada).
Greenpeace aseguró en 2019 que las balsas donde se acumulaban los excrementos en Hellín miden como más de 120 piscinas olímpicas y que los doce núcleos del complejo suman capacidad para 150.000 animales.
Ahora mismo hay otra campaña social contra un nuevo proyecto de Cefusa. Stop Ganadería Industrial y la Plataforma Salvemos el Monte Arabí se oponen a una macrogranja en tramitación en Montealegre del Castillo (Albacete).
En marzo de 2021 se produjo incluso una declaración institucional contra este proyecto en la Asamblea de Murcia –iría cerca de Yecla–, en defensa del enclave histórico, cultural y medioambiental amenazado.
En el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes aparecen un total de 27 granjas de Cefusa en Granada, Toledo, Murcia y Albacete. El Grupo Fuertes, en respuesta a preguntas de este periódico [ver aquí y aquí], recalca que las 27 granjas figuran en el registro precisamente por la obligación que impone tener "autorización ambiental integrada".
En cualquier caso, que Cefusa explote directamente la granja es la excepción, no la norma. La empresa trabaja con 400 granjas externas en régimen de "integración", principalmente de cebo "y de diversos tamaños", explica el grupo.
La empresa, que defiende su "compromiso absoluto con la seguridad alimentaria, el bienestar animal, el medio ambiente y el futuro del medio rural", lamenta –sin mencionar a Greenpeace– los "ataques ilegales" a sus granjas.
Fuertes se desmarca de las macrogranjas, una etiqueta que ahora mismo quema. Su respuesta a este periódico defiende que las granjas porcinas intensivas pueden tener hasta 6.000 plazas, más otras 1.200 plazas si así lo considera la comunidad autónoma, apoyándose en un decreto de 2020 que, sin hablar de macrogranjas, establece tres grupos de granjas por capacidad productiva. Fuertes se atiene a que siempre cumple los límites legales.
En torno a un matadero
Icpor rechaza que tenga macrogranjas con argumentos similares a los de Fuertes [ver aquí]. Pero ello no impide que tanto esta compañía como Incarlopsa, su matriz, estén entre las principales señaladas como beneficiarias del sistema.
¿Sistema? Sí, se trata de un sistema. Y los que lo conocen utilizan una palabra para describirlo: "integración". Icpor frece unos rasgos idóneos para explicarlo, ya que se trata de una empresa "integradora". Este tipo de sociedad se caracteriza por aportar los animales, la alimentación, la asistencia veterinaria y la comercialización, mientras el granjero –normalmente un empresario más modesto– pone las instalaciones y la mano de obra. Ambas partes firman un contrato. Una de las posibilidades es que el granjero cobre un fijo por cabeza y un porcentaje de los beneficios. Según las explicaciones recabadas, es el granjero el que se encarga de la gestión de los desechos.
Inmaculada Lozano, portavoz de Stop Ganadería Industrial, y un portavoz de Plataforma Pueblos Vivos Cuenca comparten el rechazo a este modelo por el incentivo al colosalismo que supone y por el coste ambiental. Al mismo tiempo, ambos ven la lógica económica subyacente. "La macrogranja puede ser de un ganadero que, en el traspaso generacional, ve que no puede competir en precios y toma la decisión de integrarse en una empresa mayor", explica Lozano. Pueblos Vivos Cuenca pone el énfasis en el dominio total de las integradoras: "El ganadero es el que asume los costes de la macrogranja de cebo, el equipamiento y los purines, mientras la integradora se queda con lo único que interesa, la carne. El que gestiona el marrón, nunca mejor dicho, es el promotor local, y digo promotor y no ganadero porque esto es más industria que ganadería". Luis Ferreirim, especialista en macrogranjas de Greenpeace, afirma que el sistema de "integración" está "muy extendido" en el porcino español, lo cual "dificulta la transparencia".
Veamos el caso de Icpor, con sede corporativa en Tarancón (Cuenca) y delegaciones en Soria y Salamanca. La empresa, con una facturación en 2020 de casi 111 millones, tiene en marcha proyectos de integración en Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, La Rioja y Navarra. Caja Rural de Soria da créditos preferenciales para proyectos de integración con Icpor. Liberbank tiene un convenio firmado con Icpor para financiar a las empresas que se integren en Castilla La Mancha. Icpor asegura que garantiza unos ingresos mínimos anuales a sus ganaderos al margen de las fluctuaciones del mercado.
