España empleó el año pasado el equivalente al 6,3% de su riqueza nacional en sufragar la sanidad pública, un porcentaje que es el más más bajo de los últimos nueve años y que está por debajo del 6,8% del PIB consagrado en 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de gasto social. Este nivel de inversión es apenas dos terceras partes del registrado en Alemania (9,6%), Francia (9,5%) o países nórdicos como Suecia (9,1%) o Noruega (8,8%) y relega a España a la decimoséptima posición de las principales economías del mundo en lo que a gasto sanitario público se refiere, tal y como muestran las últimas estadísticas publicadas por la OCDE.
Además, los datos certifican que aunque el sector público, financiado a través de los impuestos, sigue siendo la principal fuente de los recursos dedicados a la salud, el gasto privado directo de los usuarios ha aumentado durante los años de la crisis. El año pasado se situó en el 2,6% del PIB, cuatro décimas por encima del porcentaje registrado en 2009, algo que los expertos consultados por infoLibre atribuyen precisamente al "debilitamiento" de la sanidad pública, con las listas de espera como gran indicador, y a reformas legislativas como la introducción del copago farmacéutico para los pensionistas, que hasta 2012 sólo habían contribuido a pagar los medicamentos con sus impuestos.
David Cantarero, profesor de Economía de la Universidad de Cantabria y vicepresidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), considera que la reducción del gasto del sector público no tiene que ver con una mayor eficiencia, como sería deseable, sino con la consolidación de una tendencia de reducción de la inversión que es "preocupante" en sí misma pero que es más grave, si cabe, teniendo en cuenta que se produce en un contexto de aumento de la longevidad y de la esperanza de vida, lo que incrementa el número de pacientes pluripatológicos, es decir, que tienen varias enfermedades.
Con este escenario, no resulta sorprendente que se estén encendiendo algunos indicadores de alarma. Los representantes sindicales y de colectivos de defensa de la sanidad pública citan especialmente el aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o derivaciones al especialista, así como la pérdida de calidad asistencial en los centros de atención primaria, como grandes secuelas de esta consolidación del gasto sanitario público a la baja. Ambas realidades vienen motivadas por la mayor carga de trabajo de sus profesionales, sometidos a peores condiciones laborales y una mayor presión asistencial, según explica Antonio Cabrera, administrativo en el Hospital Carlos Haya de Málaga y secretario general de la federación de Sanidad de CCOO.
Gracia Álvarez, enfermera y secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, recuerda que en la atención primaria, un servicio muy relevante por su carácter de entrada al sistema sanitario, el presupuesto se ha reducido un 11,6% entre 2009 y 2016: de 10.775 a 9.530 millones de euros, un total de 1.245 millones menos. Álvarez insiste en que el trabajo en los centros de salud es clave para la atención a la cronicidad precisamente en un momento en el que la prevalencia de dolencias crónicas como la hipertensión, la diabetes o el colesterol elevado se ha disparado en España como consecuencia del envejecimiento de la población y factores de riesgo como la obesidad.
"Una buena atención primaria es indispensable para hacer políticas de prevención ante los factores de riesgo –mala alimentación, tabaquismo...– causantes del repunte de esas dolencias crónicas, pero también para tener muy controlados trastornos que, descompensados, son susceptibles de causar dolencias circulatorias muy graves como infartos o ictus", explica Álvarez. Respecto a las listas de espera, los últimos datos disponibles, de diciembre de 2017, reflejaron que los ciudadanos residentes en España tenían que aguardar, de media, 106 días para operarse en la sanidad pública, 14 días más que un año antes. Y que 592.175 personas estaban esperando por una intervención.
Además de los elementos citados, Cabrera, de CCOO, alude a la falta de inversión en tecnología médica y advierte de que equipos como ecógrafos, resonancias magnéticas o sistemas de monitorización corren el riesgo de quedarse anticuados, al tiempo que llama la atención sobre el deterioro de las instalaciones sanitarias (hospitales, centros de salud, consultorios...) por la falta de mantenimiento como otros de los ámbitos en los que más se están notando la consolidación de estos recortes.
Álvarez, por su parte, hace referencia a la llamativa la merma en los presupuestos que han sufrido y sufren los servicios de salud pública, cuyos fondos han caído un 34,7% entre 2009 y 2016: de 1.158 millones de euros anuales a 756. Es decir, 402 millones de euros menos. En esta partida se incluye la vigilancia epidemiológica, las campañas de sensibilización ciudadana para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, áreas que también resultan clave para la "sostenibilidad del sistema a largo plazo".
Gasto privado
La desescalada sube la presión sobre una atención primaria al límite de sus fuerzas
En palabras de Cantarero son precisamente las "necesidades insatisfechas" en la atención sanitaria, por ejemplo, en términos de listas de espera, las que inducen al incremento del gasto directo de los usuarios. Claro está, de los pacientes que por su nivel de ingresos se lo pueden permitir, con las lógicas consecuencias que esta deriva tiene en términos de equidad, tal y como advierte el doctor jubilado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FADSP), que insiste en la gran "desigualdad" que genera "trasladar gasto público al privado".
Como propuestas para revertir esta tendencia, en la Asociación de Economía de la Salud apuestan por incrementar la coordinación entre comunidades o que los Presupuestos Generales del Estado contengan fondos finalistas que las autonomías tengan que dedicar obligatoriamente a ciertas cuestiones del ámbito sanitario, para paliar también las grandes desigualdades territoriales que existen actualmente en España. Por ejemplo, Navarra destina por habitante un 48% más de dinero que Andalucía. Sánchez Bayle, por su parte, insiste en la necesidad de llevar el gasto sanitario público al 7% del PIB a medio plazo.
Los representantes sindicales esperan la llamada de la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, a la que pretenden transmitir que el principal problema del Sistema Nacional de Salud es su "infrafinanciación". El anterior Gobierno del PP se había comprometido con Bruselas a ir reduciendo de manera progresiva el porcentaje de riqueza nacional dedicado a sanidad, al menos, hasta 2021. En 2018 estaba previsto llegar al 5,9% del PIB. Ahora le toca mover ficha al nuevo Ejecutivo y decidir si cambia estas previsiones.
España empleó el año pasado el equivalente al 6,3% de su riqueza nacional en sufragar la sanidad pública, un porcentaje que es el más más bajo de los últimos nueve años y que está por debajo del 6,8% del PIB consagrado en 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de gasto social. Este nivel de inversión es apenas dos terceras partes del registrado en Alemania (9,6%), Francia (9,5%) o países nórdicos como Suecia (9,1%) o Noruega (8,8%) y relega a España a la decimoséptima posición de las principales economías del mundo en lo que a gasto sanitario público se refiere, tal y como muestran las últimas estadísticas publicadas por la OCDE.