Gas Natural suspende su proyecto de almacén en Doñana por falta de permisos

Gas Natural ha suspendido su proyecto de almacenamiento de gas en Doñana, informa la compañía a infoLibre. La paralización se produjo en diciembre y no hay una fecha establecida para retomar los trabajos, según la empresa. El motivo es la falta de permisos y autorizaciones para continuar con el proyecto, tanto de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Energía del Gobierno de España (PP). El principal escollo se encuentra en la Consejería de Medio Ambiente, que se opone a la concesión de autorización ambiental a la parte de los trabajos que entra en el espacio natural de Doñana. La imposibilidad de la compañía de continuar con los trabajos deja en el aire el futuro del proyecto, con una inversión global de 200 millones de euros, que ha levantado una inmensa polvareda y política y social, cosechando un rechazo frontal de grupos ecologistas. La compañía mantiene su confianza en obtener los permisos y tiene abierta una reclamación contra la Junta de Andalucía.

Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural-Fenosa, comenzó el verano pasado los trabajos pese a no contar con todos los permisos para su finalización, como adelantó este medio. Sus planes eran que, mientras avanzaban los trabajos en la fase para la que sí contaba con autorizaciones, se tramitasen los permisos para aquellas otras para las que no disponía de las mismas. No ha sido así. Gas Natural terminó el pasado 29 de diciembre la primera de las cuatro fases del proyecto, conocida como Marismas Occidental. Las demás fases –Saladillo, Aznalcázar y Marismas Oriental– no han llegado a comenzar y no hay fecha prevista para que lo hagan, informa la compañía, que subraya que dicha situación no obedece a su voluntad, sino a la imposibilidad de hacerlo por falta de autorizaciones.

¿En qué consiste el proyecto de Gas Natural? La compañía pretende la extracción del gas natural que queda en el subsuelo de la zona y posteriormente la utilización de estos yacimientos para almacenar su propio gas (previa inyección del mismo por parte de Enagás). Es decir, se trata de la conversión de un yacimiento natural en un yacimiento industrial, aprovechando la estanqueidad del subsuelo por su sellado geológico de millones de años de antigüedad. Ello requiere un red de gasoductos de 72 kilómetros que se adentra en el Espacio Natural de Doñana (no en el Parque Nacional). No todos los kilómetros serían nuevos. 13 ya existen y se mantendrían igual, según la compañía. 37, de la infraestructura actual, tendrían que ser renovados. 22 serían de trazado nuevo. El diámetro del gasoducto es de 15 centímetros.

Gas Natural lleva extrayendo gas del entorno de Doñana desde hace casi 30 años, sin que se conozcan accidentes relevantes. Pero inyectar gas es un salto cualitativo en su actividad industrial, que implica una mayor posibilidad –no la certeza– de que se produzcan alteraciones sísmicas o fugas. Los ecologistas alertan con el antecedente del caso del proyecto Castor, que llegó a provocar terremotos. Gas Natural esgrime un informe realizado por Seismik que concluye que "el riesgo de sismicidad inducida no supera al de sismicidad natural". La compañía asegura que desde 2005 ha realizado pruebas de inyección de gas sin incidentes. Y recalca que los 750 metros de roca impermeable sobre el gasoducto neutralizan el riesgo de fuga.

Las obras ya realizadas, las que concluyeron a finales de diciembre, han consistido en la sustitución de 5 kilómetros de gasoducto y en la restitución de los terrenos intervenidos, según la compañía, que asegura que en los trabajos se han realizado tomas de 180 muestras del acuífero, lo que permitirá "mejorar la caracterización geológica del mismo". Durante los trabajos, asegura Gas Natural, no se ha producido "ninguna afección al entorno". Una vez completada esta primera fase, la compañía tuvo que parar, si bien ni Gas Natural ni las administraciones informaron de dicha suspensión.

El proyecto Marismas es administrativamente complejo. Para facilitar su tramitación, que comenzó en 2006, el proyecto fue dividido en cuatro partes: Marismas Occidental –que es la fase que ha concluido–, Aznalcázar, Saladillo y Marismas Oriental. Las dos primeras no invaden el espacio natural. Las dos últimas sí. La compañía tiene la autorización estatal –la llamada "Declaración de Impacto Ambiental" favorable del Ministerio de Medio Ambiente– para los cuatro subproyectos, que han sido evaluados aisladamente y no conjuntamente. Pero la Consejería de Medio Ambiente sólo ha dado luz verde a dos de ellos, Marismas Occidental y Aznalcázar. La autorización ambiental autonómica ha sido denegada a Marismas Oriental por invadir el espacio natural, confirma la Consejería de Medio Ambiente, que considera que los cuatro subproyectos deberían haber sido evaluados medioambientalmente de forma conjunta. En cuanto a Saladillo, no necesita la autorización de la Junta por un formalismo legal –es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental–, pero en cualquier caso carece del preceptivo permiso del Espacio Natural de Doñana.

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Además el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sólo ha autorizado el proyecto Marismas Occidental, informa dicho departamento. Los proyectos Aznalcázar y Saladillo "se encuentran en tramitación", señala el ministerio, que aclara que "en el caso de Aznalcázar son necesarias actuaciones adicionales previas a la autorización, en su caso, del proyecto". Añade el ministerio: "En cuanto a Saladillo, la empresa aún no ha obtenido algunas de las autorizaciones necesarias para poder operar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, especialmente la necesaria por su implantación parcial en el Parque Natural de Doñana". Estas últimas autorizaciones estarán sujetas a los condicionantes que determina un decreto andaluz de 2016 que amplía el ámbito territorial del Parque Natural. Es decir, el proyecto de Gas Natural está empantanado.

El conflicto alrededor del proyecto podría acabar dirimido en los tribunales. Gas Natural mantiene una reclamación patrimonial de 358,7 millones de euros contra la Junta de Andalucía, por considerar que ha cambiado su posición a lo largo de su tramitación. Tanto la compañía como la Consejería de Medio Ambiente señalan que la cuestión aún no ha sido resuelta por los tribunales, sin más detalle.

El proyecto de almacenamiento de gas en Doñana se ha convertido en objeto de críticas y protestas no sólo de grupos ecologistas como WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otros, sino también de grupos políticos como Podemos e IU. El nivel de alerta medioambiental en Doñana ha crecido en los últimos años por fenómenos como la sequía, el cambio climático, la sobreexplotación del acuífero y los incendios, lo que ha extremado la presión social y política contra proyectos industriales en en la joya natural andaluza. La suspensión del proyecto gasístico no guarda relación con el incendio que acaba de arrasar más de 8.000 hectáreas en Doñana.