En el origen de Icpor hay una empresa aún más potente: Incarlopsa. Su cifra de negocio de 2020 superó los 880 millones. El nombre completo es Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA y pertenece a las cuatro ramas familiares de los hermanos Loriente Piqueras. Hace ya casi una década, Incarlopsa constituyó Icpor al 50% con otra sociedad (Copiso), precisamente con el objetivo de promover granjas o llegar a acuerdos con ganaderos, como publicó El País en 2019 en un artículo sobre el interés del capital chino por Incarlopsa en una etapa de fuerte ascenso.
La actividad de Incarlopsa conduce nada menos que a Mercadona, de la que es una de las proveedoras de carne. De hecho, Incarlopsa llegó a crear en 2001 una sociedad conjunta con la empresa de Juan Roig. El año anterior Incarlopsa había facturado 117,68 millones, lejos de los 880 de ahora. Va como un tiro. ABC, en un artículo sobre la bonanza de la empresa, afirmaba que es "líder nacional en jamón y salchichas de Frankfurt". Una alegría para la familia Loriente, que tiene al frente al presidente de Incarlopsa, Emilio Loriente Piqueras.
Al tiempo que iba incrementando sus beneficios, Incarlopsa se ha ido convirtiendo en centro de la diana de las críticas al sistema de macrogranjas. Una petición en Change.org ha reunido cerca de 8.000 firmas contra un proyecto de macrogranja atribuido a Incarlopsa en Zarzuela (Cuenca). La plataforma Pueblos Vivos Cuenca ha achacado a Incarlopsa el boom de macrogranjas en la provincia. "Como integradora, trabaja con numerosas explotaciones de cebo en Cuenca para engordar los cerdos para su matadero", explica Lozano (Stop Ganadería Industrial).
El matadero está en Tarancón. Y es el epicentro de la actividad. En junio de 2017 inauguró sus nuevas instalaciones, tras una inversión próxima a los 40 millones. Los planes eran matar 11.000 cerdos al día. Para eso, claro, hacen falta cerdos. Es decir, granjas. Lo explicaba tras la inauguración de las nuevas instalaciones Clemente Loriente, en calidad de consejero delegado. El objetivo era "tener entre un millón y millón y medio de cerdos alrededor del matadero". "Hay que hacer muchas granjas", declaró a la Ser.
Así lo ven los críticos: "En Cuenca tenemos la mala suerte de que el proveedor de jamón de Mercadona está en Tarancón. Ese es el problema. Claro, su propósito es tener las granjas de cebo lo más cerca posible de su matadero. Así que desde 2017 han proliferado sin parar en cien kilómetros a la redonda", explica el portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, que ha elaborado incluso un mapa de granjas –no necesariamente macrogranjas– en la provincia. Afirma también que el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes no ofrece una imagen fiel y que hay muchas granjas que deberían estar recogidas por número de cabezas o contaminación y no lo están.
Mercadona, a través de un portavoz, relativiza la importancia de su relación con Incarlopsa, "una de las 100 empresas que tenemos de proveedores cárnicos". infoLibre preguntó a Mercadona si tenía constancia de que Incarlopsa fuese una integradora de macrogranjas y si tenía alguna política sobre este tema, por ejemplo excluyendo el trabajo con instalaciones a partir de una cantidad de animales. No hubo respuesta en este punto.
Ni Icpor ni Incarlopsa respondieron a las reiteradas solicitudes de este periódico.
Batalla en un pueblo de Albacete
El Grupo Sanchiz es un conglomerado familiar de servicios para la explotación de ganado que suma una veintena de sociedades. Fundado en 2002 en Chinchilla (Albacete) por Ignacio Sanchiz y Vicente Sanchiz, actualmente está incorporada la segunda generación, con Leticia Sanchiz como directora general. Con sede en Godella (Valencia), el grupo tiene otras líneas de negocio como administración de empresas, servicios de ingeniería, gestión forestal y renovables.
Sobresale su actividad agrícola, con la producción de 322.000 cerdos al año en cuatro centros. Una de sus explotaciones ha puesto a Sanchiz en el punto de mira: Granja de Ves, que inició su actividad en 2008 en Balsa de Ves (Albacete), con una producción de unos 100.000 lechones/año.
Se trata de un proyecto con contestación social. "Lo que empezó siendo una granjita de madres lo han ido ampliando con modificaciones no sustanciales y ahora es un monstruo", afirma Lozano (Stop Macrogranjas).
Protesta también –y enérgicamente– la alcaldesa de Balsa de Ves, Natividad Pérez (PSOE), que lamenta la desmesura alcanzada por la instalación a través de modificaciones no sustanciales sin evaluación de impacto medioambiental. La regidora concentra su queja en la contaminación. "Hay una planta de biogás que en principio iba a mezclar 18.000 toneladas de purines con 3.500 toneladas de restos hortofrutícolas para generar electricidad. El problema es que vieron que era negocio. Así que, cuanta más mierda traen, más energía venden", explica. El problema es el residuo resultante –digestato– y la contaminación del agua y suelo. Todo ello junto al mal olor. Pérez se ríe de los debates sobre si algo así puede considerarse o no macrogranja. "¿100.000 cerdos al año te parecen pocos o muchos?", pregunta.
infoLibre trató insistentemente de contactar con Grupo Sanchiz, por teléfono y correo. La solicitud llegó a la dirección, pero no hubo respuesta.
Los hermanos del Grupo Vall
Ecologistas en Acción destaca al Grupo Vall Companys en el el sistema de macrogranjas integradas junto a Icpor y Cefusa. El grupo ecologista en Burgos le dio incluso el llamado "premio Atila" –una especie de antipremio– "por estar detrás de muchos proyectos de instalaciones ganaderas industriales o macrogranjas".
¿Qué es Vall Companys? Es un grupo familiar de ganadería intensiva, controlado por los tres hermanos Vall Esquerda. Su discreción contrasta con sus números: 42 empresas agrupadas y una facturación de 2.188 millones en 2020.
Con base en Lleida, está expandido por buena parte de España. No tiene granjas propias, pero a través de externos alcanza una producción anual de 5 millones de cerdos y 83 millones de pollos. En total trabaja con 2.300 granjas asociadas de porcino y avícola. Otra vez, el modelo de integración.
¿Tiene alguna política de limitación de tamaño de las granjas? "El tamaño lo deciden los ganaderos cuando las construyen. Si nos piden asesoría buscamos cuadras con múltiplos de 500 animales, pues nos permiten hacer crianzas de cerditos de un solo origen (granja de maternidad), que [...] es lo mejor para mantener los animales sanos. La media de plazas [de cerdos] de las granjas con las que colaboramos son 2.000", explica un portavoz, que destaca que el grupo tiene una "granja piloto", la llamada "5.0", que gracias a la digitalización, el IoT y el big data permite recoger datos ambientales, de consumo hídrico y de pienso que "permiten controlar y evaluar el estado de nuestros animales".
Valle de Odieta
"Ni en Caparroso, ni en Noviercas, ni en ninguna parte. ¡Macrogranjas no!", proclamaba en febrero de 2021 Greenpeace. ¿A qué macrogranjas se refería?
Los datos que prueban que las macrogranjas de carne son una amenaza para una ganadería sostenible
A una que ya es una realidad en Caparroso (Navarra) y a otra que puede serlo en Noviercas (Soria). Ambas son de vacuno de leche. Y detrás de ambas está Valle de Odieta, que según Diario de Navarra vende su leche a la cooperativa Saiona, de donde pasa a la distribución. Greenpeace afirma que en Caparroso hay 5.000 vacas. La propia compañía las ha cifrado en 5.200 adultas, más 2.800 terneros en unas instalaciones de cerca de 500.000 metros cuadrados (Diario de Navarra). En Noviercas los planes son para 23.520 vacas, según Greenpeace. "Sería la [granja] más grande [de vacuno de leche] de Europa", sostiene la ONG en una campaña de recogida de firmas.
Valle de Odieta es una cooperativa con inicio de actividad en 1950 en Caparroso. Su director gerente es Alberto Guerendiáin, segunda generación familiar. La cooperativa tiene puestas ahora sus miras en Novierca, donde trata de dar impulso a un proyecto que está encontrando resistencia social y administrativa. Lo hace con el anuncio de la construcción de 50 casas para trabajadores de la futura vaquería. La empresa rechaza participar en este artículo. "Hemos decidido mantenernos al margen del debate abierto por el ministro Garzón", señala un portavoz autorizado, que recalca que la empresa ha sido objeto de 20 denuncias en cuatro años y sólo una vez ha sido sancionada con una sanción "leve" por un tribunal "por una obra menor".
En 2016 Eroski anunció que la cooperativa Saiona, a la que vende Valle de Odieta, produciría leche marca Eroski. infoLibre preguntó a Eroski si vende leche producida en la macrogranja de Valle de Odieta en Caparroso. Sin respuesta.
¿Ha sido esta última la semana de nuestras vidas en que más hemos visto, leído y escuchado sobre macrogranjas? Probablemente sí. Y, sin embargo, sigue siendo una actividad poco conocida en su parte empresarial. El dinero a veces elige discreción.